El miércoles habrá veredicto en el caso “Black And White”

Semana clave en el juicio por trata de personas

21/09/2015
E
l primer juicio por trata de personas realizado en Tierra del Fuego y que generará un antecedente de peso para otras causas similares en la jurisdicción, se definirá el miércoles de esta semana cuando vuelve a constituirse el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia.
El caso denominado “Black And White” investiga el accionar de una supuesta banda de tratantes liderada por el propietario del conocido local nocturno de Ushuaia, Víctor Morales, y por otras cinco personas, varias de ellas integrantes de su propio clan familiar.
El juicio pasó a un cuarto intermedio el sábado 12 de septiembre, luego de que se escucharon los alegatos de la Fiscalía y de la Defensa de los acusados, y se reanudará el miércoles a las 11 para escuchar las últimas palabras de los imputados.
Los jueces Luis Giménez, Ana María D`alessio y  Alejandro Ruggero se retirarán luego del recinto de audiencias, ubicado en la calle Rivadavia, casi San Martín, y volverán a constituirse para dar a conocer un veredicto.
El fiscal general del distrito, Adrián García Lois, solicitó una condena de siete años de prisión para Morales, y de cinco años para Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma.
Todos están acusados del delito de trata de personas agravada por haberse cometido con la participación de más de tres personas y contra más de tres víctimas.
La Fiscalía consideró en su alegato que Morales y su entorno captaron al menos 17 mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, entre 2010 y 2012, las transportaron a Ushuaia, y luego las sometieron a un sistema de explotación sexual aunque las propias mujeres no lo reconocieran de este modo.
En cambio la defensa de los implicados, ejercida por el abogado Raúl Paderne, mostró durante el proceso una doble estrategia. Por una parte negó la existencia del delito de trata, sobre la base de que las mujeres viajaron a Ushuaia por decisión propia y sabiendo que venían a desempeñarse en un cabaret, e incluso a ejercer la prostitución. En ese sentido, expuso que Morales actuó dentro del margen de las leyes vigentes, y llevando adelante una actividad lícita.
Por otra parte, un punto clave de la defensa fue el planteo de distintas nulidades y supuestas irregularidades durante el procedimiento judicial.
Paderne llegó a recusar a los jueces con el fundamento de que se habían dirigido a una mujer que declaró en el juicio (y que fue rescatada de Black And White) como “víctima” y no como “testigo”. El juicio estuvo suspendido a raíz de esa presentación, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el rechazo de la recusación y las audiencias se reanudaron.
El abogado defensor dejó planteada una supuesta nulidad de esa decisión, ya que considera que nunca fue notificado de cómo se integraría el tribunal chubutense que decidió sobre la recusación.
Pero ese no fue el único cuestionamiento de la defensa. También observó que durante el alegato de la Fiscalía, se acusó a sus clientes del delito de explotación de la prostitución, una figura que no había sido incluida en el requerimiento fiscal de elevación a juicio.
Según Paderne, de esta forma se le impidió a su parte ejercer la defensa de sus asistidos en relación a ese nuevo delito, por lo que corresponde dictar la nulidad de la acusación.
El Ministerio Público Fiscal replicó en la última jornada del juicio, que las acusaciones se realizan “sobre hechos y no sobre calificaciones legales”, y argumentó que estas últimas pueden variar hasta el momento del alegato.
El Tribunal Federal tendrá que pronunciarse sobre ese planteo antes de que el juicio continúe, y aún ante la negativa de los jueces, la cuestión podrá ser retomada luego, ante los organismos judiciales superiores.
El caso es seguido de cerca por organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, que no sólo requieren una condena para los acusados, sino que se han pronunciado por una postura “abolicionista” que se opone a considerar al ejercicio de la prostitución como una actividad laboral más.

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