ajo el argumento de que resulta necesario y conveniente avanzar hacia “un esquema de complementación provincia-nación” en materia de cobertura a las personas con discapacidad, el Poder Ejecutivo impulsa reformar el régimen único de pensiones especiales en lo que hace específicamente a las pensiones por discapacidad.
El proyecto ingresado a la Legislatura con trámite de urgencia el pasado viernes 13 de enero, propone crear el “Programa Especial de Complemento Social Provincial para
beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez otorgadas en el marco del artículo 1° inciso b) y concordantes del Decreto Nacional N° 432/1997”, que será de aplicación a los beneficios que otorguen a partir de la aprobación de la iniciativa, no así para aquellos que hubieran sido dispuestos al amparo de la ley provincial 389 (Régimen Unico de Pensiones Especiales).
Uno de los aspectos más saliente de la iniciativa es un endurecimiento de los requisitos de acceso al beneficio, ya que mientras la normativa provincial establece que el peticionante debe contar con “una incapacidad física o psíquica en forma permanente que le produzca una disminución del 66%) en su capacidad de autodesenvolvimiento” , la nacional fija ese requisito “una disminución del 76 % o más”.
Otro de ellos, que a partir de la vigencia de este programa, el estado fueguino pagará a los beneficiarios no ya el total del monto fijado en la ley provincial, equivalente al 100% del sueldo bruto de una categoría 10 PAyT del Escalafón Seco, sino la diferencia entre ese valor y el de la pensión no contributiva por invalidez nacional.
El nuevo marco normativo que impulsa el Ejecutivo mantiene inalterable la exigencia de que el solicitante cuente con una “residencia mínima ininterrumpida e inmediata a la fecha de la solicitud del beneficio, de 5 años en la Provincia, a excepción de aquellos menores de 5 años de edad que hayan nacido en la provincia y mantenido su residencia permanente en ella”. Además da fuerza de ley a la exigencia de residencia en Tierra del Fuego una vez otorgado el complemento social, ya que establece que el beneficio provincial se mantendrá “mientras se acredite el cobro regular de la pensión nacional por invalidez y su residencia real y permanente en la Provincia. La ausencia del beneficiario en la Provincia por más de 90 días (continuos o discontinuos) al año, será causal de caducidad, salvo cuando la misma fuera a causa de derivación por razones de salud, indicada por profesional o institución sanitaria acreditada de la Provincia”.
Sorprendentemente una de las causales de suspensión temporal del cobro del “complemento social” lo constituye que el beneficiario se ausente de la provincia por razones educativas, ya que esa limitación parece ir a contrapelo del principio de inclusión educativa. “Cuando la ausencia del beneficiario en la provincia se deba a razones de estudio debidamente acreditadas, el pago del suplemento será suspendido temporalmente. El beneficio será restablecido si antes de transcurridos 6 años el beneficiario restableciera su residencia permanente en la Provincia, y caducará si así no lo hiciera en ese plazo”, reza la propuesta.
En los fundamentos del proyecto, la Gobernadora señala que “a la fecha, existen más de 1200 pensiones por discapacidad que se abonan regularmente, cuyo monto según establece la normativa es el equivalente al 100% del sueldo de una categoría 10 de la administración pública provincial”. Precisa que ese monto resulta “superior al de las pensiones nacionales y a cualquier otra pensión otorgada en el territorio nacional”, situación que se encuentra justificada “por los costos diferenciales que tiene nuestra provincia en relación al resto del país” como así también por “la prioridad que nuestra
sociedad le ha dado a la inclusión de las personas con discapacidad y su bienestar”.
“Sin embargo- sostiene- el tiempo ha demostrado que las pensiones, aún
siendo significativas en términos económicos, no alcanzan a lograr por sí mismas la inclusión y la igualdad de oportunidades”, por lo que “evidentemente se requieren de otras políticas: inclusión educativa, inclusión laboral, acceso a servicios de rehabilitación de calidad, accesibilidad edilicia, transporte, recreación, etc”, y que por ello “nos debemos detener para analizar cuál es la forma más adecuada e inteligente de hacer un uso eficiente de los recursos que nos permita, por un lado, mantener un sistema que posibilite seguir otorgando pensiones en respuesta a la demanda continua que se presenta, sin disminuir el valor de la prestación, al tiempo que reservar recursos para desarrollar el resto de las políticas de discapacidad que resultan imperiosas”.
También precisa que producto del monto que corresponde a las pensiones por discapacidad en Tierra del Fuego, somos la “provincia que menos pensiones nacionales por discapacidad ocupa en términos proporcionales a su población”. Refiere que incluso “muchos beneficiarios de pensiones nacionales han renunciado a las mismas para poder acceder al régimen provincial, dado que ambas prestaciones lógicamente son incompatibles”, lo que ya generado que el estado provincial haya “asumido de manera casi exclusiva la inversión económica para el sostenimiento de las pensiones, subsidiando de manera indirecta al estado nacional, que dejó de invertir en este rubro en el territorio de la provincia”.
Para revertir esa particular situación es que se propone “un esquema de complementación provincia-nación” que permitirá, por un lado, que el beneficiario siga “obteniendo una pensión del mismo valor que hoy se otorga, pero compartiendo el esfuerzo económico con la nación” y tenga “garantizada además, su cobertura de salud a través del programa Incluir Salud que los beneficiarios de pensiones nacionales obtienen”, y por el otro liberar recursos provinciales para que puedan destinarse “a otras acciones fundamentales en materia de discapacidad” que “permitan lograr verdaderamente la inclusión y participación plena en la comunidad de todas las personas”.
Habida cuenta que el proyecto fue remitido con trámite de urgencia, el 21 de febrero vencerá el plazo de 30 días para que la Legislatura lo rechace o le quite el trámite preferencial, ya que en caso contrario se lo tendrá por aprobado.
