l ex juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Félix González Godoy, presentó una demanda judicial contra la provincia donde plantea la inconstitucionalidad de la ley 1062, respecto del aporte extraordinario que realizan todos los meses los jubilados del ex IPAUSS (y también un sector de los trabajadores en actividad) para un Fondo Solidario destinado al pago de los haberes jubilatorios.
La demanda fue interpuesta hace varias semanas aunque recién trascendió en la víspera, y según fuentes judiciales aún no comenzó a ser analizada en sus planteos de fondo, porque antes tuvo lugar un trámite vinculado con la competencia de los tribunales que finalmente tendrán intervención en el expediente.
Al parecer el ex magistrado del máximo tribunal fueguino interpuso la acción ante el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez de primera instancia Guillermo Penza.
Sin embargo, Penza se habría declarado incompetente para intervenir en el caso y habría girado las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, por entender que la materia de que se trata la causa se corresponde con el ámbito de actuación de ese organismo.
Este medio consultó ayer a fuentes del STJ y la respuesta fue que el expediente aún no fue enviado para su tratamiento, por lo que se espera que ello ocurra en los próximos días.
González Godoy es uno de los tres jueces de la Corte provincial que accedieron al beneficio jubilatorio a través del denominado régimen de “jubilación anticipada” que instauró la ley 460 sancionada a fines de 1999 a instancias del ex gobernador Carlos Manfredotti, días antes de asumir en el cargo.
El sistema, hecho a medida de los entonces miembros del Poder Judicial, permitió la jubilación con solo 5 años de aportes al sistema previsional, y su carácter de “obligatorio” generó una polémica entre quienes lo consideraron un avasallamiento de la garantía de inamovilidad de la que gozan los magistrados, aunque el caso fue extraño porque los propios jueces “avasallados” lucían cómodos con un régimen que los beneficiaba y que incluso impulsaron ellos mismos.
Además, González Godoy cobra una de las jubilaciones más altas del actual sistema. Según la liquidación del mes de mayo, percibió $156.855.
Otros ex magistrados jubilados por la ley 460 también cobran cifras similares, como el ex juez del STJ Tomás Hutchinson que percibe $162.636 mensuales, o el ex integrante de la Corte Omar Carranza, que recibe $127.951.
En la misma época que se jubilaron los tres miembros del Superior Tribunal también lo hicieron jueces de Cámara, como Mario Eduardo Basso, que cobra una jubilación de $135.788 o Héctor Reynaldo Yarade, que percibe un haber de $124.888 cada 30 días, según surge de la información proporcionada por el propio Gobierno en el sitio Gestión Transparente.
Por tratarse de jubilaciones mayores a $65.001, la ley 1062, de emergencia previsional sancionada en enero del año pasado, les estipuló el máximo de aporte extraordinario para el Fondo Solidario, consistente en un 15 % del haber bruto.
De esta forma, González Godoy aporta mes a mes el 15% de $156.855, es decir, $23.528.
La demanda judicial que ahora quedará en manos de los actuales integrantes del STJ, plantea la supuesta inconstitucionalidad de ese aporte.
Fuentes previsionales informaron que aunque se trata de un caso emblemático por el nivel de las jubilaciones de los ex jueces, existen actualmente “más de un centenar” de recursos administrativos contra los aportes al Fondo Solidario, y habría más que van a terminar en la Justicia.
Las jubilaciones “anticipadas” son 552 (incluyendo los casos ajenos al Poder Judicial) y constituyen el 8,6% del total de haberes jubilatorios que paga el ex IPAUSS.
Un dato llamativo es que pese a ello, las jubilaciones superiores a $65 mil representan el 13,96% del total de la masa de haberes que liquida el sistema, casi lo mismo que las jubilaciones más bajas (de cero a $25 mil) en las que se invierte el 14,49% del total pese a que representa en cantidad, el 26% de todos los jubilados.
