Punto de vista

¿Y por qué no hablan de corrupción?

04/04/2016
L

a lista de beneficiarios de los créditos Prodefu, otorgados por la gestión del ex gobernador José Estabillo a allegados a su gobierno, en su inmensa mayoría, para cuestiones ajenas a la realización de proyectos productivos.
La escandalosa licitación del Puerto de Río Grande, inconcluso hasta la actualidad, cuyo contrato fue variando mágicamente desde la adjudicación original, siempre en favor de la empresa adjudicada.
Los dictámenes de la Fiscalía de Estado sobre las múltiples irregularidades cometidas en la constitución y fallida puesta en marcha de la empresa Hidrocarburos Fueguinos SA (Hifusa), el proyecto mopofista para destilar combustibles en la Isla del que sólo queda el curioso recuerdo del nombre de la marca “Pinguin Oil”.
El fallo judicial de la jueza María Cristina Barrionuevo que procesó a los directores del Banco de Tierra del Fuego por otorgar préstamos “a los amigos del poder”, base del primer quebranto del BTF ya que, para esos créditos, se utilizaron buena parte de los 208 millones de dólares que tenía depositados en el banco, lo que hoy conocemos como IPAUSS.
El grupo de jueces que redactó un proyecto de ley de jubilación anticipada, para luego beneficiarse con él, en la primera parte de la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti.
La negociación entre el poder político y judicial de la misma época, incluyendo el rol clave que cumplió el ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, hoy principal jubilado del IPAUSS.
La complicidad de la Justicia Adicta con el poder político: los jueces que se jubilaron dos veces, o se arrepintieron de jubilarse, o cobraban jubilaciones de privilegio otorgadas en otras provincias.
La trama política bajo la que se constituyó el Poder Judicial fueguino, con gran cantidad de magistrados oriundos de Salta, con antecedentes de corrupción y otras maravillas.
Los desmanejos del ex abogado de Carlos Menem, Ricardo Klass, como jefe del Poder Judicial fueguino; el abogado vinculado a la mafia brasileña que fue elegido juez de Cámara, y la manera en que decenas de jueces llegaron a sus cargos en virtud de pactos ocultos y vinculaciones políticas.
El “caso Glisud”, uno de los mayores escándalos de corrupción de la vida política fueguina: una empresa fantasma creada durante el manfredottismo para quedarse con las propiedades de deudores del Banco de Tierra del Fuego. Es decir, el mismo banco que el Mopof fundió por darles créditos a los amigos, luego fue usado por la gestión del PJ para estatizar la deuda y hacer negocios con el organismo que debía recuperar parte de los dineros sustraídos al IPAUSS.
El “escándalo de la contabilidad paralela”, que fue el modo cómo la gestión manfredottista se las arregló para sustraer millones de pesos del Estado que no quedaban registrados en ningún sistema informático oficial.
El “escándalo de las Letras de Tesorería”, la modalidad usada durante el gobierno del ex gobernador Hugo Cóccaro para apropiarse de fondos públicos a través de pagos por servicios nunca prestados, y que le valió la condena y detención a decenas de ex funcionarios, incluyendo dos ex ministros de Economía.
Los juicios orales donde fueron condenados ex funcionarios de la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, por el escándalo de “los adelantos con cargo a rendir”, una metodología que también sirvió para apropiarse de recursos públicos usando adelantos a cuenta de expedientes que luego no se hacían o se fraguaban.
Los actos de corrupción que quedaron filmados en cámara oculta, como por ejemplo el soborno que cobró un ex concejal durante la campaña para gobernador de 2007, y también las coimas que tuvo que pagar un empresario de la construcción para destrabar expedientes administrativos, donde estuvo involucrado el ex presidente del IPRA, ya en la gestión gubernamental de Fabiana Ríos.
Todo esto en 25 años de provincia, contado en infinidad de artículos que pueden consultarse en Internet, o buscando en alguna biblioteca, o preguntando.
Todo esto para los que sostienen, ahora, que algunos periodistas (y también algunos abogados) deberíamos encargarnos de revelar la corrupción, en lugar de opinar sobre la reforma jubilatoria.
Algunos consejos llegan tarde. Ya lo hicimos.

Autor : Gabriel Ramonet
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