Ahora la acusaron de no rendir un subsidio

Más embates contra Alika Kinán a cinco días de la sentencia en el caso de trata donde es querellante

Trascendió que el Tribunal de Cuentas la investiga por la falta de rendición de una ayuda económica de $200 mil que le otorgó el Gobierno provincial en 2015 para construir una casa. Pero su abogado reveló que hace un mes presentó los comprobantes ante el organismo de control. Y confirmó que aún sigue tramitándose el desalojo de la vivienda social que actualmente ocupa. Antes la habían amenazado y se cuestionó públicamente su rol de madre. Todo mientras sus presuntos captores aguardan veredicto sin ningún cuestionamiento social.
23/11/2016
L

a víctima del delito de trata de personas Alika Kinán, que por primera vez en el país se convirtió en querellante contra sus captores, sumó ayer un nuevo cuestionamiento público al trascender que el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego la investiga por la supuesta falta de rendición de un subsidio de 200 mil pesos, situación que la mujer niega y que desmintió a través de sus abogados.
Kinán ya había sufrido amenazas que obligaron a redoblar su custodia, mientras que su ex marido y su hermana la habían denunciado públicamente desde España por “poner en situación de riesgo” a una de sus hijas menor de edad, días antes de que comenzara en Ushuaia el juicio oral y público donde se juzga a los tres sospechosos de haberla captado y explotado sexualmente en el prostíbulo “Sheik”.
Los embates contra la actual militante de los derechos de género regresaron ahora, cuando faltan cinco días para que el Tribunal Oral Federal de la provincia dicte sentencia en el proceso judicial que los especialistas califican de “histórico”.
El nuevo cuestionamiento tiene su origen en actuaciones que tramitan ante el Tribunal de Cuentas fueguino, por la supuesta falta de rendición de un subsidio de $200 mil pesos que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le otorgó el 28 de octubre de 2015 para ser destinado a la construcción de una vivienda.
La ayuda económica dispuesta a través del decreto 2420/15 fue pagada el 30 de diciembre del año pasado, mediante un depósito bancario, pero la beneficiaria “nunca hizo la rendición” establecida por las leyes vigentes, según publicó el diario El Sureño.
De acuerdo a esa información, Kinán sólo presentó copia de un contrato con la constructora “La Esperanza Viviendas Americanas SRL”, por la suma $259.224, donde se pactó un adelanto financiero de $81 mil y una financiación de 48 cuotas de $3.153, pero “no acreditó” el giro efectivo de ese dinero.
Sin embargo, el abogado de la víctima de trata en ese caso, Rodrigo Guidi, explicó ayer a FM Centro que Alika respondió los requerimientos del Tribunal de Cuentas y presentó la documentación respaldatoria “hace un mes” y que no obstante “la noticia se publicó sin incluir ese descargo”.
Según detalló Guidi, como “en Tierra del Fuego es imposible construir una casa con $200 mil”, lo que hizo Alika fue buscar una empresa de Córdoba para que le armara una casa prefabricada y “como indica el contrato, le giró 81 mil pesos de adelanto”.
“Ocurrió que la empresa no cumplió luego con los requerimientos de documentación (planos de instalaciones, etc) realizados por el Municipio para habilitar la obra, la construcción no se llevó a cabo y ahora estamos en juicio para que le devuelvan el dinero adelantado”, relató el abogado.
Y agregó que como patrocinante de Kinán, “presenté toda la documentación ante el Tribunal de Cuentas que acredita los gastos que ella ha tenido hasta hoy, y en qué fue utilizado parte de ese subsidio”, señaló.
Además, Guidi recordó que la ayuda económica “no fue un regalo” sino “el cumplimiento de las obligaciones internacionales que debe asumir el Estado argentino por estar adherido a los tratados contra la trata de personas”.
En ese sentido, el letrado puntualizó que Alika iba a construirse la casa en un terreno adjudicado por el Municipio “dentro de ese mismo contexto” y que la mujer “está pagando en cuotas (ese predio) bajo los procedimientos habituales y usando parte del subsidio que le dio la provincia”.
Mientras tanto, Kinán sigue viviendo todavía en una vivienda precaria que le otorgó el Ministerio de Desarrollo Social cuando trascendió su condición de víctima de trata.
La propia mujer confirmó que cuando se la cedieron, la casa tenía “deficiencias en la instalación de gas que derivaron en una intoxicación por monóxido de carbono de ella y toda su familia”.
Después, el servicio de gas fue cortado y así permanece hasta la actualidad, mientras que el Ministerio inició una serie de intimaciones que culminaron en un juicio de desalojo de la vivienda, aún en trámite ante la Justicia Civil de Ushuaia.
“Para frenar el desalojo, Alika firmó un convenio de desocupación de la vivienda social, comprometiéndose a dejarla antes de los 90 días corridos de haber recibido el subsidio de 200 mil pesos. En función de lo ocurrido con la empresa constructora, y a sabiendas de que con ese dinero no se puede solventar una construcción, esperamos que la justicia comprenda la situación y no haga efectivo el desalojo”, requirió su abogado.
De lo contrario, la primera víctima de trata que se anima a querellar a sus captores, podría esperar la sentencia del juicio penal, mientras mira de reojo no quedarse sin un lugar donde vivir.

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