or segunda vez en ocho meses, el presidente de la empresa Glisud SA, Enrique Pinto, eludirá a la Justicia de la provincia y no será indagado hoy en la causa penal donde se investiga a directivos de la firma que operó durante el manfredottismo y al ex vicegobernador Daniel Gallo por presunto lavado de activos, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Pinto debía ser indagado por el juez de instrucción Javier de Gamas Soler, pero el lunes presentó un certificado médico argumentando su imposibilidad de viajar a Ushuaia (se encontraría en la ciudad de Buenos Aires) debido a que está afectado por un “cuadro de estrés”, según se desprende del documento entregado en el juzgado por su abogado defensor.
Ante ello, la primera indagatoria de la causa por lavado será nuevamente suspendida y el juez deberá resolver si constata el estado de salud de Pinto a través de un perito médico, o si directamente posterga la declaración fijándola en otra fecha diferente.
El titular de Glisud debió ser indagado el 15 de agosto del año pasado, de acuerdo un cronograma que el mismo tribunal había establecido en junio de 2016.
Sin embargo, sus abogados requirieron un aplazamiento de la fecha y el juez De Gamas Soler se lo concedió, atendiendo a que el 21 de septiembre del mismo año, Pinto iba a ser juzgado en juicio oral y público en la denominada “causa principal de Glisud”, donde se investiga la presunta compra fraudulenta de créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Además de esa postergación, el magistrado aceptó lo propio -en aquel momento- con las declaraciones indagatorias que iban a prestar el ex vicegobernador Gallo, la ex apoderada de Glisud Graciela D´adamo y el ciudadano uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, a quien se le adjudica ser un “fabricante” de empresas en Uruguay, Argentina y Panamá, entre otros países, y que está vinculado con un supuesto préstamo de 140 mil dólares a Glisud, a través de la firma uruguaya Crider Trading SA.
Después, el 19 de septiembre, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un recurso de casación y suspendió la realización del juicio oral, argumentando que se habían producido errores procesales en la notificación a los acusados.
Como consecuencia, De Gamas Soler reprogramó las indagatorias en la causa de lavado a partir de hoy, si bien Pinto tampoco concurrirá y con ello habrá eludido el juicio en la causa principal y dos veces la indagatoria por lavado.
Según fuentes judiciales, pese al “estado de salud” del presidente de Glisud, el resto del cronograma se cumpliría en las próximas semanas con las declaraciones del resto de los involucrados.
Glosario de la impunidad
Glisud es una sociedad fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede era un prostíbulo de Buenos Aires que se conformó para apropiarse de los créditos y de las propiedades que administraba el Fondo Residual del BTF, con la presunta complicidad de las autoridades de la época, según demostró la Justicia provincial en la causa Nº16787.
El ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los integrantes de la empresa: Pinto, D´adamo y Francisco Grondona fueron procesados en doble instancia por la operatoria en que Glisud se quedó con tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público llevado a cabo el 30 de diciembre de 2002.
La Justicia demostró que la compañía pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades: no se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 % de la oferta, acusaron los fiscales.
También se comprobó que la oferta presentada por D´adamo era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que había sido confeccionada en las oficinas del Fondo Residual.
Pero los investigadores también avanzaron sobre el origen de los fondos utilizados por Glisud para comprar los créditos subvaluados del banco fueguino.
La compañía presidida por Pinto adquirió títulos públicos depositando $298.700 pesos de la época en una cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego, a través de un procedimiento sospechoso.
Pinto argumentó haber obtenido los fondos de un préstamo de la empresa Crider Trading SA, representada por Cardozo García, aunque al momento de la operatoria, el propio Pinto era también representante de la misma compañía y por lo tanto se habría prestado el dinero (140 mil dólares) a sí mismo.
La Justicia sospecha que en ese “acuerdo de mutuo” entre Glisud y Crider Trading, las firmas son falsas, porque además el documento secuestrado en Uruguay, durante un allanamiento, carece de datos elementales como el lugar y la fecha de celebración.
Es por eso que los investigadores consideran que el dinero para las operatorias de Glisud en Tierra del Fuego no habría venido de Uruguay, sino de “hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”, según puede leerse en el expediente.
En ese sentido, la Justicia tiene por probado que Pinto, presidente de Glisud, fue empleado del ex vicegobernador Gallo en la legislatura provincial en el momento en que se cometieron los presuntos ilícitos, y también fue su asesor durante cuatro años cuando Gallo fue diputado nacional, entre 2004 y 2007.
Por su parte D´adamo, ex apoderada de Glisud, fue contratada de Gallo en la legislatura y luego en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se ha detectado en otro proceso judicial”, afirmaron los fiscales.
En la misma causa también está imputado el ex gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, quien a través de una intermediación entre Glisud y un empleado suyo, Jorge Abalo, pretendió quedarse con una de las propiedades del fondo residual del banco fueguino, aunque el juez De Gamas Soler aun no lo llamó a declaración indagatoria.
