a Justicia Federal de Ushuaia consideró que era responsabilidad de la Gendarmería Nacional, y eventualmente del poder político, proceder al desalojo de la Ruta Nacional Nº3, que estuvo cortada en el ingreso a la ciudad durante once días por un grupo de sindicatos estatales que reclaman la derogación del paquete de leyes previsionales.
De esta forma, los funcionarios judiciales delimitaron su competencia en el caso, y desligaron en resortes ajenos a ese poder, el cumplimiento de una orden de desalojo vigente, emanada del propio juzgado, pero que en la práctica nunca se cumplió.
Fuentes judiciales relataron del siguiente modo el cuadro de situación vigente hasta ayer, y que comenzó a gestarse cuando los manifestantes trasladaron las medidas de fuerza por el conflicto previsional desde la Casa de Gobierno a la única vía de conexión terrestre entre la ciudad y el resto del país.
El tránsito por la ruta fue interrumpido primero de manera parcial, a partir del martes 15 de marzo, por un grupo de estatales que permitía el paso de los vehículos cada 15 minutos.
No obstante, esa misma jornada, el juez Federal Federico Calvete dispuso las primeras medidas de oficio, tras los informes realizados por efectivos de Gendarmería que daban cuenta del corte y de su origen y condiciones.
Ese mismo día, Calvete dispuso la orden de desalojo para “interrumpir la comisión del delito”, consistente en “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, según reprime el artículo 194 de Código Penal con penas de hasta dos años de prisión.
La manda judicial no se cumplió, a pesar de que la situación empeoró el jueves 17, cuando los gremios decidieron profundizar la medida y realizar un corte total del camino, con levantamientos esporádicos de una hora, entre una y dos veces por día.
Calvete reaccionó al empeoramiento utilizando una sus facultades legales, y decidió desligar la investigación en el Ministerio Público, a cargo del fiscal Juan Soria, que comenzó a intervenir en el expediente.
Soria se reunió con el comandante del Escuadrón 44º de Gendarmería en Ushuaia, Rodolfo Villafañe, quien le manifestó que no contaba ni con los efectivos ni con la logística para llevar a cabo el operativo de desalojo.
Ante esa respuesta, el fiscal dirigió un oficio a la Dirección Nacional de Gendarmería, solicitando el despliegue de efectivos y equipamiento para cumplir con la orden que, por entonces, llevaba cuatro días sin concretarse.
Las respuestas a esa comunicación fueron informales pero inequívocas: no habrá desplazamiento de uniformados ni de logística, hasta tanto no exista una orden expresa del Ministerio del Interior, motorizada por el más alto poder político de la provincia.
También recomendaron agotar la vía de las “negociaciones” y “persuadir” a los manifestantes de que depongan su actitud.
Negociación frustrada
Otro intento de la “política de persuasión” de la Justicia fracasó el martes pasado, cuando efectivos de Gendarmería acudieron al piquete a notificar a los estatales acerca de la comisión del delito, y a solicitarles, como gesto de buena voluntad, que liberaran uno de los carriles de circulación.
Según las fuentes, la idea fue que “tomaran conciencia” de lo que estaban haciendo, y que, en caso de aceptar el pedido, pudieran mejorar la situación procesal en la causa donde se los investiga por el corte.
No obstante, los manifestantes escucharon a los gendarmes y en una asamblea posterior resolvieron desoír el pedido y continuar con la medida en las mismas condiciones.
“Nuestra tarea es investigar los delitos, identificar a los responsables y juzgarlos. Hacer cesar con la comisión de un ilícito es función de las fuerzas preventoras”, explicaron a este medio las fuentes judiciales consultadas.
El último intento de persuadir a los manifestantes ocurrió el fin de semana largo, cuando el propio fiscal “ad hoc” acudió al sitio del corte y trató de convencer a los dirigentes estatales, quienes conversaron largo rato pero volvieron mantener firme la protesta.
Desde esa perspectiva, el accionar judicial se limitó a esperar que el Ministerio del Interior, por decisión política del Gobierno Nacional o a requerimiento de las autoridades provinciales, movilizara los gendarmes a Tierra del Fuego.
Finalmente, el devenir de los acontecimientos hizo que los sindicatos se retiraran del lugar por propia iniciativa, dejando abstracta una orden judicial que, igual que la máxima colonial, se acató pero no se cumplió nunca.
