l matrimonio de Ushuaia compuesto por Silvia Rajha y Gustavo Caballero, que integra la lista de beneficiarios del barrio ‘8 de Noviembre’ destinadas al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, reclama la intervención de las autoridades para avanzar en la entrega de su vivienda, ante un conflicto que mantienen con la dirigencia del Sindicato.
Silvia y Gustavo se encuentran en situación de calle desde el 1 de marzo; ya que según indicaron, ya no podían afrontar el pago del alquiler de la vivienda donde vivían dados los descuentos y el pago de obligaciones “que impuso el SOEM para la entrega de las viviendas, a través de la secretaria Sandra Esperón”, expuso Silvia.
Hasta el fin de semana pasado, vivían en una carpa que habían instalado en un espacio ubicado frente al predio otorgado al Sindicato, camino al Autódromo, aunque “a partir de la exposición mediática de esta situación, una familia nos brindó ayuda y nos prestó una cabaña, donde estamos viviendo ahora”, destacó.
En diálogo con EDFM, Silvia Rajha explicó que “las viviendas están terminadas desde marzo de 2016, hace dos años; pero no podían habilitarse todavía porque no tenían los servicios de agua, cloaca, gas y energía”. “Desde el SOEM dijeron en principio que las casas se entregarían en enero de 2017; después en marzo, y siempre estaban próximas a entregarse supuestamente –expuso-; por eso tuvimos que comprar zepelín, contratar seguridad para que cuiden las casas, artefactos, todo ‘urgente’ en forma arbitraria y bajo amenaza de que si no accedíamos y poníamos el dinero cuanto antes, nos iban a sacar de la lista de beneficiarios”, sostuvo la mujer.
Desde entonces, “los pagos fueron coaccionados; fuimos firmando las actas pero bajo amenaza”, aclaró Rajha. “6500 pesos para el zepelín, 1300 pesos de adelanto para las cámaras sépticas, 3000 contra entrega mediante descuento aunque no se terminó la obra; y muchos aportes más; llevamos más de 70 mil pesos en esto”, detalló, y remarcó que “la mayoría de los pagos se hicieron directamente mediante descuento de haberes de mi esposo, que es empleado municipal agremiado al SOEM”, dijo.
Posteriormente, alrededor del mes de octubre pasado, “arbitrariamente el SOEM decidió quién haría el trabajo del tendido de red de agua y cloacas; y nos dijeron que cada uno tenía que hacer un pago de 20 mil pesos o dos cuotas de 10 mil, por descuento de haberes”, expuso Rajha. “No accedimos a eso porque ya no podíamos afrontar más descuentos; ya no nos alcanzaba para el alquiler que estábamos pagando ni para el alimento de nuestros hijos”, indicó.
También dijo que durante una reunión en la que participó Sandra Esperón, junto a otros integrantes del SOEM, “les dijo a los preadjudicatarios que por culpa de Caballero, que no tenía ganas de firmar, se iban a quedar todos sin la obra y sin casa”, y agregó que el hombre fue amenazado, por lo que finalmente accedió al descuento de haberes, aunque “él avisó que íbamos a armar una carpa, porque ya no podíamos pagar el alquiler”, sostuvo.
Deudas, amenazas e intervención judicial
Según indicó la mujer, junto a su marido “empezamos a acumular deudas con las tarjetas de crédito, el alquiler, los créditos que habíamos sacado para poder comprar los artefactos que nos fue pidiendo el SOEM ‘urgente’, siempre pensando que ya nos mudábamos”, y fue entonces que decidieron armar la carpa en el predio ubicado frente al espacio destinado al barrio de los trabajadores municipales.
La familia está compuesta por el matrimonio y sus cuatro hijos de 25, 19, 14 y 9 años; aunque sólo Silvia y Gustavo vivieron en la carpa. La mayor trabaja y vive en un monoambiente, donde recibió a su hermano menor; mientras que la hija de 19 estudia en Corrientes y el niño de 14 permaneció al cuidado de una familia amiga.
“No expusimos a nuestros hijos a vivir así; pedimos ayuda en la Justicia y se pidió una inspección para saber en qué estado estaban las viviendas y qué faltaba para que pudiéramos ingresar”, explicó Rajha. Sin embargo, “el informe dio negativo, porque Sandra Esperón mandó a romper la conexión de cloaca que ya teníamos hecha; hicimos la exposición policial y también por amenazas”, denunció la mujer.
El matrimonio logró acceder a la vivienda que les corresponde dentro del barrio 9 de Noviembre, para dejar sus pertenencias y muebles “con autorización del Municipio, cuando tuvimos que dejar el alquiler”, señaló Rajha, y también valoró “la ayuda que nos brindaron en enero, con un instrumento extraordinario, otorgando un adelanto de sueldo de mi marido, que nos sirvió para pagar algunas deudas”, destacó.
Sin embargo, “no sabemos cuándo Sandra Esperón va a soltar las viviendas; hasta cuándo le serán útiles para su beneficio personal”, analizó la mujer. Rajha atribuyó la situación a “la especulación que hace esta dirigente sindical, que fue posponiendo la fecha de entrega y ahora supimos que será alrededor de mayo –cuestionó-; todo me lleva a pensar que en junio hay elecciones en el SOEM y las viviendas se usarán para conseguir votos en beneficio de que esta mujer vuelva a estar al frente del Sindicato”, dijo.
La situación expuesta por el matrimonio también se encuentra en la Justicia, con las actuaciones a cargo de su abogado patrocinante, Jorge Giménez. El letrado presentó una medida de No Innovar, para que el listado de 54 beneficiarios a las viviendas del SOEM los contemple y no sean eliminados por el Sindicato.
Concejales pedirán mayor información al Ejecutivo
La familia Caballero expuso ayer ante los concejales de Ushuaia la situación que atraviesan y las diferencias que mantienen con la secretaria sindical del SOEM, Sandra Esperón, y solicitaron su intervención.
“Lo que necesitamos es que el acompañamiento para que el Ejecutivo interceda y nos de una respuesta, necesitamos poder ingresar a nuestra casa cuanto antes, estamos es una situación muy complicada y es evidente que con esta gente –en referencia a la dirigencia del Sindicato- no vamos a poder lograr nada”, dijo Silvia Rajha en reunión con los ediles; quienes adelantaron que pedirán mayor información al Municipio.
