sí como el ex presidente Néstor Kirchner pidió perdón “en nombre del Estado” por las atrocidades cometidas por la última dictadura militar, los abogados que representan al Municipio debieron hacen lo mismo durante el alegato del juicio oral y público donde se juzga a los presuntos responsables de trata de personas en el local nocturno Sheik.
El Estado municipal no es el único pero sí uno de los grandes responsables de haber facilitado las condiciones para la explotación sexual de mujeres en la ciudad, a través de la legalización del funcionamiento de los prostíbulos y de la instrumentación de un sistema de controles a todas luces hipócrita, que se las ingeniaba para hacer la “vista gorda” y para “no ver” lo que sabía perfectamente que ocurría.
Las libretas sanitarias, de un color diferente al resto, y cuyo trámite incluía exámenes de HIV y hasta un exudado vaginal, son la prueba más elocuente de que las autoridades legalizaban la actividad de las “alternadoras”, para que tomaran copas y escucharan música con los clientes, a sabiendas de que, en realidad, estaban autorizando el ejercicio de la prostitución y el proxenetismo.
Les importaban tan poco las condiciones en que esa explotación sexual se llevaba a cabo, que los inspectores de los locales nocturnos hacían la pantomima de llegar hasta la puerta de las habitaciones donde se fornicaba o donde vivían las mujeres en condiciones de esclavitud, pero nunca pasaban de allí.
Ellos no veían los timbres que anunciaban la finalización de los pases, ni las pulseras o los papeles de colores que indicaban el tipo de servicio contratado, ni los carteles colgados en las paredes donde se rogaba tirar en un tacho el preservativo una vez consumado el acto sexual.
Es más, en el juicio donde se juzgan los hechos de Sheik, se ventiló que hasta había veces en que algún inspector terminaba encamado con la misma mercancía que el negocio tenía en oferta, para darle entonces a la actuación oficial, la cuota de asco y de doble moral que necesita para ser tildada de obscena.
El Estado municipal hizo algo mucho más grave que favorecer la trata de personas: se asoció al negocio mediante el cobro de tasas e impuestos, como si la culpa de permitir la captación de mujeres vulnerables y entregarlas a hordas de marineros y señores del jet set local, mientras cobraban migajas y dormían apiladas en una pieza nauseabunda, se lavara participando de las ganancias de los tratantes mediante algún tributo piojoso.
No se trata de identificar a una gestión, sino de entender que todo esto fue posible porque hubo un consenso social para que sucediera, y que tampoco se puede negar.
Los señorones de guita, los “nenes bien” de parranda, los putañeros de siempre y otras tribus tan pulcras y de buenos modales, también metieron sus narices en alguna oferta nocturna sin importarle un carajo si, pasados de copas, maltrataban a algunas de estas mujeres que al otro día compraban ellas mismas los elementos para limpiar las paredes donde cogían y dormían a la vez.
Iban a misa igual que cualquier cristiano, sin enterarse que sus damas de compañía de la noche anterior, habían tenido sexo estando indispuestas, para que no les descontaran el día, y que mientras ellos comulgaban, ellas realizaban su única salida diurna fuera del local, para comprar comida en un supermercado.
Por todo esto es que el Estado Municipal, más que enunciar las políticas actuales en materia de erradicación de la trata de personas, debió solicitar la palabra en el juicio para pedirle perdón, a Alika Kinán y a todas las víctimas que ayudó a concebir.
Debió hacerlo en nombre del pueblo de Ushuaia, que gustoso deberá hacerse cargo de la indemnización que haya que pagar, ya no para reparar con dinero lo que no tiene arreglo, sino para que al menos las víctimas pueden ir tres veces por semana al psicólogo durante los próximos cinco, diez o quince años, para intentar quitarse las pesadillas que las persiguen como arañas por el cuerpo.
El Estado municipal perdió la oportunidad histórica de allanarse a la demanda de Alika como símbolo de los errores y del menosprecio que hemos tenido como pueblo hacia este grupo de mujeres esclavizadas a la vista de todos, pero sin que nadie torciera la cabeza para verlo.
Y no solo el Estado Municipal. También debería pedir perdón la Provincia, que cuando debió resguardar a la única víctima que tuvo el coraje de rebelarse contra el sistema y querellar a sus captores, le tiró una casa donde casi se asfixia con toda su familia, y para remediarlo le cortó el gas, y finalmente le inició un juicio de desalojo.
Pedir perdón no es de débiles. Defender el patrimonio público no es negar derechos. Ser mejores no es tapar la Historia.
Que no sea un perdón insulso, un perdón mezquino. Gritemos entre todos uno que valga la pena. Un perdón curador de heridas, despertador de dignidades, mejorador de personas.
Pidamos perdón y roguemos, además, que nos perdonen.
(*) Periodista de la redacción de El Diario del Fin del Mundo.
