l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego comenzó a juzgar ayer en Ushuaia a una mujer de 31 años acusada del presunto delito de trata de personas agravado y tenencia de estupefacientes, a raíz del operativo realizado entre el 28 y el 29 de noviembre de 2015 en un privado de la ciudad de Río Grande, donde fueron liberadas 11 mujeres que según la acusación habían sido captadas para su explotación sexual.
Mariela Hayde Rotela está sindicada como la persona que regenteaba un privado ubicado en la calle Ameghino 857 de Río Grande en el que “se ejercía el comercio sexual” y se retenía parte del dinero obtenido por esa actividad a las “11 víctimas, seis de nacionalidad argentina, tres paraguayas y dos dominicanas”, según explicitó el fiscal Marcelo Rapoport en el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
El Ministerio Público dio por demostrado que Rotela se encargaba de “captar” a las mujeres en otras provincias e incluso en el exterior del país, “aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social”, para después costearles el pasaje aéreo a Tierra del Fuego y someterlas a un régimen de explotación sexual con el que lucraba.
El juicio a Rotela comenzó pasadas las 9.40 con la lectura de la acusación fiscal, donde se detalló que la investigación comenzó a fines de 2014 con un llamado anónimo a un teléfono de la Policía Provincial.
Los investigadores indagaron luego, a través de tareas de inteligencia, que en el privado había habitaciones en la planta alta donde se realizaban “pases” (encuentros sexuales con los clientes) mientras que en la parte inferior se servía alcohol.
Los clientes pagaban “entre 500 y 700 pesos por pase”, en tanto que el “40% de los pases y el 50% de las copas” se los quedaba la responsable del lugar.
El fiscal también hizo hincapié en que las víctimas sufrían “descuentos” de su dinero para la limpieza de la casa, la promoción que se realizaba vía un sitio web, los pasajes con los que habían llegado a la isla, préstamos y prendas de vestir.
Además, al momento del allanamiento fueron constatadas “condiciones de higiene deficiente” en el lugar, al mismo tiempo que se comprobó que varias de las víctimas tenían “hijos y otros familiares a los que no podían viajar a ver nunca”.
Intervenciones telefónicas agregadas al expediente dan cuenta de conversaciones de la mujer con el encargado de una agencia de turismo, ultimando los detalles de los viajes de dos de las mujeres, una procedente de Buenos Aires y otra de Tucumán.
La Fiscalía consideró que Rotela cumplió con los requisitos del delito de “trata de personas” al “captar, trasladar y acoger a las mujeres en un lugar para su explotación sexual”, y que el delito se vio agravado por la “cantidad de víctimas” y por el aprovechamiento de la vulnerabilidad social de las involucradas, todas con estudios básicos incompletos y con necesidades económicas apremiantes.
Por otra parte, la acusación se complementó con la de “tenencia de estupefacientes” ya que en uno de los allanamientos fueron secuestrados 700 gramos de marihuana y 23 gramos de cocaína.
En cambio, el abogado defensor de Rotela, Lucas Sartori, planteó en las cuestiones preliminares al juicio que “no existió un rescate de las mujeres” porque luego del allanamiento el lugar siguió funcionando, y logró incorporar como prueba documental una causa penal donde se daría cuenta de un robo ocurrido en el privado con posterioridad al operativo de trata.
A su vez, La jueza y única integrante del Tribunal, Ana María D´Alessio, no le concedió a la defensa la posibilidad de poder citar como testigo a una de las presuntas víctimas, en el entendimiento de que ya no había tiempo material para que pudiera ser evaluada por un equipo especializado y que se determinara si la declaración no implicaba un riesgo para la salud psíquica de la mujer.
Rotela fue citada luego a prestar declaración indagatoria, pero se negó a hablar haciendo uso del derecho que la asiste, antes de que el tribunal comenzara a escuchar a los primeros testigos de una lista de 18 convocados para declarar en el juicio.
