Por ajustada mayoría se derogó el régimen de equiparación salarial para los docentes nacionales
Legislatura - 3ª sesión ordinaria

Por ajustada mayoría se derogó el régimen de equiparación salarial para los docentes nacionales

Las leyes territoriales que desde hace más de 30 años obligaban al Estado fueguino al pago de un subsidio para equiparar el salario que perciben los docentes nacionales que prestan servicios en instituciones que funcionan dentro la provincia con el que cobran sus pares provinciales, quedaron sin efecto a partir de ayer. A pesar de haber sido acompañado por el bloque UCR-Cambiemos en comisión, el proyecto del Ejecutivo resultó aprobado únicamente con los votos de la bancada oficialista. La derogación no generaría perjuicio alguno a los docentes universitarios, ya que actualmente sus salarios estarían por encima de los que perciben sus equivalentes provinciales.
19/05/2017
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on los 8 votos de los Legisladores del Bloque del FPV-PJ quedaron derogadas las leyes territoriales que obligaban al Estado fueguino a pagar un subsidio mensual al personal docente y no docente que dependa de las universidades nacionales con sede o delegación en Tierra del Fuego el Territorio, equivalente a la diferencia de escalas salariales de éstos y quienes desempeñen funciones análogas en jurisdicción provincial.
El proyecto remitido por el Ejecutivo había cosechado en el aval de los legisladores oficialistas y de la UCR-Cambiemos que integran las comisiones de Legislación General y de Educación, pero a pesar de ello el bloque radical ayer no acompañó con sus votos la sanción de la iniciativa, ya que pretendía que la misma fuera remitida nuevamente a comisión. Postura que contó con el insuficiente respaldo de la bancada del MPF como para prosperar.
De acuerdo al información a la que accedió EDFM, desde inicios de la gestión Bertone la Provincia no está pagando la referida equiparación salarial al personal docente y no docente de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad de Tierra del Fuego, ya que las retribuciones que perciben superan a las de docentes de los Institutos Provinciales de Educación Superior.
Tampoco hubo respaldo unánime para la adhesión a la ley nacional 27.328 - “Contratos de Participación Público Privada” ni para la ratificación de “la carta de intención para el fortalecimiento del federalismo” firmada con Nación en diciembre del año pasado, por la cual las partes las partes se comprometieron, entre otras cuestiones,  a adoptar medidas para impulsar la convergencia al equilibrio fiscal en cada jurisdicción en el año 2019 y mejorar de manera progresiva la calidad de los servicios prestados por el Estado; como tampoco para convalidar la designación de Daniel Moya como Subcontador General de la Provincia. En todos estos asuntos la negativa corrió por cuenta de los 4 legisladores mopofistas. Otro tanto ocurrió con la adecuación del Programa Provincial de Asistencia al Celíaco, aunque en este caso la disidencia del MPF tuvo que ver con que desde ese bloque se proponía incorporar al proyecto incentivos fiscales y apoyo financiero para fomentar la producción local de alimentos libres de TACC.
El resto de los asuntos que integraban el Orden del Día resultaron aprobados por unanimidad, entre ellos la adhesión a las leyes de presupuesto nacional 2016 y 2017, específicamente en lo referido a la flexibilización del gasto público y a las nuevas pautas de responsabilidad fiscal; la ratificación de acuerdo por el cual la Provincia se comprometió a solventar el funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante un aporte equivalente al 1,9% de los recursos que le corresponda percibir de la recaudación neta total a cargo de la AFIP; la sanción de la ley que estableció el nuevo marco regulatorio del ejercicio profesional del Trabajo Social, y la ampliación de 126 cargos para el sector Salud.
Más allá del unánime respaldo que se dio a la mayoría de los proyectos remitidos por el Ejecutivo, la sesión de ayer no estuvo exenta de críticas a la gestión de la gobernadora Bertone, ya que tanto los 4 legisladores del MPF como el radical cuestionaron el notorio desinterés demostrado por el Ejecutivo por suministrar en tiempo y forma la información que se le requiere mediante pedidos de informes.

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