l legislador Ricardo Furlan (FPV) destacó en relación al conflicto entre la Provincia y los municipios de Ushuaia y Río Grande en torno a la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario urbano que, en la Constitución Provincial, “se resolvió que los municipios lo sigan cobrando porque fue una Constitución municipalista de cabo a rabo”. Y remarcó que la ley 1075 invita a los municipios a adherir a la normativa, y que de ningún modo busca afectar la potestad tributaria de los municipios.
Furlan manifestó en diálogo con el programa Capicúa de FM del Sur que “nosotros aprobamos la ley de buena fe entendiendo que no se iban a tocar los recursos municipales anteriores, y entendiendo también que cada uno de los municipios debía adherirse a la ley”.
“Después vinieron vientos políticos distintos y alguno entendió que la Legislatura le dio la facultad de ir y presentarse en la Justicia”, observó, ante lo cual “nosotros dijimos ‘ojo AREF, si hay doble imposición fijate porque no puede existir’”. Y agregó que “si nosotros estamos considerando esto es porque estamos reconociendo que el impuesto es municipal”.
El legislador fue contundente al afirmar que “el que representa a la Provincia es el Fiscal de Estado”, y respondió de este modo a la consulta sobre la presentación judicial que encaró la AREF.
Furlan planteó que “sobre esto tiene que haber una definición netamente política” al punto que “desde el año vengo proponiendo que las partes se junten para poder avanzar y confío en que esto se va a poder resolver a través de la política y no de la Justicia”.
En tanto, estimó que si los municipios dejan de percibir el Inmobiliario “en el caso de Ushuaia el impacto por mes sería de unos 13 millones de pesos, unos 150 millones al año”.
“Es un impacto muy importante teniendo en cuenta, ya que si tomamos el presupuesto municipal de 2018 es la obra pública de todo el año”, advirtió finalmente el parlamentario, analizando uno de los aspectos que hacen a la autonomía municipal.
