a renuncia del abogado de Buenos Aires Oscar Aguirre, antes de ni siquiera haber asumido en el cargo de juez penal de Río Grande, para el que había resultado elegido, es la síntesis del fracaso del sistema de selección de jueces que porfía en implementar el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.
No se trata de una cuestión de nombres propios: es la misma metodología que permitió la selección de jueces vinculados a la mafia brasileña, o a la corrupción argentina, o a la dictadura, o que no pudieron jurar porque estaban presos.
Es el mismo procedimiento que también derivó en la elección de buenos magistrados, de trayectoria sólida y desempeño acorde cuando les tocó actuar en causas comprometidas.
Ocurre que, si bien algunos podrían justificar el sistema con el argumento de que ha fallado pero también ha rendido frutos, la realidad es doblemente grave: el método es tan arbitrario y falto de controles, que los jueces buenos son casi producto del azar, mientras que los otros son una consecuencia lógica.
Además, un juez elegido por este sistema es alguien que, o bien disimula, disfraza u oculta antecedentes negativos, o bien regala prestigio antes de necesitarlo para el rol que deberá ocupar.
Es decir, un buen candidato a juez debería llegar al cargo con la misma legitimidad que una autoridad electa después de pasar por las urnas. Debería poder saltear con éxito el análisis de su trayectoria, demostrar un mayor conocimiento técnico que el resto de los postulantes y haber conformado a un jurado político después de sus definiciones sobre aspectos que excedan el desempeño jurídico.
Pero no. En Tierra del Fuego un juez que asume es alguien que ni siquiera fue googleado por los consejeros, que no rinde un examen calificado por un jurado técnico, que no llega a una terna final sino a una rueda de votos aleatorios e incomprensibles, y que, si aun así es considerado el mejor, corre con la sospecha de haber sido favorecido por intereses políticos, más que por sus propias cualidades personales y profesionales.
En la última elección de nada menos que seis jueces provinciales, se produjeron dos casos en que los candidatos habían tenido causas penales y no las habían declarado entre sus datos.
En uno de los casos, la causa se resolvió casualmente tres días antes de la votación, y quien la resolvió, también fue elegido juez del Tribunal Oral en el mismo concurso.
El caso del mencionado Aguirre fue insólito. Poseía como antecedente un caso judicial en el que había sido denunciado por el presunto delito de dádivas, y sobre el que no informó a las autoridades al momento de la inscripción, tal vez porque había sido sobreseído. Aguirre era secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº7 en 2002, cuando fue acusado, junto al juez Federal Jorge Urso, de recibir dinero de parte de detenidos a cambio de concederles la libertad.
Esta situación, ignorada por los consejeros (aunque bastaba googlear el nombre) fue revelada por el periodismo primero, y recién después dio lugar a que el Consejo frenara la designación para corroborar si el sobreseimiento era cierto.
En Ushuaia, otras situaciones llamaron la atención durante el mismo procedimiento, como por ejemplo el caso del nuevo juez Electoral de la provincia, cuyo concurso tuvo inscripciones cerradas y luego reabiertas para que pudieran anotarse más postulantes. Y también el concurso para elegir nuevo juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, donde quedó afuera quien venía desempeñando el cargo desde hacía años y terminó eligiéndose a un abogado sin trayectoria judicial acorde y que fue asesor de un senador nacional allegado a la actual gestión gubernamental.
Quien escribe estas líneas opina del mismo modo desde hace, por los menos, veinte años. Y soporta, cada tanto, exámenes de moral por parte de algunos que miraban por la ventana mientras la Justicia Adicta se comía a mordiscones la institucionalidad en la provincia.
Es posible que nuestro tono de voz no sea el mismo, porque tratamos de que sea proporcional al nivel de escándalos que se producen y, hay que admitirlo, por más ímpetu que se le ponga, no son las actuales situaciones comparables a las de los “años dorados” de los Klass, los Robbio, los Ricca y compañía.
Más allá de los matices, seguimos creyendo que el sistema de selección de jueces en Tierra del Fuego continúa ocasionando entuertos, dudas y sospechas permanentes, porque al no filtrar los antecedentes y la capacidad, puede generar la elección de los peores postulantes o de los mejores, sin que en ninguno de los casos, se pueda demostrar, a ciencia cierta, cuál de las dos situaciones ha tenido lugar.
(*) Periodista de la redacción de El diario del Fin del Mundo
