a jueza penal de Ushuaia María Cristina Barrionuevo dictó el sobreseimiento definitivo del empresario Antonio Javier Celentano, en la causa judicial donde se investiga una presunta maniobra para cobrarle al Estado provincial unos $6 millones por suministros nunca entregados entre los años 2000 y 2003, que fue denunciada por la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos en 2014.
Barrionuevo siguió así el lineamiento determinado por un fallo de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, que el mes pasado había confirmado el procesamiento de cinco ex funcionarios, había procesado a otros dos, pero había dictado la falta de mérito del empresario por entender (en mayoría) que no tenía conocimiento de la maniobra delictiva para defraudar a la administración pública.
La “falta de mérito” es una medida intermedia que le daba la opción a la jueza de primera instancia de realizar nuevas medidas probatorias tendientes a corroborar la participación de Celentano en el hecho, o a descartarla en forma definitiva.
Sin embargo, Barrionuevo entendió en una resolución dictada semanas atrás (pero que trascendió ayer) que la investigación “se encuentra agotada” y que “no existen nuevas pruebas para realizar que permitan revertir la falta de mérito”, por lo que “corresponde aplicar un criterio desincriminante respecto de Celentano”.
La jueza afirmó que “no correspondía” emitir opinión sobre los resuelto por los camaristas, pero aclaró que “todas las constancias probatorias incorporadas a estas actuaciones fueron analizadas al momento de resolver la situación procesal de todos los imputados”, entre ellos el empresario dueño de la concesionaria Toyota y de una distribuidora de alimentos.
Por su parte el fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, dictaminó que “no compartió ni comparte” los fundamentos de los jueces Jorge Luis Jofré y Ernesto Loffler que desvincularon del caso a Celentano, por lo que además de apelar su sobreseimiento, hizo reserva de acudir en casación por el fallo de la Cámara que le dictó “falta de mérito”.
El caso se remonta a agosto de 2013, cuando por orden de la ex gobernadora Ríos, el ex ministro de Economía Osvaldo Monti, constituyó una comisión investigadora para analizar los pagos a la empresa Celentano, luego de que la firma iniciara dos juicios contecioso administrativos contra el Estado, reclamando una deuda impaga de cerca de $20 millones.
Esa comisión llegó a la conclusión de que en aproximadamente 100 facturas de las presentadas por el proveedor se habían agregado dos ceros (es decir multiplicado los importes por 100) de manera de “inflar la deuda”, y que por lo tanto, el Estado había pagado por servicios no prestados una suma de alrededor de $10 millones.
Cuando la denuncia de la gestión Ríos llegó a la Justicia Penal, la jueza Barrionuevo analizó distintas pericias y concluyó que la maniobra había servido para incrementar los montos facturados en $6.007.549,87, o sea en “un 79% del capital reclamado”.
La defensa de Celentano (a quien Barrionuevo procesó primero, la Cámara dictó falta de mérito y ahora la jueza sobreseyó) argumentó que “los errores de copia o de puntuación” en los “listados de apoyo” utilizados para el cobro de las operaciones “no son idóneos para configurar una defraudación”, porque “los controles se deben hacer necesaria y exclusivamente sobre las facturas que son los únicos documentos indubitados que acreditan la acreencia”. “Sostener lo contrario implicaría una comodidad y desgano imperdonable en cabeza de quienes deben resguardar el erario público”, indicaron los abogados defensores del empresario, y agregaron críticas a la comisión investigadora creada por Ríos, acusándola de “falta de aptitud técnica” y de “total parcialidad”.
Según Celentano, lo ocurrido obedeció a una “conducta errática del Estado provincial” que “a lo largo del tiempo ha variado de la postura de invocar la inexistencia de las prestaciones que dan sustento a la deuda reclamada, a alegar que lo que antes no existía ahora fue abonado en exceso”.
Mientras tanto, en la causa están procesados por la misma maniobra que según la Justicia no involucra al empresario, los ex contadores generales Andrea Fabiana Page y Marcelo Luis Rolfo (que se desempeñaron en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo) el auditor del Tribunal de Cuentas Rafael Aníbal Choren, el ex Contador General Alfredo Raúl Iglesias y el ex ministro de Economía Héctor Horacio Sosa (estos dos últimos de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro), además del ex secretario de Hacienda Gabriel Armando Allegro y del ex ministro de Economía Juan Manuel Romano (de la gestión Colazo).
