pesar de que aún no se dictó procesamiento alguno, la Justicia decidió aplicar un embargo preventivo por 600 mil pesos a una empleada de la administración pública sospechada de haber perpetrados maniobras para que su tío cobrara indebidamente fondos públicos de los programas RED SOL.
Así lo decidió el juez Javier De Gamas Soler antes de la feria en el marco de la causa N° 33.738 caratulada “Gargiulo Paula s/denuncia”, y alcanzó a Ayelén Golovca, quien se desempeñaba como Directora General de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio de Desarrollo Social; y a su tío, Héctor Segovia, sospechado de haber percibiendo indebidamente los subsidios estatales de dicho programa.
La decisión fue tomada de manera cautelar por parte del Juez con el objeto de evitar alguna potencial subsistencia del delito y de impedir que se consolide algún provecho para obstaculizar la investigación, informaron fuentes vinculadas al caso.
La causa se inició a partir de la denuncia de la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Paula Gargiulo, quien fue alertada por el Banco Tierra del Fuego de llamativos movimientos de pagos de RED SOL a nombre de una misma persona.
La entidad bancaria detectó, a través del área de Supervisión de Cajas de la sucursal Ushuaia, que una misma persona identificada como Néstor Segovia, había cobrado ocho planes Red Sol correspondientes a la liquidación de julio de este año.
Si bien el cobrador contaba con autorizaciones legales, el Ministerio de Desarrollo Social, constató que varios de los beneficiarios no percibían el plan desde hacía varios meses.
El Gobierno también advirtió que todas las autorizaciones presentadas por Segovia habían sido fiscalizadas o directamente suscriptas por la Directora General de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio, Ayelén Golovca, que además es la sobrina de Segovia.
La hipótesis judicial, luego de la recolección de pruebas realizadas en allanamientos, la documentación requerida al Gobierno y los testimonios brindados en la causa, es que Golovca manejaba la información acerca de los beneficiarios de planes que, por distintos motivos, dejaban de percibir el subsidio, y omitía darlos de baja del listado que después daba lugar a las liquidaciones mensuales del beneficio.
El acto siguiente que investiga la Justicia, es si después de ello, se suscribían las autorizaciones para que Segovia cobrara el dinero en el banco.
