l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó el viernes a 8 años y 6 de meses de prisión a Mariela Haydé Rotela, una mujer de 31 años acusada del delito de trata de personas agravado y tenencia de estupefacientes, a raíz de un operativo realizado en la ciudad de Río Grande entre el 28 y el 29 de noviembre de 2015.
La jueza y única integrante del Tribunal para esta causa, Ana María D´Alessio, consideró a Rotela como la responsable de haber captado a 9 mujeres en situación de vulnerabilidad social (de un total de 11 que habían sido requeridos por la Fiscalía) y de haberlas explotado sexualmente en un privado que funcionó en la calle Ameghino 857.
La sentencia también incluyó una multa de $20 mil por el delito de trata y de $200 por la tenencia de la droga (700 gramos de marihuana y 23 gramos de cocaína) hallados en el procedimiento.
Durante el juicio oral y público realizado la semana pasada en Ushuaia, la fiscal auxiliar María Hermida había solicitado una condena 10 años de prisión para Rotela, mientras que el abogado defensor de la acusada, Lucas Sartori, había requerido la absolución.
En la instrucción del caso, el fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dado por demostrado la captación, acogimiento y explotación de “11 víctimas, seis de nacionalidad argentina, tres paraguayas y dos dominicanas”.
El Ministerio Público dio por probado que Rotela se encargaba de “captar” a las mujeres en otras provincias e incluso en el exterior del país, “aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social”, para después costearles el pasaje aéreo a Tierra del Fuego y someterlas a un régimen de explotación sexual con el que lucraba.
Los investigadores concluyeron que en el privado había habitaciones en la planta alta donde se realizaban “pases” (encuentros sexuales con los clientes) mientras que en la parte inferior se servía alcohol.
Los clientes pagaban “entre 500 y 700 pesos por pase”, en tanto que el “40% de los pases y el 50% de las copas” se los quedaba la responsable del lugar.
El fiscal también hizo hincapié en que las víctimas sufrían “descuentos” de su dinero para la limpieza de la casa, la promoción que se realizaba vía un sitio web, los pasajes con los que habían llegado a la isla, préstamos y prendas de vestir.
Además, al momento del allanamiento fueron constatadas “condiciones de higiene deficiente” en el lugar, al mismo tiempo que se comprobó que varias de las víctimas tenían “hijos y otros familiares a los que no podían viajar a ver nunca”.
Intervenciones telefónicas agregadas al expediente dan cuenta de conversaciones de la mujer con el encargado de una agencia de turismo, ultimando los detalles de los viajes de dos de las mujeres, una procedente de Buenos Aires y otra de Tucumán.
El agravamiento del delito se produjo por la “cantidad de víctimas” y por el aprovechamiento de la vulnerabilidad social de las involucradas, todas con estudios básicos incompletos y con necesidades económicas apremiantes.
En cambio, la defensa negó siempre el delito con el argumento de que “no existió un rescate de las mujeres” porque luego del allanamiento el lugar siguió funcionando, algo que no fue considerado por el tribunal al momento de expedirse.
