as municipalidades de Ushuaia y Río Grande anunciaron que apelarán el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que le otorga al Gobierno provincial -tras una acción declarativa de certeza que impulsó la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)- la potestad de percibir el Impuesto Inmobiliario urbano, que hoy está en manos de las ciudades.
Por el lado de Ushuaia la secretaria Legal y Técnica, Victoria Vuoto, manifestó que “los fundamentos que se utilizaron echan por tierra la historia normativa y constitucional de la Provincia”, aunque aseveró que “al impuesto lo vamos a seguir cobrando como corresponde”. En declaraciones a FM Aire Libre la funcionaria dijo que “nos sorprendió muchísimo el fallo” ya que “es un expediente que pasó a sentencia a resolver hace seis días y ya tenemos sentencia en una causa que venía bastante compleja por los distintos planteos de las partes”.
En ese sentido, admitió que “esperaba un análisis por ahí más exhaustivo de la cuestión así que me sorprendieron los tiempos, y también me sorprendió el contenido”.
Consideró que el fallo “termina confirmando lo que nosotros veníamos diciendo desde el inicio, que era que estamos frente a un conflicto de poderes encubierto en una declarativa de certeza, que son dos acciones distintas de lo jurídico” porque “el conflicto de poderes se da entre provincias y municipios que disputan potestades, y para eso tiene que estar el Fiscal de Estado que es quien representa a la Provincia y no a la AREF”. Y agregó que “en este esquema se dio una acción declarativa de certeza donde en realidad terminaron resolviendo sobre potestades, y resolvieron que la potestad le correspondía a la Provincia”.
Además, entendió que el fallo “corrobora lo que veníamos diciendo desde un inicio sobre la peligrosidad de habilitar una vía judicial que no tiene por objeto definir a quien le corresponde un impuesto para efectivamente definirlo, sin la parte legitimada que es el Fiscal de Estado”.
“Lo hemos planteando en cada escrito que presentamos que es una afectación clara del derecho de defensa, y ni que hablar de que el contenido que se termina definiendo que la potestad es de la Provincia echa por tierra toda la construcción política de la provincia y de la historia normativa y constitucional de nuestra provincia”, enfatizó.
Ante esta decisión del STJ confirmó que el intendente Walter Vuoto “decidió recurrir a la instancia de la Corte Suprema de Justicia a defender lo que nos corresponde, estamos convencidos de que nos asiste razón en los sólidos fundamentos jurídicos y vamos a acudir al máximo órgano constitucional de nuestro país para obtener el resguardo para garantizar la justicia del caso”.
En tanto, observó que “es una sentencia que no está firme” y por ello “al impuesto lo vamos a seguir cobrando como corresponde, vamos a seguir ejerciendo nuestras potestades y facultades, obviamente en el marco de que tenemos todas las herramientas jurídicas y la Constitución desde la tutela en juicio y las garantías constitucionales de la doble instancia hasta las armas procedimentales que nos habilita la vía de la Corte para habilitar esa instancia”.
“Por el momento la situación va a seguir siendo la misma para los municipios, Ushuaia va a seguir recaudando su impuesto como corresponde en el marco de sus facultades y ejerciendo sus potestades y competencias hasta tanto se resuelva en la instancia superior a la que vamos a acudir porque tenemos esa vía abierta y entendemos que tenemos que defender la autonomía allí; será la Corte Suprema de Nación la que de la última palabra al respecto”.
Finalmente, la secretaria legal y Técnica planteó que “se pierde de vista cuál es el rol que tienen los municipios y cuál es el andamiaje jurídico que lo sustenta, porque en los fundamentos de la sentencia hay una mirada muy provincial de la cuestión en la normativa; no se dice en ningún momento de los argumentos que las cartas orgánicas municipales hablan de que los impuestos son propiedad de los municipios, tanto el Inmobiliario como el Automotor, no se las refiere a las cartas orgánicas como si no existieran”.
Runín: “Recurriremos a la Corte Suprema”
“Era una decisión que estábamos esperando, por eso ya habíamos definido presentar un recurso federal extraordinario y esa vía vamos a seguir”, Mientras tanto, el secretario de Gestión y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Río Grande, Federico Runín, dijo que “la sentencia fue notificada en el día de hoy (por ayer) al Municipio, pero entendemos que la misma no está firme, aún queda una instancia más y es donde acudiremos a través de nuestros abogados”.
“Si podemos decir que era un resultado adverso que ya veníamos avizorando, dado que durante el proceso en octubre ya nos habían rechazado las excepciones previas, e incluso en noviembre mediante una nueva sentencia interlocutoria se dejó sin efecto un traslado a la Fiscalía de Estado, achicando los plazos del procedimiento”, argumentó.
Runín remarcó que “no compartimos en absoluto el contenido de la sentencia y estamos trabajando intensamente con nuestros abogados”, tras lo cual añadió que “es importante que el vecino sepa que no se trata de una sentencia firme” y que “nada va a cambiar, porque esto será llevado a la Corte Suprema de la Nación, porque vamos a defender a ultranza la autonomía municipal y el bienestar de las familias de la ciudad, agotando todos los recursos institucionales en esto, frente a las consecuencias que podría traer aparejado este cambio que pretende el Gobierno de la provincia, perjudicando las arcas municipales y la economía de los hogares de la ciudad”.
En este sentido, el Secretario advirtió que conforme al consenso fiscal firmado por el Gobierno provincial, siguiendo con las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, de producirse el traspaso al Estado provincial el cobro del Impuesto Inmobiliario el tributo mostraría un aumento considerable, incluso modificando su base imponible llegando a quintuplicarla.
“Seguiremos un recurso extraordinario federal, porque debemos defender los fondos de la ciudad, los que se usan para hacer obras, mejorar servicios, construir gimnasios y plazas, pavimentar calles, brindar asistencia a los que lo necesitan”, recordó Runín.
Respecto de la cuantía del Impuesto Inmobiliario en materia presupuestaria explicó que “representa 75 millones de pesos en el presupuesto, con lo cual uno puede hacer estimaciones de la magnitud del impacto, de una cuestión que para nosotros aún no está definida, ya que hay una instancia más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Como era una resolución que estábamos esperando es que ya veníamos trabajando en cómo seguiremos defendiendo a la ciudad, y al Municipio, frente a esta violación de nuestra autonomía”, concluyó.
