a Administración de Parques Nacionales (APN) solicitó ayer una condena de cuatro años de prisión para los tres acusados de talar ilegalmente 216 árboles del interior del Parque Nacional Tierra del Fuego, durante un hecho ocurrido entre abril y junio de 2015.
Los abogados de la APN efectuaron el pedido en el inicio de la etapa de alegatos del juicio oral y público que se desarrolla en la ciudad de Ushuaia desde el pasado 22 de agosto.
El organismo nacional, constituido en parte querellante dentro del proceso, consideró al profesional responsable de la obra que dio origen a la tala, Ricardo Bianciotto, al agrimensor Horacio Burgos, y al maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz, como coautores de los delitos de “daño agravado en concurso ideal con turbación de la propiedad”, una figura penal con pena máxima de hasta 4 años de cárcel.
Los alegatos comenzaron a las 20.30 con la exposición de los letrados querellantes, y luego de un cuarto intermedio dispuesto por los jueces del Tribunal Oral Federal de la provincia, continuarán hoy a las 10 con las intervenciones de la fiscalía y de las defensas de los acusados.
La querella dio por demostrado el ingreso al parque “sin autorización y con violencia”, y sostuvo que los involucrados actuaron con intención porque poseen experiencia en este tipo de trabajos y conocimiento acabado de la zona.
Por su parte el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, consideró que desde su punto de vista “no cabe ninguna duda de que existió una usurpación del parque, dado que se removieron estacas, mojones de hierro, y se cortaron arboles pintados que marcaban los límites del área natural protegida”.
“También estamos convencidos del daño producido a 216 árboles de casi 100 años de antigüedad, lo que constituye un delito y tiene responsabilidades personales”, enfatizó el titular del Ministerio Público en declaraciones a FM Centro.
Además, García Lois dijo que el caso “tiene que servir para sembrar conciencia acerca de que nadie puede ir a un Parque Nacional y cortar árboles, y para entender la importancia que tiene un bosque en una sociedad. Es una llamada de atención a toda la población”, afirmó.
Los tres imputados fueron contratados en 2005 por la empresa Patagonia Spirit, para abrir una senda de 2202 metros de longitud entre la Ruta Nacional Nº3 y el Canal Beagle, bordeando el Parque Nacional y destinada a un proyecto turístico.
Según la acusación, en ese trayecto, el camino ingresó en tres oportunidades al área protegida, invadiéndola en un total de 379 metros, mientras que pericias posteriores estimaron que la tala alcanzó a un número de entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo.
En tanto, los enjuiciados y la empresa sostienen que la tala se realizó fuera de los límites del Parque Nacional, y que los mojones que delimitan el área protegida se encuentran colocados en lugares equivocados, debido a una demarcación inexacta realizada por el topógrafo que la efectuó hace 50 años.
El fiscal argumenta que la discusión sobre los límites es ajena al juicio, ya que “la demarcación fue establecida por ley y si alguien no está de acuerdo, lo que debe hacer es una demanda judicial y lograr una sentencia firme. No puede resolver meterse en tierras que considera propias unilateralmente”, subrayó García Lois.
A su vez, sobre la responsabilidad penal de los imputados, sostuvo que mientras que uno fue “el autor material de la tala”, los demás “fueron coautores porque tuvieron el dominio del hecho de diferentes formas”.
El juicio continuará hoy con los demás alegatos, antes de que se escuchen las últimas palabras de los acusados y de que el tribunal se retire a deliberar hasta llegar a un veredicto, detallaron fuentes judiciales.
Sin embargo, el proceso podría sufrir nuevas demoras debido a problemas de agenda y de salud de uno de los jueces intervinientes.
La investigación judicial lleva 11 años de sustanciación porque, entre otras controversias, el mismo tribunal que ahora realiza el juicio, les había concedido la probation (suspensión del juicio a prueba) a los tres involucrados, lo que impidió la realización del proceso oral en abril de 2015.
Entre los testigos declararon una decena de gendarmes y guardaparques, con la particularidad de que todos los hicieron a través del sistema de videoconferencia ya que no residen más en jurisdicción fueguina.
