n sintonía con el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo propuso derogar el régimen provincial de pensión por discapacidad y reemplazarlo por el “ Programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez”, la Gobernadora firmó a principios de mes con la ministro de Desarrollo Social de Nación un convenio por el cual la Provincia “se comprometerá a la implementación de políticas complementarias con las desarrolladas por el Ministerio en materia de pensiones por invalidez, a fin de bregar por la protección y goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, con el objeto de promover el respeto de su dignidad inherente, expresamente establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Se indica también que “resulta necesario revisar la situación actual provincial, toda vez que la política de discapacidad requiere de la utilización de todos los recursos disponibles, de modo que un esquema de complementación provincia-nación permitiría disponer de más recursos para destinarlo a políticas que permitan lograr verdaderamente la inclusión y participación plena en la comunidad de todas las personas con discapacidad”.
En ese marco, y con “el objeto de fortalecer y complementar recursos para lograr la inclusión de las personas con discapacidad” la Provincia, entre otras cuestiones, “deberá analizar e instar las modificaciones de la normativa vigente en materia previsional que resulten necesarias a los fines de evitar superposición de los esfuerzos con Nación, y por el contrario, trabajando mancomunadamente, efectuar una mejor y más eficaz distribución de los recursos de ambas partes, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto” en el convenio.
Dentro del acuerdo se hace expresa mención a que “es oportuno dar cuenta que el Poder Ejecutivo de la Provincia ha remitido mediante el Mensaje 1 de fecha 13/01/17, un proyecto de ley que crea un Suplemento económico consistente en un monto equivalente a la diferencia entre el monto fijado como sueldo bruto de la escala salarial para la Categoría 10 P.A. y T. de la Administración Pública Provincial (Poder Ejecutivo Provincial - Escalafón Seco) y el valor de la Pensión No Contributiva por Invalidez que perciban todas aquellas personas que accedan a partir de la sanción de la correspondiente Ley Provincial a una pensión nacional por invalidez, siempre que posean los requisitos de residencia en la Provincia que dicha norma establezca”.
Además se deja constancia que las partes acuerdan “en el marco de los compromisos previos referidos, que cualquier beneficio económico suplementario que a futuro pueda llegar a otorgar la Provincia en el marco de proyecto de ley antes referenciado, se entenderá plenamente compatible con los beneficios por invalidez nacionales”.
El mencionado proyecto de ley que fue remitido con trámite de urgencia -el que con posterioridad fue dejado sin efecto- generó rechazo en las asociaciones que congregan a personas con discapacidad y a sus familiares, ya que veían a esa iniciativa muy desfavorable ya que resultaba perjudicial para los intereses de las personas con discapacidad.
La Legislatura deberá resolver ahora si ratifica o no el convenio rubricado con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ya que si lo valida podría estar abriendo la puerta a la futura aprobación del referido proyecto de ley, que está para su análisis en Comisión.
