Indagarán al defensor público de Ushuaia acusado de cobrar por sus servicios con electrodomésticos
Juan Carlos Assan enfrenta una causa penal y podrían destituirlo

Indagarán al defensor público de Ushuaia acusado de cobrar por sus servicios con electrodomésticos

Así lo resolvió la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo. Assan deberá presentarse el próximo lunes 21 de agosto. El ex contador general de la provincia Marcelo Rolfo, dijo que a cambio de la defensa en un juicio por corrupción, el defensor le pidió que le pagara con “un horno eléctrico y un lavarropas”. Hay mails que probarían esa actividad y la Justicia secuestró los electrodomésticos en la vivienda del acusado. Rolfo ya declaró como testigo.
04/08/2017
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a jueza de instrucción de Ushuaia María Cristina Barrionuevo citó para prestar declaración indagatoria al defensor público de Ushuaia Juan Carlos Assan, en la causa penal donde se lo investiga por cobrarle a uno de sus asistidos con electrodomésticos, según confirmaron ayer a EDFM fuentes oficiales de la Justicia.
Assan, quien ya se encuentra separado del cargo a raíz de su vinculación con otra causa por una presunta estafa, deberá comparecer ante la magistrada el próximo lunes 21 de agosto, con el patrocinio de un abogado, y esta vez podrían acusarlo del presunto delito de “exacciones ilegales”, detallaron las fuentes.
De esta forma, el defensor tendrá por primera vez la oportunidad de hacer su descargo formal acerca de la acusación que promovió el ex  Contador General de la Gobernación durante la gestión gubernamental de Jorge Colazo, el contador Marcelo Rolfo, a quien Assan asistió durante un juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción.
Rolfo le contó al jefe de Defensores Públicos de la provincia, Gustavo Ariznabarreta, que a cambio de la tarea desarrollada en el juicio y en recursos judiciales posteriores, Assan le pidió la compra de “un horno eléctrico y un lavarropas”.
El ex funcionario provincial pudo demostrar sus dichos porque conservaba un intercambio de mails con su defensor público, donde se hacían alusiones explícitas al intercambio.
Al enterarse del hecho, el propio Ariznabarreta (jefe directo del acusado) formuló la denuncia penal ante la Fiscalía, lo que dio lugar a que el fiscal Mayor Guillermo Massimi realizara un requerimiento de instrucción y comenzara la investigación penal.
Barrionuevo reunió evidencia fundamental cuando ordenó allanamientos en dos propiedades del defensor y logró secuestrar los electrodomésticos que habrían formado parte de la operatoria irregular, ya que los defensores públicos no cobran personalmente honorarios por su trabajo (para ello perciben un sueldo del Estado) y mucho menos pueden recibir una contraprestación en especies.
Según trascendió en la víspera, en el expediente ya fue agregada una declaración testimonial prestada por Rolfo, en la que ratificó los términos de la conversación sostenida con Ariznabarreta.
El contador sostiene que Assan le dijo que “mientras se calculaba el importe final de sus servicios (como defensor)” podía ir “adelantándole pagos” a través de la compra de distintos productos.
Los correos electrónicos, que serían “más de diez” y que hacen referencia al tema, contienen frases comprometedoras, como por ejemplo cuando Assan le reclama a su asistido por el atraso en la compra del horno eléctrico, y le advierte que a raíz de ello sigue teniendo “un hueco en la pared de su casa”.
En otro mail le advierte que “no me llegó el horno”, mientras que también consta un intercambio insólito de correos donde luego de entregado el mencionado electrodoméstico, Assan se queja de que no era el acordado, plantea el maltrato del que fue objeto por parte de los empleados del comercio proveedor y hasta afirma que siente vulnerado sus derechos como consumidor.
La causa también involucra, aunque de manera indirecta, a la esposa del defensor, también empleada del Poder Judicial, que habría sido quien fue a retirar el horno al comercio de Ushuaia donde su cliente lo había pagado.
Por otra parte, Assan está procesado por “estafas reiteradas” en la causa donde se investiga la operación de compra de un predio en el barrio Los Cauquenes.
Ese caso analiza el contrato por el que se comprometió a pagar el terreno de 110 mil dólares en cuotas.
Al parecer, el contrato lo obligaba a pagar en dólares y él resolvió por su cuenta hacerlo en pesos y a través de depósitos en una cuenta bancaria distinta a la que había sido acordada contractualmente.
Como la cuenta en pesos fue cerrada por su titular, el funcionario judicial continuó depositando las cuotas y el banco le devolvía el importe con su “ineludible conocimiento”, según constató la Justicia.
Además, el defensor está acusado de acudir a una escribanía en octubre de 2013 y de intentar escriturar el terreno a su nombre, valiéndose de los comprobantes de las transferencias fallidas.
Con el avance de ambas causas, su destitución definitiva del Poder Judicial aparece como cada vez más cercana.

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