a relación entre el empresario Carlos Daniel Tomeo, denunciado por lavado de dinero y evasión impositiva, y el ex vicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Oscar Gallo, se encuentra en la lupa de la Justicia Federal, a partir de una serie de indicios que incluyen desde causas por lavado de dinero hasta un domicilio en común y la propiedad de una Ferrari.
El primer nexo entre Gallo y Tomeo que puso en alerta a la Justicia fue un viaje al exterior realizado en agosto pasado por Fernando Darío Tomeo, uno de los hijos del empresario.
Fernando declaró como domicilio, ante la Dirección Nacional de Migraciones, la calle Arteche 723 de la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, que coincide con la casa particular de Gallo en la misma localidad fueguina.
Esa propiedad parece uno de los vasos comunicantes de la relación del ex vicegobernador con el empresario, porque también da lugar a otros vínculos.
Por ejemplo, Tomeo declaró ante la AFIP un domicilio fiscal en la ciudad de La Plata, y otros ocho domicilios alternativos, de los que hay dos que son en jurisdicción de Tierra del Fuego, y uno es en Río Grande, justamente en la calle Arteche 723.
El otro domicilio fueguino de Tomeo es en Ushuaia, en la calle Juan Domingo Perón 202. Se trata de una esquina donde funciona un comercio a la calle y detrás hay una vivienda.
Hay un último conector entre la lujosa vivienda de Gallo en Río Grande y el dueño de la tabacalera Espert SA: se trata de un vehículo de alta gama, una Ferrari, cuya documentación fue secuestrada por funcionarios judiciales durante el allanamiento realizado en la mansión del empresario, en el country Abril de Berazategui.
El automóvil, dominio IAG-320 se encuentra radicado en el Registro del Automotor Nº 24003 de Río Grande, a nombre de “Carlos Daniel Tomeo, domiciliado en la calle Salvador Soreda Nº 6450 de la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires”.
Sin embargo, fuentes de la concesionaria de autos que realizó la operación confirmaron que el coche “fue vendido a Gallo” y la policía local corroboró que “el lugar de guarda habitual del automóvil es en la calle Arteche Nº 723”, es decir, el domicilio del ex vicegobernador.
Además, Tomeo estuvo vinculado a una concesionaria de autos de alta gama en Ushuaia: fue entre 1994 y 1995 y el negocio llamado “Deloqui Automotores” funcionó en la calle Deloqui 51.
A raíz de esa actividad, fue imputado en una causa penal donde le adjudicaron el presunto delito de “estafa por retención indebida u omisión de restituir defraudatoria”, aunque finalmente fue absuelto en el proceso “por aplicación del beneficio de la duda”, según consignaron fuentes judiciales allegadas al caso.
Por ese entonces, Gallo ya había iniciado su carrera política y era legislador provincial, cargo que ocupó hasta resultar electo vicegobernador en las elecciones de 1999, en fórmula con el ex gobernador del PJ Carlos Manfredotti.
Luego de su paso por el gobierno, Gallo también fue elegido diputado nacional para el período 2003-2007, y recién después regresó a su cargo de planta en la Dirección General de Aduanas donde reviste actualmente.
Como miembro de la Aduana, también integra un órgano clave: la Comisión del Área Aduanera Especial que, entre otros temas, autoriza operaciones de importación de los productos e insumos que ingresan a la zona afectada por un régimen de promoción impositiva.
El caso Glisud
El funcionario aduanero y ex vicegobernador fueguino también está imputado en una causa penal por presunto lavado de activos que tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
El caso investiga el origen de los fondos con que la empresa “Glisud SA”, adquirió los títulos públicos que después utilizó para ofertar y ganar la compra de créditos hipotecarios del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, a través de un concurso público realizado en diciembre de 2002 que la justicia también investiga bajo la figura de presunta “defraudación a la administración pública”.
Glisud, presidida por Enrique Pinto, adquirió $1,4 millones en títulos mediante el depósito de $298.700 pesos en una cuenta corriente del banco fueguino, aunque la operatoria dio lugar a sospechas de lavado.
Pinto argumentó que los fondos provenían de un préstamo de la empresa uruguaya “Crider Trading SA”, de la que el propio Pinto también era director.
Para demostrarlo, presentó un “acuerdo de mutuo”, y la justicia provincial corroboró que en el documento, las firmas eran falsas y no contenía “datos elementales” como “el lugar de celebración o la fecha en la cual se ha firmado”.
La justicia sospecha que “los activos aplicados a la compra de los títulos podrían haber provenido de hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”, según puede leerse en el expediente al que accedió este medio.
Gallo está imputado en el supuesto lavado de activos por las relaciones que mantenía con miembros de Glisud: por ejemplo Pinto (el presidente de la compañía) fue asesor de su gobierno durante 4 años y asesor personal suyo en la Cámara de Diputados, mientras que la apoderada de la empresa, Graciela D´adamo, también fue su asesora en la Legislatura provinicial, y Melina Solari (hijastra de Pinto y vicepresidenta de Glisud) fijó domicilio en una propiedad que, en esa época, pertenecía a Gallo.
“El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se ha detectado en otro proceso judicial”, afirmaron los fiscales de la causa por lavado que involucra al sindicado como “socio” fueguino del empresario Carlos Tomeo.
Por otra parte, Gallo también figura en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conocida como “Panamá Papers”.
Allí aparece como copropietario, junto a un socio de Río Grande, de la empresa “United Red Dragons Limited” (cuya traducción sería “Dragones Rojos Unidos”) creada en jurisdicción de las “Islas Vírgenes Británicas” (en el Mar del Caribe) y con domicilio en Taipei, la capital de la isla de Taiwan.
