a quinta jornada del juicio oral y público por el denominado “Escándalo Glisud” se focalizó en la discusión sobre si la operatoria de cesión de créditos hipotecarios por parte del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, a favor de la empresa Glisud SA, realizada a fines de 2002, le produjo un perjuicio fiscal al Estado, un tema que viene dominando el debate judicial desde su inicio, y que retornó al recinto con la declaración testimonial del perito contador del Poder Judicial, Daniel Balihaut, producida el jueves.
Es que la Justicia investiga una presunta defraudación al Estado (así fue calificada hasta el momento) que se habría producido cuando integrantes de Glisud, una empresa “fantasma” constituida poco antes de la operatoria (fundada por ancianas indigentes, que tuvo sede en un prostíbulo) actuaron en “connivencia” con funcionarios manfredottistas para torcer el resultado del concurso donde se adjudicaron tres créditos del Residual, el 30 de diciembre de 2002.
Los investigadores demostraron en la etapa de instrucción, que la oferta de Glisud era falsa (en la firma y número de documento de su apoderada, Graciela D´adamo, imputada en el caso).
Sin embargo, lejos de los antecedentes de la empresa y del origen de la falsificación, el juicio gira en torno a si el Fondo Residual hizo bien o mal en aceptar la oferta de Glisud de $1,1 millones en bonos defaulteados, por sobre otra oferta de $600 mil en efectivo, realizada por el oferente Miguel Criado Arrieta.
Los títulos públicos tenían entonces un valor de mercado muy inferior a su valor técnico (producto de que el país se había declarado en default en 2001) con lo que la oferta en efectivo representaba más dinero inmediato que los títulos.
No obstante, como se encargan de remarcar una y otra vez las defensas de los seis acusados (entre ellos el ex presidente del Residual, Gustavo García Casanovas y el presidente de Glisud, Enrique Pinto) una ley provincial autorizaba al Fondo a tomar los títulos a valor técnico, algo que también se especificó en el pliego del concurso público.
En definitiva, ¿existió o no un perjuicio al aceptar como más conveniente la oferta de los bonos defaulteados por sobre la otra en efectivo?
El perito Balihaut dejó claro en su testimonio que se trata de una cuestión de interpretación. En su propia opinión, dijo que por más que la ley autorizaba a tomar los títulos a valor técnico, no debió hacerse una “interpretación literal de la norma”, sino que “debería haberse evaluado el contexto, que era la situación del default y el valor real de los bonos en el mercado”.
El especialista sostuvo que la ley estaba hecha “para una situación de normalidad que no existía en aquel momento por la situación macroeconómica del país”.
Incluso el contador refutó una postura de los defensores, al considerar que el administrador del Fondo tenía facultades para haber recibido la oferta en efectivo y haber comprado bonos, de manera de poder cancelar un monto de deuda mayor con el gobierno y posteriormente con el ex IPAUSS.
Balihaut también puso en duda que la facultad de pagar con bonos se pudiera extender de los deudores del Fondo, a los terceros que compraban los créditos, que era el caso de Glisud, algo que las defensas de los imputados tampoco compartieron.
Los abogados defensores también hicieron hincapié en una segunda pericia realizada por Balihaut, en oportunidad en que el ex IPAUSS se negó a recibir $11 millones en bonos recuperados por el Fondo Residual, a su valor técnico. En ese caso, el especialista opinó que no había perjuicio fiscal porque “los bonos eran los mismos, no cambiaba la cantidad” y “lo que existía era una discusión sobre cómo valorar esos títulos”, señaló.
Extraño intercambio
En ese contexto se produjo un extraño intercambio de palabras entre el fiscal Eduardo Urquiza y los integrantes del Tribunal Oral de Ushuaia.
Urquiza, a la hora de interrogar al perito, le preguntó si como experto, hubiera optado por la oferta en bonos o la realizada en efectivo.
El presidente de la audiencia, el juez Maximiliano García Arpón, no permitió la pregunta al interpretar que “no correspondía” porque había quedado claro que existían dos posturas sobre ese punto.
En ese momento, el juez Alejandro Pagano Zavalía tomó la palabra y dijo que “me parece que a todas las partes nos quedó claro, que si con $1,1 millones en bonos se podían cancelar $1,1 millones de deuda, y con $600 mil en efectivo se podía cancelar $600 mil de deuda, convenía aceptar los bonos”.
De inmediato, García Arpón agregó: “esa es una de las posturas”, y el propio perito, aún sentado como testigo, objetó: “yo no estoy de acuerdo” con lo que había dicho el juez Pagano Zavalía.
En la audiencia del jueves también declaró como testigo el perito de la Policía Hugo Monte de Oca, quien se refirió a la firma falsa de D´adamo descubierta en la oferta de Glisud y a la pericia que demuestra que ese documento se habría impreso en la impresora instalada dentro del propio Fondo Residual.
El tribunal pasó luego a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10 en que comenzará la etapa de alegatos. Primero alegará la querella que representa al Fondo Residual y el fiscal Urquiza, en tanto que después lo harán las defensas de los imputados.
