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a investigación judicial por el cobro de planes Red Sol utilizando el nombre de ex beneficiarios del subsidio arrojó una conclusión reveladora: ya hay por lo menos cincuenta casos donde se constató la misma modalidad, y aún podría haber muchos más, según informaron fuentes judiciales.
La causa que está en manos del juez de instrucción Javier De Gamas Soler comenzó por una denuncia realizada por el propio gobierno provincial, a raíz de un alerta efectuado previamente por funcionarios del Banco de Tierra del Fuego.
La entidad bancaria detectó, a través del área de Supervisión de Cajas de la sucursal Ushuaia, que una misma persona identificada como Néstor Segovia, había cobrado ocho planes Red Sol correspondientes a la liquidación de julio de este año.
Si bien el cobrador contaba con autorizaciones legales, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Paula Gargiulo, constató que varios de los beneficiarios no percibían el plan desde hacía varios meses.
El Gobierno también advirtió que todas las autorizaciones presentadas por Segovia habían sido fiscalizadas o directamente suscriptas por la Directora General de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio, Ayelén Golovca, que además es la sobrina de Segovia.
La hipótesis judicial, luego de la recolección de pruebas realizadas en allanamientos, la documentación requerida al Gobierno y los testimonios brindados en la causa, es que Golovca manejaba la información acerca de los beneficiarios de planes que, por distintos motivos, dejaban de percibir el subsidio, y omitía darlos de baja del listado que después daba lugar a las liquidaciones mensuales del beneficio.
El acto siguiente que investiga la Justicia, es si después de ello, se suscribían las autorizaciones para que Segovia cobrara el dinero en el banco.
Como cada plan Red Sol, destinado a personas carenciadas y en situación de vulnerabilidad social, implica unos $2000, la investigación ya tiene por acreditado, como dato de mínima, que se percibieron $100 mil pesos de manera irregular, aunque resta determinar cuántos de estos planes se percibieron en forma simultánea y a lo largo de cuántos meses, explicaron las fuentes.
Con esta evidencia en su poder, el juez De Gamas Soler dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria de Golovca y de Segovia, que deberán presentarse el próximo martes 22 de noviembre a las 10 y a las 10.30 en las oficinas del juzgado.
Además, el magistrado estableció que ambos imputados deberán cumplir una serie de reglas de conducta, como fijar domicilio y comunicar cualquier variación a la autoridad judicial, comparecer a todas las citaciones, presentarse todos los sábados en la Comisaría Primera de Ushuaia y no salir de la provincia mientras dura el proceso, bajo apercibimiento de quedar detenidos.
Por su parte, el juzgado le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que adopte “medidas administrativas” para evitar que Golovca “tenga acceso a documentación y al sistema informático del organismo” donde eventualmente pudiera haber información relevante para el caso.
En tanto, la Justicia aguarda el resultado de otros cruces de información, como por ejemplo el relevamiento que efectúa una comisión especial creada por el Ministerio de Desarrollo para investigar la existencia de otras situaciones similares. Y también se resolvió librar oficios a los bancos que operan en la ciudad, a fin de que informen si los acusados son titulares de cuentas y, en ese caso, remitan copia de los movimientos bancarios en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.
Según informó Desarrollo Social, el Programa Red Solidaria de Estímulo Económico para Personas en Situaciones de Riesgo (Red Sol) fue creado mediante el decreto provincial 640 del año 2000 con el objeto de “asistir en forma temporaria a personas en situación de vulnerabilidad social”.
La ministra Gargiulo precisó que antes de la advertencia del BTF, ya había ordenado un sumario administrativo para investigar presuntas irregularidades en la tramitación y pago de los planes.