na insólita situación se produjo ayer en el edificio de tribunales de Ushuaia cuando un cerrajero del Poder Judicial tuvo que forzar una cerradura para ingresar al despacho del defensor público Juan Carlos Assan, quien se encuentra suspendido de sus funciones a raíz de un procesamiento penal por estafas reiteradas, y que se negó a entregar las llaves de la oficina para que pudiera utilizarla el funcionario que lo reemplace provisoriamente.
El extraño episodio fue confirmado a EDFM por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Gonzalo Sagastume, que estaba al tanto de lo sucedido y advirtió que el incidente podría dar lugar al inicio de un nuevo sumario administrativo.
Assan fue suspendido “sin goce de haberes” el 9 de febrero de este año por decisión de los jueces del Superior Tribunal, luego de que dos días antes, la jueza María Cristina Barrionuevo lo procesó por “estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa en concurso real”, en una causa donde se investiga la operación de compra de un terreno en un barrio exclusivo de la ciudad.
“El propio defensor ante el STJ, Gustavo Arizbavarreta, le solicitó la llave del despacho por una cuestión operativa, ya que hay una defensora subrogante designada y necesitaba el espacio. Assan manifestó que el tema (de su situación) estaba en manos del Consejo de la Magistratura por lo que él no podía tomar ninguna resolución y en función de ello no entregó la llave”, contó Sagastume ayer.
“Al tratarse de una oficina pública, se procedió a su apertura a través del cerrajero del Poder Judicial, dejándose las debidas constancias de lo actuado”, agregó también el magistrado.
El titular de la Corte fueguina sostuvo que si el jefe de la Defensoría Pública así lo impulsa, “se labrarán nuevas actuaciones administrativas” donde se acusará a Assan de “desobediencia a un superior”.
A su vez, Sagastume explicó que la investigación administrativa anterior (por el caso de la estafa) se encuentra paralizada a resultas de lo que decida el Consejo de la Magistratura, mientras que, ante esta nueva situación “se evaluará si corresponde hacer otro sumario “o anexar las actuaciones al expediente que ya tiene en su poder el Consejo”, indicó el juez.
El defensor que se negó a entregar la llave de su despacho está procesado en primera instancia en una causa donde se analiza el contrato por el que se comprometió a pagar un terreno de 110 mil dólares en cuotas.
Al parecer, el contrato lo obligaba a pagar en dólares y él resolvió por su cuenta hacerlo en pesos y a través de depósitos en una cuenta bancaria distinta a la que había sido acordada contractualmente.
Como la cuenta en pesos fue cerrada por su titular, el funcionario judicial continuó depositando las cuotas y el banco le devolvía el importe con su “ineludible conocimiento”, según constató la Justicia.
Además, el defensor está acusado de acudir a una escribanía en octubre de 2013 y de intentar escriturar el terreno a su nombre, valiéndose de los comprobantes de las transferencias fallidas.
