La empresa fantasma que operó durante el manfredottismo

Caso Glisud: el Superior Tribunal decide si habilita el juicio oral o deja impune un escándalo de corrupción

El máximo órgano judicial de la provincia tomó ayer una audiencia “in voce” a dos de las partes involucradas en la causa donde se investiga una maniobra para quedarse con propiedades del Fondo Residual del BTF. El caso tiene cinco procesados firmes, pero la defensa del presidente de Glisud, Enrique Pinto, recusó a dos jueces del Tribunal Oral. La Corte tiene ahora en sus manos habilitar el juicio tras 14 años de investigaciones o garantizar la impunidad de los involucrados.
08/03/2017
E

l Superior Tribunal de Justicia de la provincia tomó ayer una audiencia “in voce” en el caso de la empresa fantasma Glisud SA, y ahora tiene en sus manos dejar impune o habilitar el juicio oral y público de una de las causas judiciales de corrupción más emblemáticas de la historia de la provincia.
Los miembros del máximo tribunal fueguino escucharon ayer los planteos formulados por Enrique Rolando Pinto, el ex empleado de planta política de la gestión del gobernador Carlos Manfredotti, y antiguo asesor del ex diputado nacional (y antes vicegobernador) Daniel Gallo, que como presidente de Glisud está procesado en doble instancia por presunta administración fraudulenta, bajo la sospecha de haber participado de una maniobra para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, el 30 de diciembre de 2002.
Junto a Pinto están procesados el ex presidente del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los ex apoderados de Glisud Francisco Grondona y Graciela D´adamo, ex asesora de Gallo en la Legislatura provincial.
Después de innumerables vaivenes procesales, el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia fijó como fecha de juicio el pasado 21 de septiembre, pero un “error” cometido por la Justicia en el proceso de notificación de los imputados derivó en que el Superior Tribunal suspendiera el comienzo de las audiencias.
Catorce años después del hecho, y mientras varios de los acusados (e inclusive Gallo) están siendo investigados en una causa paralela a la principal por supuesto lavado de dinero, un nuevo planteo de la defensa de Pinto volvió a dilatar las actuaciones.
Esta vez, la parte que representa al titular de la empresa fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede supo ser un prostíbulo de Buenos Aires, recusó a dos de los jueces del tribunal de juicio: Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía.
El motivo, según explicaron fuentes judiciales, fue restringir una serie de medidas probatorias requeridas con anterioridad al comienzo del juicio.
Contra esa decisión de los jueces, la defensa de Pinto planteó un recurso de casación y así el caso retornó al Superior Tribunal de Justicia, donde ayer tuvo lugar una audiencia “in voce” (es decir, oral) donde el acusado y la parte querellante, que representa a Abel Zanarello, uno de los supuestos damnificados por la maniobra de Glisud, expusieron sus argumentaciones ante los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Gonzalo Sagastume.
Hasta el momento, la Justicia demostró “prima facie” que la compañía fantasma se presentó como oferente en el concurso público organizado por el Fondo Residual el anteúltimo día de 2002, y se quedó con tres créditos del organismo respaldados por garantías hipotecarias, entre ellos el de Zanarello.
Glisud pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades. No se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 % de la oferta.
Sin embargo, la principal sospecha es que la oferta presentada por D´adamo (en nombre de Glisud) era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que habría sido confeccionada en las oficinas del propio Fondo Residual.
Una causa judicial paralela investiga el origen de los fondos utilizados por Glisud para comprar los créditos del Residual, bajo la hipótesis de un supuesto lavado de activos.
Ninguno de los planteos presentados por la defensa de los acusados apunta a contradecir los hechos que la justicia de instrucción tuvo por corroborados, sino que se focalizan en aspectos procesales y en “intentar dilatar o impedir la realización del juicio”, según afirmó el querellante Zanarello en dialogo con este medio.
Es por eso que el Superior Tribunal de Justicia debe tomar ahora una decisión fundamental para el desenlace de una investigación que huele a impunidad por todos lados: o habilita el juicio y permite dilucidar los hechos que ya llevan casi una década y media de investigaciones, o entierra las actuaciones y convierte al caso Glisud en uno de los peores fracasos de la historia del Poder Judicial fueguino.

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