ras la exposición realizada por autoridades de la Agencia de Recaudación fueguino ante 12 Legisladores -faltaron Urquiza y Löffler del MPF, y Rubinos de la UCR- parece estar todo dispuesto para que el Parlamento aborde mañana el acuerdo que extiende hasta noviembre de 2027 la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área Magallanes a favor del consorcio integrado por YPF- ENAP. Lo que hasta la tarde de ayer no estaba garantizado eran los 10 votos necesarios para su ratificación.
En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Legislación General, el Director Ejecutivo de la AREF, Luis Capellano, y el Gerente Técnico de Recaudación Hidrocarburífera, Franco Armanini, fueron los responsables de explicar los alcances del convenio que fuera rubricado el viernes 25 de agosto por la gobernadora Bertone y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez.
Teniendo en cuenta que la Provincia de Santa Cruz acordó la prórroga con YPF sobre la porción del área de su jurisdicción en 2012 y que Nación hizo lo propio el año pasado, Capellano explicó las razones que demoraron el acuerdo entre la provincia y la petrolera de capital accionario mayoritariamente estatal.
Reseñó que la Provincia había planteado que la obra de interconexión entre los gasoductos San Martín y Fueguino, para garantizar el abastecimiento de gas interno, fuera financiada por YPF como parte de los compromisos asumidos por la prórroga de la con concesión, y que si bien inicialmente la empresa había dado su visto bueno luego rechazó esa pretensión, lo que generó una obvia complicación en la negociación. Esa divergencia quedó salvada cuando YPF accedió a pagarle a la Provincia unos 3 millones de dólares en compensación por la no realización de la obra.
Por su parte, Franco Armanini -quien hasta integrase a la AREF se desempeñaba en la Secretaría de Energía e Hidrocarburos e integró la comisión de renegociación- precisó que a esos 3 millones de dólares se le sumaron otros 3 millones de dólares en concepto de contribución extraordinaria por la compensación económica que la petrolera recibió del Gobierno nacional hasta el año pasado en el marco del programa de estímulo a la inyección de excedente de gas natural. Esos 6 millones de dólares, más los 7,9 millones de dólares en concepto de bono de prórroga deben ser pagados a los 10 días de que el convenio sea ratificado por la Legislatura.
YPF también accedió a pagar otros 2 millones de dólares por las compensaciones 2017 del plan gas, en la medida en que Nación se las vaya liquidando a lo largo del 2018.
El funcionario agregó que además, y tal lo contempla la ley de hidrocarburos 27.007, se pactó elevar del 12 al 15 el porcentaje de regalías a favor de la Provincia, lo que le reportará a las arcas fueguinas, en un cálculo conservador, unos 4,2 millones de dólares al año. El monto podría incrementarse en función de la mejora de producción de gas que YPF pretende lograr mediante la implementación del denominado Proyecto Incremental Área Magallanes, que se estima llegará de una producción actual de 2,4 MMm3 día actuales a una de 4MMm3 día.
Enojos y dudas
La exposición de los funcionario de la AREF, que estuvo acompañada con la proyección de cuadros informativos, no generó ningún tipo de consulta por parte de los Legisladores, pero si el, por cierto, justificado enojo del mopofista Villegas, que cuestionó que los parlamentarios no contarán con copia del convenio. En ese momento se supo que el documento ya estaba en poder del Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el oficialista Federico Bilota, que recién entonces las distribuyó a sus pares.
Villegas consideró tal situación una falta de respeto para con los parlamentarios de la oposición. Lamentó también no poder aprovechar la presencia de los funcionarios de la AREF para evacuar inquietudes que pudieran haber surgido del análisis previo del convenio, por lo que adelantó que difícilmente pueda acompañar la ratificación del mismo en la sesión de mañana. Aun cuando ningún otro legislador acompañó públicamente ese planteo, trascendió que algunos integrantes del bloque oficialista compartirían esa opinión, lo que haría peligrar la ratificación del convenio.
