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l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó ayer a penas de prisión en suspenso y en dos casos efectiva, a 28 de los 34 gremialistas docentes y camioneros acusados del ataque y toma de la casa de gobierno de la provincia, ocurrido en mayo de 2013 durante un conflicto salarial.
Si bien ninguno irá preso, ya que incluso los dos que recibieron pena de cárcel tienen posibilidad de apelar el fallo, los condenados a prisión en suspenso deberán cumplir tareas comunitarias, consistente en la limpieza de veredas con hielo en invierno y jardines o patios de edificios públicos en el verano (ver recuadro aparte).
Los sindicalistas fueron hallados “penalmente responsables” de delitos como “atentado contra la autoridad, lesiones leves y graves y daño agravado”, tras demostrarse que ingresaron por la fuerza al edificio gubernamental, produciendo destrozos en las instalaciones y el mobiliario, y lesionando (en dos casos de gravedad) a 19 de los policías que custodiaban el lugar.
La lectura del veredicto se produjo en medio de un clima de tensión por las manifestaciones de integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y de Camioneros, que se realizaron en el exterior de la sala de audiencias, aunque sin que se registraran incidentes de ningún tipo.
Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Guillermo González y Maximiliano García Arpón condenaron a 4 años de prisión efectiva al camionero Leonado Alexis Ríos, imputado de lesionar al policía Javier Pérez Soriano, golpeándolo con una madera en la cabeza y produciéndole lesiones permanentes que aún le impiden reincorporarse al servicio activo.
A su vez, el tribunal condenó a 2 años de prisión en suspenso, reglas de conducta y las costas del proceso, al secretario general del SUTEF, Horacio Catena, y a 1 año y 8 meses de prisión al docente Héctor Horacio Muñoz, en ambos casos por las lesiones graves sufridas por el policía Jonathan Nicolás Dutra.
Por este hecho también recibieron una condena de 1 año y 6 meses de prisión los docentes Alejandro Daniel Gómez, Gastón Héctor Luis Benítez y Juan Beltrán Ferreyra, y los camioneros Ramón Martín Giménez, Víctor Hugo Zuñiga Pérez y Néstor Fabián Tavi (este último de cumplimiento efectivo porque fue declarado reincidente).
Por su parte, el veredicto también dispuso penas de 1 año y 3 meses de prisión para 2 de los gremialistas y de 1 año de prisión para otros 14 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de camioneros, Daniel Capdevila.
Además, tres sindicalistas recibieron condenas de 8 meses de prisión en suspenso y otro, Ricardo Silva, fue declarado en rebeldía por no presentarse al juicio.
El tribunal coincidió con la solicitud de los fiscales Guillermo Massimi y Daniel Curtale y absolvió de culpa y cargo a los gremialistas Gabriel Maciel, Christian Schack, Marcos Ferreyra, Juan Carlos Mallón y Raúl Arce, ex secretario general del SUTEF en el momento del conflicto, mientras que también se produjeron otras siete absoluciones parciales.
La causa judicial investigó lo sucedido a partir del 23 de mayo de 2013, cuando una manifestación SUTEF que reclamaba por aumentos salariales, con el apoyo del gremio de camioneros, irrumpió en la Casa de Gobierno fueguina tras enfrentarse con la policía que custodiaba el lugar, y luego tomó el control de las instalaciones completas durante una semana.
Las principales pruebas valoradas por los jueces fueron horas filmaciones de medios periodísticos, pero también realizadas por las propias fuerzas de seguridad, que permitió la identificación de los agresores.
Tareas comunitarias para gremialistas
A limpiar el hielo de las veredas
El veredicto dictado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia dispone que los 26 gremialistas docentes y camioneros condenados a penas de prisión en suspenso, incluido el actual secretario general del SUTEF, Horacio Catena, deberán someterse a reglas de conducta y realizar tareas comunitarias.
El fallo indica que deberán “comunicar (a la Justicia) cualquier cambio de residencia” y “abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas”.
Pero, además, tendrán que “realizar tareas no remuneradas de limpieza de hielo y nieve en las veredas, durante la época invernal, y de limpieza o arreglo de patios o jardines durante el resto del año, una vez por semana y dos horas por cada día, en los establecimientos públicos de las ciudades de Ushuaia y Río Grande según su lugar de residencia”. |
Declaraciones de dirigentes del SUTEF y Camioneros
Los gremios repudiaron el fallo y anunciaron que apelarán
Dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina y del gremio de camioneros repudiaron ayer la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia contra 28 de los 34 gremialistas acusados del ataque y la toma de la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, en mayo de 2013.
Los sindicalistas encuadraron el fallo dentro de un proceso de “criminalización de la protestas social” en la provincia, y embistieron contra el Poder Judicial y también contra la administración de la actual gobernadora Fabiana Ríos.
La sentencia fue catalogada como “una vergüenza” por el ex secretario general del SUTEF, Raúl Arce, uno de los imputados en el proceso que resultó absuelto.
“Es una barbaridad pero la lucha de los trabajadores no termina con este fallo. Nuestra respuesta no será la resignación”, aseveró Arce a la salida de Tribunales, en diálogo con la prensa.
Por su parte, el actual secretario general del sindicato docente, Horacio Catena, condenado a dos años de prisión en suspenso por los delitos de “atentado contra la autoridad y lesiones graves”, dijo que el veredicto “no nos sorprende, ni a nosotros ni a nadie que haya estado en este juicio”.
Catena también sostuvo que la condena “debe servir de ejemplo al grueso de la población”, y explicó que “el solo hecho del proceso que se llevó a cabo representó para nosotros una condena”.
En tanto, el secretario de prensa del gremio de Camioneros, Guillermo Vargas, afirmó que “así funciona la Justicia de Tierra del Fuego, condenado a personas sin pruebas. Es una vergüenza”.
A su vez, el abogado del SUTEF, Juan Sánchez Otharán, consideró que “desde antes del inicio del juicio sabíamos que iba a terminar en una condena”, aunque confirmó que presentarán recursos de casación contra la sentencia, ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
El fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, quien propició condenas similares a las aplicadas ayer por el Tribunal, prefirió no hacer declaraciones tras la finalización del proceso. |
