l fiscal de Río Grande Eduardo Tepedino rechazó ayer los pedidos de excarcelación de los cuatro hombres detenidos en la causa donde se investiga el abuso sexual de una niña de tres años y la muerte posterior de la pequeña junto a su hermano de 5 años como consecuencia del incendio de la casilla que ambos habitaban, el pasado sábado.
De esta forma, el juez penal Sergio Dieguez debía resolver al cierre de esta edición, si comparte el criterio fiscal o libera al padre, el abuelo y el tío de los menores, quienes junto a la ex pareja de la abuela son los únicos imputados que posee el caso.
“El juez debe tomar la decisión. De nuestra parte manifestamos que no corresponde hacer lugar a los pedidos de excarcelación, porque existe riesgo de fuga de los acusados y porque en libertad podrían interferir en el desarrollo de la investigación”, sostuvo Tepedino en conferencia de prensa.
Franco Lazarte (5) y Emili Celeste Lazarte (3) fallecieron el sábado a la tarde como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono y de las graves quemaduras sufridas durante el incendio de la casilla de madera que habitaban en la calle Karukinká 573, ubicada en el asentamiento Fuerza Unida de la Margen Sur de Río Grande.
La investigación tuvo un vuelco cuando las autopsias sobre los cuerpos, realizadas horas más tarde, arrojaron que la niña había sido violada poco antes de su muerte.
La policía provincial realizó, poco después del hecho, una serie de averiguaciones que terminaron con la detención de Johan Franco Lazarte (25) padre de los chicos, Rubén Fabián Lazarte (43) abuelo de los pequeños, Ulises Daniel Mancilla (24) tío de las víctimas y Juan Ricardo Gómez, ex pareja de la abuela de los niños.
El juez Dieguez indagó hasta antenoche a todos los sospechosos, y se encontró con que los tres familiares directos, representados por el defensor oficial Pablo Gasalla, se negaron a prestar declaración, mientras que solo aceptó hablar Gómez, defendido por el abogado particular Miguel Gutiérrez.
La ex pareja de la abuela de los chicos, y dueño de la casa incendiada, negó haber amenazado con “quemar la vivienda si la familia no la desalojaba”, como manifestó la madre de los niños en una declaración testimonial.
Voceros judiciales precisaron que Gómez “reconoció la existencia de discusiones con los miembros de la familia, pero aclaró que nunca emitió amenazas relacionadas a provocar un incendio en la vivienda”.
Por su parte el fiscal Tepedino explicó que dentro de la misma causa se investigan “dos eventos”: por un lado “el origen del incendio, que puede haber sido accidental o doloso” y por otra parte “el abuso sexual a la niña, ya que las pericias preliminares indican que el niño no fue abusado”.
Sobre el origen del fuego, Tepedino señaló que el perito de bomberos que ya había sugerido en un informe la hipótesis de un “hecho accidental, originado en un cortocircuito eléctrico”, declaró ayer de forma testimonial y “ratificó que se habría tratado de un accidente”.
De todos modos, el funcionario judicial señaló que se investigan algunos “indicios” relacionados con la posibilidad de un hecho premeditado como por ejemplo que “no había puesto un picaporte en el lado interior de la puerta principal de la casa”, con lo que los chicos no habrían podido escapar del humo y el fuego aún si lo hubieran intentado.
La madre de las víctimas, Gabriela del Valle Zerda (24) también declaró como testigo al igual que otras mujeres del entorno familiar, y ninguna manifestó tener alguna sospecha de los abusos proferidos a la menor.
La Justicia fueguina confirmó que ya envió a un laboratorio de Buenos Aires las 40 muestras de ADN que recogieron los investigadores, entre ellas las muestras de semen encontradas en el cuerpo de la niña que serán comparadas con material genético de cada uno de los sospechosos, a través de un procedimiento que demorará “unos diez días en tener resultados”, según informaron desde la justicia.
En tanto, el ministro jefe de gabinete del Gobierno provincial, Leonardo Gorbacz, sostuvo que "desde el Ministerio de Salud se dispuso un equipo de apoyo de salud mental que ha intervenido y se encuentra a disposición y en articulación con la Justicia" para contener a los familiares de las víctimas.
