a funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y su tío procesados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado utilizaron tres modalidades distintas para apropiarse de planes Red Sol destinados a personas carenciadas, según se desprende de los fundamentos de la resolución dictada por el juez penal Javier de Gamas Soler a la que accedió EDFM.
El fallo sostiene que tanto la ex directora general de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio, Ayelén Magalí Golovca, como su pariente, Héctor Segovia, armaron una “compleja maquinaria criminal” y mediante “maniobras engañosas” consiguieron cobrar 150 planes de “manera ilegítima”, alzándose con un botín estimado de 300 mil pesos, solo en el período que abarcó la investigación.
Pero ¿cómo lo hicieron?
De acuerdo al accionar que pudo reconstruir la Justicia, una de las formas se basaba en la “conducta omisiva de Golovca”, que no informaba a la Dirección General de Administración Financiera (DAF) las bajas de los beneficiarios del programa RedSol.
De esta forma, “de cara a los beneficiarios (la funcionaria) daba la noticia de que no continuarían formando parte del programa de ayuda económica, pero en los registros internos, continuaban activos”, describe el juez en su resolución.
Así, se abría el camino para que la directora confeccionara autorizaciones destinadas al cobro de esos planes, y se las entregara a su tío Segovia, quien “las cobraba en la entidad bancaria con el nombre de los titulares, sin que ello despertara ninguna sospecha”.
La segunda modalidad de la defraudación implicaba utilizar los datos personales de cualquier ciudadano para incorporarlos al padrón de beneficiarios RedSol.
En la causa judicial hay testimonios de personas que figuran cobrando planes y nunca tramitaron uno, o alguna vez averiguaron sobre el beneficio pero nunca concluyeron el trámite.
Y la última metodología descubierta por los investigadores consistía en dar de alta a beneficiarios que acudían al Ministerio a solicitar la ayuda económica, y luego demorarles el pago con argumentos como que el trámite iba a llevar más tiempo o directamente no pagándoles nunca el importe comprometido de 2000 pesos mensuales.
De este modo, mientras el beneficiario real no cobraba pero estaba dado de alta en el sistema interno del Ministerio, el “tío autorizado” se presentaba en el Banco y cobraba a nombre del que nunca veía el dinero.
Según De Gamas Soler, Golovca “repartió tareas con su tío Segovia para poder concretar el hecho delictivo, uno de ellos actuando dentro del Estado (la mujer) y el otro (el hombre) concurriendo a la entidad bancaria para obtener el botín”
“La maniobra delictiva tuvo lugar dentro del Ministerio, lugar donde Golovca tenía las facultades necesarias para suscribir las autorizaciones ilegítimas que utilizaría luego su cómplice externo, para luego hacerse, entre ambos, del dinero producto de la defraudación al Estado provincial”, reconstruye el fallo judicial.
Por estos motivos, el juez consideró a la directora como “autora materialmente responsable del delito, con pleno dominio del hecho”, y entendió que Segovia cumplió “el papel de partícipe necesario, sin el cual no podría haber podido concretarse la acción delictiva”.
Por otra parte, el magistrado sobreseyó a diez personas que si bien cobraron planes ajenos utilizando autorizaciones, lo hicieron “no por voluntad propia sino por contingencias propiciadas por los propios funcionarios del Ministerio”.
En esos casos se tuvo en cuenta la “necesidad apremiante” de quienes acudían en busca de la ayuda, y que ninguno de ellos lo hizo por un tiempo prolongado, nunca por más de tres meses consecutivos.
El otro episodio que investigó la Justicia es la “insolvencia fraudulenta” en que habría incurrido Golovca cuando se dio cuenta de que su situación en la causa no era de las mejores y que corría riesgo de ser embargada en sus bienes, como de hecho ocurrió ahora.
De Gamas Soler constató que la mujer simuló entonces la venta de una camioneta de su propiedad, una Nissan Frontier comprada en 536 mil pesos, a su actual pareja Eduardo Daniel Nuñez, que también fue procesado como cómplice de la maniobra.
Los oficiales de Justicia secuestraron ese vehículo y el juez dispuso que, una vez firme el procesamiento, sea entregado a las autoridades del Ministerio en carácter de depositario judicial, “para su utilización en el marco de las políticas públicas que allí se desarrollan y que se vieron entorpecidas por motivo de los aquí investigados”, argumentó el magistrado.
