inco de los 170 talleristas de Cultura que se desempeñaban durante la gestión gubernamental de Fabiana Ríos eran, a su vez, funcionarios de su gabinete.
Por su parte, otros 10 talleristas eran personal de planta en distintas dependencias del Estado y, en uno de los casos, tenía asignadas más horas cátedra que las permitidas por ley para alguien que percibe una doble remuneración estatal.
Los datos surgen del informe sobre “Evaluación de Talleres de la Secretaría de Cultura” que la actual gobernadora Rosana Bertone utilizó como fundamento para dar de baja al personal que revestía en el área, lo que generó uno de los conflictos todavía sin resolver entre el gobierno y sectores estatales.
El relevamiento de 24 páginas en el que se basó Bertone fue realizado en conjunto por las secretarías de Gabinete y Evaluación de Políticas Públicas, y de Calidad de la Gestión Pública, y hasta el momento no se conocía de manera pormenorizada, aunque varios funcionarios habían aludido a su contenido en diferentes declaraciones públicas.
El informe critica con dureza la modalidad utilizada por la gestión Ríos para implementar y controlar los talleres que funcionaron hasta finales de 2015, produciendo una erogación (solo ese año) de 22,3 millones de pesos.
“Existe bastante consenso en sostener que la gestión de los talleres ha estado contaminada por situaciones de clientelismo y red de favores, cuyo despliegue se facilitó a partir de una actividad –el área de cultura en general y los talleres en particular- sobre los que no había una direccionalidad estratégica marcada”, afirma una de las conclusiones del relevamiento.
También agrega que la “dispersión de temas, horarios, lugares y público” al que eran dirigidos los talleres, demuestra que la modalidad “no formaba parte de una política cultural”, sino que se hacía “en función de la preferencia de quien lograba llegar hasta el decisor que aprobaba la idea”.
“En algunos casos eran pedidos de cuadros políticos territoriales, en otros, respuestas a pedidos de ONGs (por ejemplo, bibliotecas), en otras se canalizaban por este medio pedidos al Ministerio de Educación, o directamente era la respuesta a un problema puntual, por ejemplo, necesidad de trabajo para una persona que portaba una importante recomendación”, asegura el documento al que accedió EDFM.
Funcionarios y empleados
Según el informe, de los 5 talleristas que a su vez eran funcionarios de gabinete, 4 poseían la “Categoría A”, la más alta de la planta política, y uno la categoría C, la más baja. Dos cobraban 6 y 8 horas cátedra, uno de ellos 16, en un caso no se pudo determinar y en otro se demostró que tenía asignadas 31 horas, más que las 16 permitidas por ley para quien desempeña un cargo de jornada completa.
El relevamiento da cuenta de que 10 personas eran talleristas mientras en forma simultánea cobraban un sueldo de planta del Estado. Se trata de una asistente social, tres trabajadores de los hospitales, uno de la Dirección de Salud, dos del Ministerio de Trabajo, uno de la propia Secretaría de Cultura, uno de Canal 13 de Río Grande y otro de la escuela provincial 6 de Lago Escondido.
El documento menciona que cuando el uso de horas cátedra de forma indiscriminada, para solventar distintas contrataciones dentro del Estado, comenzó a tener repercusión pública, durante el transcurso del año pasado, la gestión Ríos comenzó una tarea de “emprolijamiento”.
Números del informe
De acuerdo a la información oficial, los 170 talleristas dados de baja cobraban, en promedio, $7.100 mensuales, aunque los diez que más cobraron recibían ingresos de entre $16,5 mil a $27 mil mensuales.
Sólo el 12,9% no poseía otro ingreso, mientras que el 40,6% de los casos percibía otras horas cátedra, el 33,5% era autónomo, el 17,1% era monotributista y el resto se dividía entre cargos estatales y empleadores.
Los talleres culturales comenzaron a multiplicarse desde el año 2008, y crecieron a partir de la resolución 822/2010 del Ministerio de Educación que les adjudicó 1544 horas cátedra. Después, la resolución 3316 de ese mismo año, cambió el perfil de las actividades, y en lugar de finalizar las tareas en diciembre de cada año, las extendió “mientras persista la necesidad de dar continuidad y finalización a algunos proyectos específicos”.
En enero de 2012 se le asignaron otras 250 horas cátedra, en junio de ese mismo año, otras 265 horas y en marzo 2013, otras 210.
El informe señala como una irregularidad la falta de localizaciones fijas para el dictado de los talleres, los que “no deberían desarrollarse en instalaciones externas”, porque “a mayor dispersión, más complejo el control”, explica.
También menciona que “es muy difícil reconstruir un listado fehaciente de quienes fueron parte de las distintas actividades, en calidad de participantes o alumnos de los talleres”.
Casos detectados
Según otras fuentes gubernamentales, al relevar la situación de los talleristas se detectaron, entre otras irregularidades, las siguientes:
-Una tallerista cobraba para dar clases en su propio teatro y además estaba comisionada y cobrando un contrato con el Gobierno Nacional.
-Un fisioterapeuta cobraba 16 horas cátedra como tallerista. Además tenía un cargo de gabinete y atendía en consultorios privados.
-Un hombre cobraba horas cátedra de cultura y hasta viáticos para dar clases de folklore, pero muchas veces no cumplía con la tarea.
-Los cuatro integrantes de una familia eran talleristas de cultura y daban clases en su domicilio.
-Una mujer cobraba 16 horas cátedra para trabajar en un proyecto que dirigía su madre, a su vez profesional en el área de Salud.
-Una mujer cobraba 24 horas cátedra de cultura, pero vivía en Buenos Aires, donde no pudo acreditar cuál era su función. Cuando le preguntaron dijo que les dictaba talleres a las personas derivadas por temas médicos.
-El informe considera “adecuada la estrategia de cortar de cuajo con un modelo de gestión desordenado y que inducía baja productividad, malos resultados y era un foco de descrédito para el accionar estatal”.
Omisiones
Del contenido del documento no se desprende, en forma fehaciente, el caso mencionado por la gobernadora Bertone en un reportaje radial y televisivo, donde reveló que un tallerista de cultura cobraba horas cátedra mientras vivía o estaba de paseo en Europa.
Por otra parte, tampoco se refuta el principal argumento de los talleristas despedidos, consistente en por qué no se discriminó entre quienes trabajaban y cumplían una función real, y los que se aprovechaban del sistema para cobrar sin desempeñar ninguna tarea o lo hacían de una forma irregular.
