Punto de Vista

Barajar y dar de nuevo

10/03/2016
P
or Gabriel Ramonet
Efectivamente. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Dejar de lado los presupuestos inválidos, que repetimos aquí porque transferimos sin pensar la realidad de otros lugares del país.
Los empleados públicos no son ni “el pueblo”, ni “la gente”, ni “el conjunto de los trabajadores”, ni “el conjunto de la sociedad”, “ni el grupo social más vulnerable” ni “el hilo que se corta por lo más delgado”.
Los empleados estatales constituyen, apenas, un sector de la economía activa de la provincia, que por su número de integrantes posee gran relevancia en el ranking de prestación de empleo. Y cuyas tareas tienen una enorme repercusión en la prestación de servicios básicos, como la salud, la educación, la seguridad o la justicia.
Pero en términos de derechos laborales, este segmento de trabajadores goza de una serie de beneficios que lo colocan por encima de otras franjas de habitantes de la provincia mucho más desprotegidas y, peor aún, con mucho menor poder de reacción.
Los estatales tienen, en su inmensa mayoría, estabilidad laboral, vacaciones de invierno y de verano, días para hacer trámites, días por estudio, licencias deportivas, por enfermedad de familiares o propias, breves o de largo tratamiento, acceso a créditos, jornadas de trabajo acotadas y protección sindical.
En casos minoritarios, aunque considerables, acceden a pasajes aéreos para viajar al norte con su familia, se reparten un porcentaje de las ganancias del organismo donde trabajan, cobran plus vacacional, adicionales especiales, tienen franco el día del cumpleaños y derecho a ser sucedidos por sus hijos cuando se jubilan.
“El pueblo”, “la gente” y “el conjunto de la sociedad” también son los empleados fabriles que tienen que pedir permiso para ir al baño cuando abandonan las líneas de producción, o que sufren lesiones musculares o articulares por la repetición de movimientos a lo largo de meses o de años.
Trabajadores también son los obreros de la construcción que manipulan cemento a la intemperie y levantan techos o paredes cuando hay temperatura bajo cero, o los empleados de comercio que hacen horario cortado y trabajan los sábados, o los carteros que esquivan a diario jaurías de perros, o los taxistas que ganan de acuerdo a los viajes que realicen, o las mucamas de un hotel que tienen francos de vez en cuando, o los administrativos de empresas que ganan lo mismo que en Buenos Aires.
“Vulnerables” son los que ni siquiera tienen empleo fijo, hacen changas, trabajan por su cuenta, venden productos por la calle, cortan el pasto, pican hielo o pierden la posibilidad de entrar a un trabajo por los lugares que siguen ocupando los jubilados estatales de 45 o de 50 años.
El “hilo más delgado de la sociedad” son los invisibles, los que no tienen sindicatos que los banquen ni permisos gremiales ni ningún oído de una autoridad que los escuche.
Esos son los que debe defender el Estado en todas sus formas, los que merecen que se agiten banderas ideológicas, los que tienen que estar “adentro de los números”.
Esos. Los “don nadies” del sistema. Los pobres de verdad. Los que no dejan las camionetas en la esquina para marchar en la otra cuadra. Los que no están en la playa cuando se aprueban las leyes “de ajuste”. Los que la pasan mal en serio.
Hay que repartir de nuevo las cartas. Estoy de acuerdo.
Hay que terminar con las desigualdades dentro del propio Estado. No puede ganar más un municipal que trabaja en la intendencia que un empleado con la misma función en Casa de Gobierno. Un trabajador del Concejo Deliberante que otro de la Legislatura. Los organismos autárquicos no son cotos de privilegios, no son feudos inexpugnables. Si quieren combatir la desigualdad, empiecen por los más desiguales.
Hay que repensar todo. Desde el principio. Tienen razón.
No es lo mismo un pensionado RUPE, un empleado de la categoría mínima, alguien que hace guardias en el hospital, que un director que cobra 70 mil pesos por mes, un ex funcionario jubilado o un ex juez con cinco años de aportes al sistema previsional.
Pero todos piden la derogación de las mismas leyes de emergencia.
Un error del paquete de reforma jubilatoria, puede haber sido abarcar más que su propia razón de ser. Porque eso permitió discutir “ajuste” en lugar de “privilegios”. Mezcló a mendigos con terratenientes, sin que nadie se pusiera colorado.
Si el ex juez Tomás Hutchinson se apareciera en una de las marchas de estos días, es posible que algunos le gritaran “viva el doctor”.
Porque una característica del conflicto estatal que nos aqueja, es la falta de discernimiento. La mezcla de todo. Nadie es capaz de admitir que la reforma jubilatoria es necesaria, o que el Fondo Solidario es discutible, o que las pensiones no deberían haber ni figurado en el debate o que, sobre todo, la ausencia de acciones llevaría al quebranto liso y llano, ya no del IPAUSS, sino de la provincia completa.
Barajemos y demos de nuevo. Perfecto.
Pero también controlemos al que da las cartas. Porque pareciera que algunos, siempre reciben las mismas. Y otros nunca ligan nada.


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