l considerado como uno de los testigos principales del “Escándalo Glisud”, Víctor Tela, declaró ayer en la tercera jornada del juicio oral y público pero su exposición se vio acotada debido a que los jueces solo le permitieron contestar preguntas sobre el hecho específico sometido a proceso, y no sobre los antecedentes de la empresa cuyos integrantes están acusados de haber actuado en connivencia con funcionarios manfredottistas para quedarse con créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Tela, quien sostiene haber sido perjudicado por el mismo grupo de personas en una maniobra sobre unos terrenos en Tolhuin, aportó al expediente de Glisud una serie de pruebas clave sobre la constitución de la empresa y sus vínculos con el poder de la época.
Sin embargo, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia solo lo autorizaron ayer a que se refiriera al concurso público realizado el 30 de diciembre de 2002, donde el Fondo Residual le adjudicó a Glisud tres créditos hipotecarios, pagados con bonos de la deuda pública a valor técnico, y a través de una oferta que, según demostró la Justicia en la etapa de instrucción, resultó falsa.
Por esa maniobra están siendo juzgados por presunta “defraudación al Estado” el ex presidente del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo Néstor Sierra, el presidente de Glisud Enrique Pinto, los ex apoderados de la firma, Graciela D´adamo y Francisco Grondona, y Eduardo Filosa, comprador de otros créditos del Residual.
“Mi interés por Glisud surge porque varias de estas personas, ligadas a la causa de mis terrenos, tramitada en Buenos Aires, dijeron en ese expediente no conocerse entre sí. Y cuando me enteré por los diarios de los detalles del concurso de 2002, pensé que los datos podían servir para mi causa”, explicó Tela ante los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla.
Después dijo que a raíz de ello se contactó con “varias personas” que tenían interés o estaban a investigando a Glisud, como “la entonces diputada nacional Fabiana Ríos y el ex administrador del Fondo (luego denunciante del caso) Javier Da Fonseca, con quienes intercambié información, hasta que finalmente acerqué un informe con todos los datos a la ex fiscal (Marcela) Bragulat”.
El testigo contó que comparando la firma y el número de documento de la apoderada de Glisud D´adamo, en su causa en Buenos Aires y en el acta de apertura de sobres de la licitación del Fondo Residual, comprobó que la oferta presentada en Ushuaia (y que luego ganó el concurso por ser considerada la mejor oferta) era “falsa”, lo que ratificó más tarde en una declaración ante el juez de instrucción y lo que luego fue valorado por ese magistrado para dictar el procesamiento de los acusados.
No obstante, Tela no pudo desarrollar en su declaración de 40 minutos realizada ayer, cómo es que Glisud fue constituida por dos ancianas indigentes, cómo tuvo sede en un prostíbulo de Buenos Aires y, en especial, cuáles eran sus vínculos con el manfredottismo.
En este punto, el tribunal se puso firme en que solo aceptaría preguntas sobre la causa sometida a proceso, y no sobre otros hechos que están siendo investigados en causas todavía abiertas. Las defensas de los imputados también objetaron varias de las preguntas que se apartaban de esa premisa.
Aun así, Tela pudo decir que Pinto (presidente de Glisud) fue funcionario de la gestión Manfredotti en el área de economía durante los cuatro años que duró el mandato, y luego asesor en la Cámara de Diputados del ex vicegobernador Daniel Gallo, mientras que D´adamo fue asesora de Gallo en la Legislatura.
Declaró Raimbault
El ex legislador Manuel Raimbault también declaró como testigo en la víspera, en su carácter de denunciante del caso junto al ex legislador y senador nacional (fallecido) José Martínez.
El testimonio de una hora prestado por Raimbault sirvió para que el ex funcionario sostuviera por qué, a su criterio, el Fondo Residual debería haber aceptado en el concurso de 2002 una oferta “más conveniente” de dinero en efectivo, en lugar de la presentada por Glisud de 1,1 millones de pesos en bonos declarados en default.
Según Raimbault, con los bonos “se favoreció una maniobra especulativa”, realizada en un contexto donde “el Fondo Residual funcionaba bajo la figura de una entidad sin fines de lucro y ajena a cualquier control del Estado a pesar de que se dedicaba a recuperar fondos públicos”.
El ex legislador mantuvo varios contrapuntos con los abogados defensores que una y otra vez le remarcaron que la aceptación de los títulos (y a valor técnico) había sido expresamente autorizada por una ley y figuraba en el reglamento del pliego del llamado a concurso.
Por su parte, María Cristina Mitrovich, propietaria de la estancia San Justo, explicó a los jueces cómo adquirió una deuda con el BTF en la década del 90´, luego transferida por falta de pago al Fondo Residual, y como “la hipoteca fue cedida a Glisud sin que nadie me avisara y sin que nadie me dijera que podía ofertar títulos públicos como hizo Glisud”.
Mitrovich aseguró que tuvo “voluntad de pago” y que “ofreció pagar la deuda con unos terrenos”, mientras que desde las defensas insistieron que la mujer “nunca pagó la deuda hasta el día de hoy” y que “los lotes que ofertó para pagar no estaban escriturados ni a su nombre ni al de un tercero que tenía la posesión”.
Otra deudora del residual, Silvana Bello, declaró que tampoco le avisaron que podía pagar la deuda en bonos, y que logró recuperar la hipoteca a través de un acuerdo con el comprador del crédito, Antonio Celentano.
Por su parte una empleada del Fondo Residual explicó el funcionamiento administrativo del organismo, cuántas personas trabajaban y qué función cumplían, quiénes tenían llave de las oficinas y la clave para acceder al archivo de documentos y cómo los papeles se imprimían en una única impresora instalada en red con varias computadoras.
Estos aspectos son importantes para la causa porque la Justicia sospecha que la oferta falsa de Glisud se imprimió dentro del mismo Fondo Residual.
La jornada de testimonios también fue presenciada parcialmente por la ex gobernadora Fabiana Ríos, quien fue mencionada en la audiencia por haber sido quien investigó el caso en sus inicios, cuando era diputada nacional.
Los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9 en que continuará la ronda de testimonios.
| Habló Gustavo García Casanovas: “Me están juzgando por cumplir con la ley” Gustavo García Casanovas, ex administrador del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego y uno de los imputados en la causa Glisud, realizó declaraciones públicas ayer, una vez finalizada la audiencia, en las que sostuvo que la declaración como testigo del ex legislador Manuel Raimbault, denunciante del caso, “solo fue un planteo de su punto de vista político con respecto a las decisiones de la Legislatura antes de que él asumiera en 2002, que fue la que votó la posibilidad de aceptar títulos públicos en consonancia con una política nacional. Es decir que se me está imputando en esta causa que yo cumplí con una ley que estaba vigente y que según el punto de vista de Raimbault, (la ex gobernadora) Fabiana Ríos y otra gente, era contrario a lo que convenía”. Sobre la declaración del testigo Víctor Tela, Casanovas dijo que “él mismo admitió que toda la documentación presentada en la causa se la dio la ex diputada Ríos. Entonces desde algún lado hay una polarización evidente por la cercanía entre Raimbault, Ríos y toda esta situación”, señaló. “Ante la diferencia de concepción política entre la Legislatura que vota las leyes del Fondo Residual y la dirigencia que siguió después, termino con una denuncia penal en mi contra. Después, una empleada del Fondo Residual contó cómo había una sola impresora que podía usar cualquier persona y que la única que contaba con la llave de los archivos era ella. Y con esto se cae también cualquier idea posterior sobre nuestra participación en la falsificación de la oferta”, argumentó el abogado. |
