a Fiscalía pidió ayer penas leves, que van desde un año y seis meses a dos años de prisión en suspenso, para los seis imputados en el denominado “Escándalo Glisud”, mientras que la parte querellante que representa al Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego requirió condenas de cuatro años de cárcel.
Ambas solicitudes tuvieron lugar durante la etapa de alegatos que abrió la sexta jornada del juicio oral y público donde se investiga si funcionarios manfredottistas e integrantes de la empresa Glisud SA actuaron en connivencia para que la firma se quedara con créditos hipotecarios cedidos por el Fondo Residual a fines de 2002.
El alegato del fiscal Eduardo Urquiza sorprendió al requerir condenas que están muy cerca del mínimo legal para el delito en el que encuadró los hechos, y porque además el petitorio fue realizado después de que el propio Jefe de Fiscales, Oscar Fappiano, interviniera en la exposición argumentando los tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción a los que adhirió el país, y que habrían sido violados en ocasión de los episodio sometidos a juicio.
En definitiva, Urquiza solicitó una condena de dos años de prisión más inhabilitación por igual tiempo para el ex administrador del Fondo Residual Gustavo García Casanovas, y de un año y seis meses de prisión, más inhabilitación por igual tiempo, para Néstor Sierra, ex secretario de actas del organismo.
Por su parte, requirió una pena de un año y seis meses de prisión para Enrique Pinto, presidente de Glisud, Graciela D´adamo y Francisco Grondona, ex apoderados de la firma, y Eduardo Filosa, otro de los compradores de los créditos hipotecarios.
El fiscal consideró a García Casanovas como “autor material y penalmente responsable” del delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso ideal con uso de documento público falso”, mientras que al resto de los imputados los consideró “partícipes necesarios” de los mismos ilícitos.
Según Urquiza, quedó acreditado la “dolosa connivencia” entre los ex funcionarios y los responsables de Glisud, para la presentación de una “oferta falsa” en el concurso donde fueron cedidos tres créditos del Fondo Residual, el 30 de diciembre de 2002.
La Fiscalía dio por comprobado que la firma de la oferta (supuestamente realizada por D´adamo) era falsa, igual que su documento, y que de acuerdo a las pericias agregadas al expediente, ese documento se habría impreso en las oficinas del propio Fondo Residual.
“Se simuló el cumplimiento de requisitos formales. Hubo connivencia entre funcionarios y oferentes”, afirmó el fiscal.
Sin embargo, el titular del Ministerio Público evitó hablar de un perjuicio económico concreto para las arcas estatales (algo que se había discutido mucho en el juicio) y optó por referirse a un “perjuicio potencial”, derivado del “aumento del riesgo sobre las propiedades involucradas” y de la “alta litigiosidad” originada por el proceso, a raíz de las causas que siguen pendientes tanto en el ámbito penal como civil.
Y también mencionó el concepto de “daño político institucional”, producido por el mero “quebrantamiento de las normas y del estado de derecho”.
De hecho, a la hora de merituar las penas, Urquiza citó como agravante “la extensión del daño, por la cantidad de juicios y reclamos administrativos (derivados de la causa) mientras que valoró como atenuante la falta de condenas previas de todos los imputados, sin mencionar que varios de ellos cumplen actualmente una probation (o suspensión del juicio a prueba) que como tal no constituye un antecedente.
Fappiano fue quien introdujo la cuestión de los tratados internacionales contra la corrupción a los que adhirió Argentina, y mencionó la vulneración de los preceptos de “publicidad, equidad y eficiencia”, además de la violación del principio de “confianza en los funcionarios”.
Alegato de la querella
A su vez, el abogado Martín Muñoz, en representación del Fondo Residual (constituido como parte querellante) solicitó condenas de 4 años de prisión para los seis imputados, a los que consideró “penalmente responsables” del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Muñoz, quien alegó durante 21 minutos, definió a la adjudicación de créditos a favor de Glisud como “un procedimiento gravemente viciado”, pero a diferencia de la fiscalía cuestionó también que el Fondo Residual haya aceptado el pago de los créditos “con bonos que tenía un valor del 20% del nominal y que permitieron comprar los créditos “más valiosos”.
El letrado objetó que esos bonos, que la “ley permitía para los deudores, hayan sido usados por terceros”, y explicó que el Fondo podría haber aceptado la oferta en efectivo y podría haber salido a comprar “el triple de bonos que recibió”.
Según Muñoz, la “maniobra impidió cobrarles a los deudores”, ya sea a través de las hipotecas como de refinanciaciones o acuerdos económicos.
Los alegatos del juicio continuarán hoy a las 9.30 con las exposiciones de los cuatro abogados defensores, tras lo cual faltará escuchar las últimas palabras de los acusados antes de que el tribunal se retire a deliberar y emita un veredicto.
