l actual presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia y titular del ex IPAUSS, Rubén Bahntje, cargó ayer contra el “grupo de personas, familiares y allegados” al secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Pablo Michelli, que “durante un tiempo” tuvieron el manejo de las oficinas del organismo en la delegación Buenos Aires, y los acusó de “manejarse como si no tuvieran que rendir cuentas de sus actos”.
Bahntje se refirió así a la denuncia que presentó en diciembre del año pasado contra varios empleados de esa delegación, por el presunto cobro fraudulento de cheques destinados al pago de prestadores, afiliados a la obra social y gastos de caja chica.
A raíz de esa presentación, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler ordenó llamar a prestar declaración indagatoria, entre el 9 y 10 de agosto, a la entonces Jefa de División Elizabeth Micheli, hermana del secretario general de la CTA, a la ex delegada del ex IPAUSS en Buenos Aires Marisa Sánchez (consuegra de Elizabeth Micheli), a la ex responsable de uno de los fondos permanentes de la delegación, Nadia Margaride (cuñada de Marisa Sánchez), y a los agentes Alfredo Ríos y Álvaro Chavarría, quienes deberán concurrir a tribunales acompañados de un abogado defensor, tal como informó EDFM el pasado lunes.
“La impresión que uno tiene a la distancia es que la delegación terminó siendo manejada en una época por un grupo de personas que, por afinidad familiar, concentraban toda la administración y creyeron que no tenían obligación de rendir cuentas. Ahora se lo tendrán que decir al juez de la causa”, aseveró Rubén Bahntje.
El funcionario recordó que los dineros públicos que habrían sido sustraídos corresponden a tres fondos permanentes que habitualmente se rinden de manera mensual y nunca pasan de un ejercicio a otro.
Sin embargo, en esta oportunidad, una auditoría interna realizada el año pasado detectó fondos sin rendir del año 2014.
“Comenzamos a hacer los reclamos y gran parte del personal presentó la documentación pendiente. Pero un grupo de personas no daba respuesta, o apelaba a evasivas y presentaciones con abogados. Esto fue muy llamativo y por eso se decidió solicitar al Banco de Tierra del Fuego una copia de los cheques emitidos contra esos fondos. Para sorpresa nuestra, había una serie de cheques que habían sido cobrados por los mismos empleados”, describió el ahora presidente de la Caja Jubilatoria.
También agregó que ante esa evidencia y la falta de explicaciones, se optó por la denuncia penal, lo que desencadenó la investigación que actualmente se encuentra en curso.
“El juez de la causa citó a estas personas para que expliquen el destino de estos recursos, que son públicos y estaban bajo su responsabilidad”, aseguró.
