iez efectivos del servicio penitenciario que estaba procesados por provocar malos tratos a presos, evitarán ser sometidos a juicio oral y público luego de que sus respectivos abogados defensores presentaran un pedido de omisión de debate. Dicha solicitud fue consentida por la Fiscalía y ahora resta que se defina la imposición de una pena en suspenso en el ámbito del Tribunal de Juicio en lo Criminal.
El Fiscal Mayor Guillermo Mássimi había acusado a los uniformados por “severidades, vejaciones y apremios ilegales”.
La causa se remonta al 28 de agosto de 2010 cuando un grupo de presos inició una revuelta en la Alcaidía de Ushuaia debido a que se oponían al traslado de un interno hacia la ciudad de Río Grande. Concretamente a las 8 de la mañana de esa jornada, un grupo 5 penitenciarios ingresaron al Pabellón N° 1 con el objeto de proceder al traslado del interno Luis Alberto Coñocar Mansilla a la Unidad de Detención de Río Grande.
Si bien dicho interno fue retirado de su celda y sacado rápidamente del pabellón, varios internos salieron de sus celdas y comenzaron a cuestionar al personal penitenciario -que ya había egresado del pabellón- por el motivo del traslado de su compañero, lo que originó una discusión cuya intensidad fue incrementándose con el transcurrir de los minutos.
Por un lado, los uniformados intentaban ingresar nuevamente al pabellón, y por otro, los detenidos se lo impedían al mismo tiempo que colocaban en ambas puertas de ingreso, distintos elementos pesados, como mesas, camas y todo tipo de mobiliario existente en el pabellón.
El ambiente comenzó a cargarse de humo, producto de la quema de alguno de los elementos utilizados por los detenidos como contención, a la vez que empezaron a escucharse los primeros disparos de escopeta -cargadas con posta de goma-, describió el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi en su requerimiento de elevación a juicio.
El personal penitenciario finalmente logró franquear el acceso e ingresar al pabellón, sin dejar de efectuar disparos. Al mismo tiempo, personal de bomberos arrojó gran cantidad de agua al sector, por lo que frente a ambas circunstancias los internos se replegaron hasta el interior de las celdas.
“Puede afirmarse en base al relato de los protagonistas que, cuando los funcionarios lograron ingresar al pabellón, la autoridad penitenciaria retomó en forma inmediata el control del sector, por lo que los incidentes podían considerarse finalizados”, explicó el Fiscal.
La golpiza y la humillación a los internos
Una vez que los penitenciarios tomaron el control, los internos fueron separados en dos grupos. “Uno de ellos fue conducido al Sector de Sala íntima ubicado en el mismo piso, y el otro, a planta baja, a un pasillo de Jefatura de Policía, habiéndolos hecho descender también en forma violenta, golpeándolos y en algunos casos, arrastrándolos de los pelos”, describió Mássimi en la elevación a juicio.
Para el Ministerio Público en forma coordinada, “es decir, en virtud de una orden común, los funcionarios obligaron a todos los internos, tanto a los que se encontraban en la planta baja como a los del primer piso, a colocarse boca abajo en el piso, uno al lado del otro: les precintaron las manos por detrás del cuerpo; les quitaron el calzado, les taparon la cabeza con una manta o frazada; les arrojaron agua fría -abriendo las ventanas en el sector superior- y comenzaron a golpearlos con palos o tonfas en distintas partes del cuerpo; aunque con especial énfasis en la planta de los pies, talones y tobillos. Al mismo tiempo un oficial los humillaba invitándolos a pelear. Asimismo, alguno de ellos, arrojó a los detenidos gas pimienta en el rostro, mientras que otro funcionario orinó en la cabeza a uno de los internos”, sostuvo el acusador.
En el requerimiento de elevación a juicio el fiscal Mássimi imputó a los penitenciarios: Juan Ramón Condorí, Adrián Enrique Suárez, José Héctor Miño, Ricardo Daniel Zapata, Jorge Adrián Romero, Walter Daniel Moncada, Raúl Edgardo Ciares, Mauricio Sebastián Daguerre, César Alberto González y Nadia Vanina Torres. Cabe señalar que en el caso de Cesar Gonzalez la Fiscalía no pudo probar que hubiese participado de la golpiza aunque para Mássimi eventualmente podría haber incurrido en el incumplimiento de deberes por no haber denunciado a sus compañeros.
