l llamado “consenso fiscal” firmado la semana pasada entre el Gobierno provincial y los municipios de Ushuaia y Tolhuin, incluye una nueva reforma jubilatoria, la segunda desde la asunción de la actual gobernadora Rosana Bertone.
El acuerdo no zanja las diferencias entre el Gobierno y las municipalidades sobre qué organismo tiene la potestad para cobrar el impuesto inmobiliario (el tema seguirá en órbita de la Justicia) aunque sí establece la adhesión a un organismo federal de catastro que reevaluará los costos de las propiedades en Tierra del Fuego.
Además, el “consenso” compromete a llevar adelante un régimen de prejubilaciones y retiros voluntarios de empleados públicos en cada jurisdicción, a generar una reestructuración del subsidio al gas envasado priorizando a los que tengan menos capacidad de pago y a coparticipar fondos nacionales destinados a obra pública.
En materia fiscal, las partes acordaron adherir al régimen nacional de responsabilidad fiscal (ley nacional 25.917) y a efectuar modificaciones tributarias para cumplir con la reforma fiscal impulsada por el Gobierno nacional.
Todos estos puntos están incluidos en el documento que suscribieron el pasado miércoles la gobernadora Bertone, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el de Tolhuin, Claudio Queno, cuyo contenido solo se había difundido hasta ayer de manera fragmentada, y que se conocía por repercusiones de funcionarios pero no porque alguno de los organismo intervinientes hubiera dado a conocer el texto completo.
Según establece el propio compromiso, para quedar vigente, el acuerdo debe ser aprobado por la Legislatura provincial y por los concejos deliberantes, antes del 31 de diciembre de este año.
Reforma jubilatoria
El apartado más extenso del “consenso fiscal” está destinado a una nueva reforma jubilatoria, y de allí se desprende el visto bueno de los intendentes a una serie de medidas que les evitan hacerse cargo del déficit previsional originado por sus propios empleados, tal como establece la ley vigente hasta ahora.
En ese sentido, el acuerdo menciona una serie de medidas “coyunturales” y “estructurales” para cubrir parte del déficit de $2600 millones reconocido por la Caja de Previsión Social para los próximos tres años.
El compromiso incluye prorrogar por dos años la emergencia previsional, y si bien elimina los aportes al Fondo Solidario de sustentabilidad del régimen que realizaban trabajadores activos y jubilados (a partir de fin de año) lo reemplaza por otros aportes especiales.
Por ejemplo, los jubilados con menos de 10 años de aportes al sistema fueguino, realizarán un aporte compensatorio (no se sabe de cuánto).
También se creará un fondo de sustentabilidad con el 15 % de la remuneración de los trabajadores activos que ganen más del sueldo de la gobernadora.
La edad jubilatoria de aquellos que hayan aportado mayoritariamente a otras cajas previsionales, ya no será la del régimen fueguino, sino un prorrateo de todos los sistemas involucrados, mientras que solo accederán al 82% de jubilación quienes hayan aportaron 25 años efectivos al sistema fueguino.
Las jubilaciones se actualizarán dos veces al año “de acuerdo a la variación salarial de los diferentes escalafones”, y la jubilación por edad avanzada seguirá siendo a partir de los 70 años.
Por su parte los bonos que se reciban de Nación, como compensación del 15% del ANSES, se destinarán al pago de deudas previsionales del gobierno y los municipios, mientras que se subirá en un punto (del 3 al 4%) el importe de las intermediaciones financieras para ser destinado a la Caja de Previsión.
Impuesto Inmobiliario
En relación al Impuesto Inmobiliario, el acuerdo establece que se adoptarán “los procedimientos y metodología de evaluación uniformes establecidos por el organismo federal de catastro”.
Los municipios aceptaron utilizar este procedimiento aunque la Justicia les confirme la potestad de percibir el tributo, y se comprometieron a fijar alícuotas de entre el 0,5 y el 2%.
En este punto, la duda es cuánto subirá el impuesto al considerar las valuaciones comerciales en lugar de las fiscales, si bien desde distintos sectores se alertó que desde hace más de una década, el impuesto viene siendo ajustado en función de un coeficiente relacionado con el índice inflacionario.
Otros puntos
-Los retiros voluntarios o prejubilaciones de empleados públicos serán financiados por la Nación a través de créditos especiales. Incluirán capacitaciones e incentivos de reinserción laboral.
-Se reestructurará el subsidio al gas envasado en la provincia, y se le dará a prioridad a los que menos ganen.
-Se distribuirán con los municipios que adhieran los recursos del Fondo Federal Solidario o Fondo de la Soja, acrecentando los montos sobre los municipios que no participen.
-Los recursos provenientes de la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias, destinados a obra pública, se coparticipará con los municipios que adhieran.
-Se promoverá la adecuación de tasas de manera que se correspondan con la “concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio”.
-Se presentará a la Legislatura una reforma del Código Fiscal, de acuerdo a la Tarifaria, y en línea con el Consenso Fiscal Nacional.
-La Provincia y las Municipalidades se reunirán en un plazo máximo de 15 días para compensar las deudas mutuas que mantengan.
