l contador Jorge Norberto Cerrotta, ex presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF) y protagonista de una serie de hechos polémicos durante su paso por la provincia, es uno de los diez nuevos indagados que tendrá la causa judicial conocida como “ruta del dinero K”, donde se investiga corrupción con la obra pública nacional y lavado de dinero a través de empresas vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez.
Cerrotta es uno de los contadores que de acuerdo al primer testimonio brindado por el financista Federico Elaskar, lo “apretó” para que vendiera la empresa S.G.I SA, el lugar bautizado como “la cueva” o “la Rosadita” donde según investiga la Justicia Federal pasaron los millones Báez para ser lavados en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza.
El juez federal Sebastián Casanello lo citó ayer a prestar declaración indagatoria el próximo 18 de mayo, dentro de un cronograma que incluye a 27 personas, entre ellas Báez y sus hijos, y donde una decena de imputados harán su descargo por primera vez desde el inicio del caso.
En el ámbito nacional, Cerrotta fue también jefe de contadores en la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que dependió del ex ministro Planificación Federal Julio de Vido.
Sin embargo, entre 2006 y 2008, el contador tuvo un agitado paso por Tierra del Fuego, ocupando varios cargos durante el mandato del ex gobernador provincial Hugo Cóccaro y quedando vinculado a denuncias que lo tuvieron como protagonista.
Cerrotta fue nombrado, primero, gerente general del BTF, y luego director de la entidad, el 15 de febrero de 2007, a través del decreto 581/07.
En julio de ese año, Cóccaro perdió las elecciones y no tenía fondos suficientes para pagar los sueldos de la administración pública, por lo que pidió un crédito de $16 millones a la entidad crediticia oficial.
El entonces presidente Vicente Fernández, se negó a concederlo, con el argumento de que la operación ponía en riesgo las cifras de encaje de la entidad ante el Banco Central, y entonces el gobernador solucionó el problema: aceptó la renuncia de Fernández y designó en su lugar a Cerrotta que autorizó el empréstito a las pocas horas.
El contador de “La Rosadita” fue nombrado también síndico de la fallida empresa Recursos Naturales Sociedad Anónima (RENASA) variante local de la nacional ENARSA, en mayo de 2007, mientras en forma simultánea era director del BTF, pero la designación fue rechazada por la Legislatura.
La función pública no era un obstáculo para la continuidad de sus negocios, ya que el 16 de mayo de 2007 (mientras era funcionario del BTF) constituyó la empresa Trust Brokers Sociedad de Bolsa SA.
Según el contrato societario publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la compañía estaba integrada por otros familiares y su objeto era “dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a (…) agentes de bolsa (…) realizando cualquier clase de operaciones sobre títulos públicos o privados”, entre otras actividades relacionadas.
Centro de denuncias
Ya en 2008, cuando la gobernadora Fabiana Ríos había sucedido a Cóccaro, Cerrota fue denunciado penalmente por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, quien lo acusó de “incompatibilidad de funciones”, tras verificar que mientras presidía el banco provincial, era a su vez “síndico del Banco Privado de Inversiones S.A”.
La administración Ríos también lo tuvo a maltraer por otro motivo: hizo valer una cláusula constitucional que fija como tope salarial el sueldo del gobernador.
Esta vez como “agente bancario”, Cerrotta demandó entonces a la propia provincia, con el argumento de que el tope no era aplicable al estatuto de la actividad, y logró que el juez Laboral Guillermo Penza fallara a su favor, condenando al Estado a pagar las diferencias salariales, de acuerdo a lo resuelto en el expediente Nº 4932/2009, caratulado “Cerrotta, Jorge Norberto c/ Banco Provincia de Tierra del Fuego s/ diferencias salariales”.
Copas de más
El contador vinculado a Lázaro Báez tampoco se privó de tener un incidente vial durante su paso por Tierra del Fuego.
Es que el 22 de abril de 2007, a las 5.10 de la madrugada y en la avenida Maipú de Ushuaia, fue detenido por la policía cuando conducía el vehículo patente TTF–104.
Aquella vez lo sometieron a un test de alcoholemia que resultó positivo, por lo que el rodado fue secuestrado por las autoridades y quedó ligado a un proceso contravencional.
El 8 de junio de 2007, cuando le faltaba un mes para presidir el BTF, la jueza de Faltas de Ushuaia Adriana Pérez Torres dictó sentencia en la causa T–107262–00/07 y resolvió inhabilitar a Cerrotta para conducir vehículos por el término de seis meses, por lo que su carnet fue retenido por las autoridades.
En el fallo se menciona que el contador tenía en sangre cuatro veces más alcohol que el permitido para manejar.
