uncionarios del gobierno de Tierra del Fuego realizan por estas horas las tareas de contención de las 9 mujeres rescatadas la semana pasada durante un operativo de trata personas en dos domicilios que funcionaban como “privados” dedicados a la prostitución y a la explotación sexual en la ciudad de Río Grande, informaron fuentes oficiales.
La secretaria de Derechos de Familia y Políticas de Género del gobierno fueguino, Susana Melgarejo, confirmó que se trata de siete argentinas y dos dominicanas, todas mayores de edad, que “ya fueron entrevistadas por un grupo de psicólogos y están siendo asistidas en relación a las necesidades manifestadas por cada una”, indicó.
“La contención es variada y continua. Para algún caso puede ser un lugar donde vivir, una ayuda económica, trabajo o la necesidad de volver al lugar de origen. Son momentos difíciles porque algunas no se asimilan como víctimas e interpretan lo ocurrido como una irrupción a la vida que estaban llevando”, explicó Melgarejo.
La funcionaria precisó que dos de las mujeres fueron encontradas en una de las propiedades allanadas, en la calle San Lorenzo del barrio de “Camioneros”, y el resto en otras dos viviendas situadas en la calle Colon al 600, donde un grupo habitaba una casa posterior y otra se utilizaría como “privado” para el ofrecimiento de servicios sexuales.
Las supuestas víctimas son todas nacidas fuera de Tierra del Fuego, salvo una que es fueguina, y aunque “la mayoría proviene de otros lugares del país, se trata de personas que hace tiempo viven aquí”, observó la secretaria.
También señaló que durante el procedimiento no fueron hallados hijos de las mujeres viviendo con ellas, mientras que en relación a la documentación, “dos manifestaron no contar con documentos en su poder al momento de las medidas judiciales”.
“Las mujeres todavía no prestaron declaración testimonial ante la justicia pero ello podría ocurrir de un momento para el otro. Por lo general nos avisan unas horas antes para preparar la situación. Nuestra intervención continúa y se irá adaptando a lo que el juez y las víctimas vayan requiriendo”, completó Melgarejo.
El procedimiento fue dispuesto por el juzgado Federal de Río Grande, a cargo por subrogancia legal del juez del mismo fuero en Ushuaia, Federico Calvete, con intervención de la secretaría penal 2 que conduce Diego Spilotti.
Fuentes judiciales confirmaron que en el expediente caratulado como “infracción a la Ley N° 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas)” se ordenó la detención de una mujer de 28 años, identificada como Romina Morales, aunque “la investigación sigue”, dijeron las fuentes.
Los allanamientos y las tareas investigativas previas fueron llevadas a cabo por personal de la “Delegación de Inteligencia Criminal” (DIC) de la Prefectura Naval Argentina.
El operativo se realizó en “completo hermetismo” y a pocas horas de que se dictara en Ushuaia una condena calificada de “histórica” donde por primera vez una víctima de trata, Alika Kinán, fue querellante contra sus captores.
