La empresa fantasma que operó durante el manfredottismo

“Escándalo Glisud”: Fijaron para el 8 de marzo de 2018 el inicio del juicio oral y público

Es en una de las dos causas penales derivadas de la actuación de la compañía que se quedó con créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego. Investigan una presunta defraudación al Estado. Está involucrados autoridades del Fondo y directivos de la empresa. El caso tuvo múltiples dilaciones hasta que un fallo del Superior Tribunal dictado en julio de este año habilitó la instancia del juicio y el Tribunal Oral le puso fecha y hora.
11/12/2017
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l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia fijó para el 8 de marzo de 2018 a las 9 horas el inicio del juicio oral y público en una de las dos causas penales derivadas del denominado “Escándalo Glisud”, donde se investiga a la empresa fantasma que operó durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti para quedarse con propiedades subvaluadas del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
El caso que llegará a juicio después de un sinnúmero de dilaciones es el caratulado “García Casanovas, Ángel Gustavo y otros sobre defraudación contra la administración pública”, donde se analiza la responsabilidad del ex presidente y del ex secretario del Fondo Residual, además de directivos de la compañía Glisud SA, por una maniobra realizada a fines de 2002, cuando la empresa resultó adjudicataria de créditos hipotecarias a través de un concurso de precios que, según la Justicia, estuvo plagado de irregularidades.
La causa 1574 que recién llegó a la etapa de juicio en 2014 terminó de destrabarse a mediados de este año, cuando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó varios planteos realizados por la defensa de Enrique Rolando Pinto, el presidente de Glisud, y exhortó al Tribunal Oral a que realice el juicio “en el menor tiempo posible”.
Junto a Pinto están imputados en la causa el ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los ex apoderados de Glisud Francisco Grondona y Graciela D´adamo.
Pinto fue empleado de planta política durante los cuatro años de la gestión manfredottista, y asesor del ex vicegobernador Daniel Gallo en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que D´adamo también fue asesora de Gallo en la Legislatura.
El juicio iba a realizarse el 21 de septiembre del año pasado, después de innumerables vaivenes judiciales, pero fue suspendido a partir de un fallo del mismo Superior Tribunal que constató un “error” en el proceso de notificación de los imputados.
A su vez, la defensa de Pinto planteó dos nuevos recursos de casación, uno contra una resolución del Tribunal Oral que rechazó un pedido de recusación de los jueces Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, y otro contra una decisión del tribunal que también rechazó varios planteos de nulidad, entre ellos por una supuesta vulneración del derecho a la defensa.
Sobre estos dos últimos recursos se pronunciaron en julio de este año los jueces de la Corte Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Muchnik, rechazando los planteos y habilitando la instancia del juicio oral.
Glisud es la empresa fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede supo ser un prostíbulo de Buenos Aires.
Hasta el momento, la Justicia demostró “prima facie” que la compañía se presentó como oferente en el concurso público organizado por el Fondo Residual el anteúltimo día de 2002, y se quedó con tres créditos del organismo respaldados por garantías hipotecarias.
Glisud pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades. No se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 % de la oferta.
Sin embargo, la principal sospecha es que la oferta presentada por D´adamo (en nombre de Glisud) era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que habría sido confeccionada en las oficinas del propio Fondo Residual.
Hasta el momento, ninguno de los planteos presentados por la defensa de los acusados apunta a contradecir los hechos que la justicia de instrucción tuvo por corroborados, sino que se focalizan en aspectos procesales y en “intentar dilatar o impedir la realización del juicio”, según afirmó el comerciante Abel Zanarello, querellante y damnificado por la presunta maniobra defraudatoria.
A su vez, una causa judicial paralela investiga el origen de los fondos utilizados por Glisud para comprar los créditos del Residual, bajo la hipótesis de un supuesto lavado de activos.
En ese expediente, la Justicia indagó al empresario uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, integrante de una compañía que le habría prestado fondos a Glisud y conocido por estar ligado a la “fabricación” de cientos de empresas fantasmas, además de al ex vicegobernador Daniel Gallo, a Pinto y a D´adamo.
La causa investiga el origen de casi $300 mil pesos de la época (equivalente a unos $1,5 millones actuales) con que Glisud adquirió títulos públicos y después ofertó y ganó los derechos sobre tres créditos con garantía hipotecaria que dieron origen a la causa por defraudación a juzgarse en marzo.

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