a gobernadora Rosana Bertone defendió la reforma fiscal y la previsional sancionada en la última sesión de la Legislatura, negó la existencia de una suba desmedida de impuestos y reafirmó su idea de “no armonizar ni transferir a la Nación” a la Caja de Previsión Social.
En relación a los cambios fiscales, la Gobernadora dijo que “sólo aumentamos dos índices de impuestos y bajamos otros”, porque “si hubiéramos aumentado todos los que nos permitía la Nación (a través del consenso fiscal) hubiéramos recaudado cerca de $1800 millones más y eliminado el déficit de la provincia, pero decidimos no hacerlo”, explicó durante un reportaje con EDFM.
En ese sentido, la mandataria observó que “hicimos pequeñas correcciones” y “no hubo ningún impuestazo ni nada que se le parezca”.
Por su parte, sobre la reforma jubilatoria, la Gobernadora recordó que su gestión comenzó con una situación “complicadísima” del ex IPAUSS, y sostuvo que “con la primera reforma (se refiere a la de enero de 2016) nos quedamos cortos”.
“En este caso yo hubiera sacado la progresividad de la edad jubilatoria y hubiera fijado la edad en 60 años para hombres y para mujeres. Los legisladores no lo compartieron y entonces se creó este mecanismo que permite jubilarse antes de los 25 años de aportes aunque sin el 82%. Era una alternativa y así fue aprobado”, señaló.
Según Bertone, estos cambios permiten cierta gradualidad para ir también manejando el déficit de la Caja y comenzar a tener jubilados con edades más razonables.
“El sistema tiene jubilados a los 40 y 41 años. Cuando yo asumí la mayoría se jubilaba a los 45. Hoy ya estamos en un promedio de 53 años. Es la forma de cuidar el sistema y de cumplir con mi promesa que sigue siendo no armonizar la Caja ni transferirla a Nación”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo.
“Metimos en cana a varios narcos”
La gobernadora de la provincia también hizo hincapié en la lucha contra el narcotráfico, en especial a partir de los cuestionamientos que tuvieron las compras secretas de equipamiento para el área de Seguridad.
En ese sentido, admitió los problemas en la primera explicación brindada a los legisladores sobre ese tema, pero también dijo que le parece mal “contarle a los narcos que tenemos acá, con qué tipo de elementos vamos a perseguirlos”.
“Metimos en cana a varios, como a los Crespi, que son de los más emblemáticos de la zona. Durante años los buscaron, a veces los detuvieron y después los liberaron otra vez. Ahora están presos”, señaló Bertone.
Al respecto, dijo que tiene la “vocación” de terminar con el narcotráfico en Tierra del Fuego y que está dispuesta a pagar costos como la discusión suscitada en la Legislatura.
“Creo que en esta provincia se puede controlar la droga. Si yo fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires por ahí lo pensaría. Pero acá se puede. Y para eso necesito elementos. No puedo mandar a la Policía a investigar sin ropa, sin calzado y sin tecnología”, afirmó.
La renuncia de Del Val
Por otra parte, en una nota concedida al periodista Alfredo Valdez, Bertone atribuyó a una “interna dentro del organismo” la renuncia del integrante del Tribunal de Cuentas Julio Del Val.
Según reveló la propia Gobernadora, uno de los funcionarios que lidera esa interna es el miembro del tribunal Miguel Longhitano, a quien la mandataria sitúa como “cercano” a la familia Loffler, de Río Grande.
Al parecer Longhitano impulsa una serie de denuncias contra una veintena de abogados de la matrícula que habían actuado en juicios derivados del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
“Hay un claro ataque de Longhitano hacia abogados de la matrícula, como Demetrio Martinelli o Carlos Andino, entre otros. Pienso que es una pelea de factores de poder de Löffler y Longhitano, y desde ahí arremeten contra colegas que han estado en el Fondo Residual”, declaró Bertone.
“Yo le venía diciendo a Julio (Del Val) que no quería quedar en medio de una guerra de poder que no generé, y no quiero que se persiga a colegas con causas que están prescriptas. No quiero que me vengan con esta guerra a mí. Si hay irregularidades que hagan las denuncias penales”, aseveró la mandataria.
También explicó que le pidió a Del Val hacer un dictamen en minoría detallando esta situación, y que como el contador no quiso quedar en medio de esa disputa, dio un paso al costado.
| Ley de dietas El aumento sería del 20 y no del 70% La eventual aplicación de la ley de dietas número 855 no implicaría un aumento del 70% en la remuneración de la Gobernadora y de los demás funcionarios que dependen de esa referencia, incluidos los legisladores, sino de aproximadamente un 20% de los que perciben en la actualidad. El dato equivocado, que informó ayer EDFM, surgió de tomar como la remuneración del intendente de Río Grande los $169.920 informados oficialmente en el sitio web del municipio para el mes de noviembre. Ocurre que en ese mes en particular, el intendente cobró un retroactivo u otro tipo de adicional, pero el sueldo habitual del funcionario, con el último aumento incluido, oscila los $110 mil. Según la ley de dietas, la remuneración de la Gobernadora se calcula como el 5% más que el promedio del sueldo del intendente de Ushuaia (que cobra unos $95 mil de bolsillo según fuentes oficiales) y el de Río Grande. En definitiva, si se aplicara la norma, Bertone pasaría a ganar de los aproximadamente $90 mil de bolsillo actuales, a unos $108 mil, es decir un 20% más. De todas maneras, fuentes oficiales ratificaron ayer la información anticipada por este medio de que la Gobernadora dictará un decreto autolimitando sus facultades y no implementando ningún incremento para la planta política. |
