Lo adjudican a las nuevas normas previsionales

La jubilación de jueces y funcionarios judiciales ya es motivo de preocupación en la Justicia

Hace dos semanas se jubilaron ambos jueces de Familia y Minoridad de Río Grande. Ahora se conoció la jubilación del camarista penal Walter Tabarez Guerrero y de la camarista Civil Josefa Martín. También se jubiló el Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, uno de los pilares de ese Ministerio.
29/03/2018
L

a lista de jueces y funcionarios judiciales que cesaron en sus cargos por jubilación, o que lo harán en las próximas semanas, continúa incrementándose cada día y ya amenaza con generar problemas de funcionamiento en la estructura del Poder Judicial.
En la mayoría de los casos, fuentes judiciales señalan a la vigencia del nuevo sistema jubilatorio (modificado por última vez en diciembre del año pasado) como la causante de que se hayan acelerado los pases a la clase pasiva de los magistrados.
En el caso de los jueces, hace dos semanas se conoció la jubilación simultánea de los titulares de los dos únicos juzgados de Familia y Minoridad de la ciudad de Río Grande, Susana del Valle García y Pablo Duarte de Gouvea. Esta situación resulta particularmente sensible porque deja sin jueces naturales a un fuero con múltiples causas de violencia intrafamiliar o en las que hay involucrados menores.
Por otra parte, también se conoció en las últimas horas la jubilación del juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia, Walter Tabarez Guerrero y la de la jueza de la Sala Civil de la misma Cámara, Josefa Martín, quien ya presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de su trámite jubilatorio.
A ello hay que sumarle la jubilación del Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, quien era uno de los pilares del Ministerio Público por haber ingresado a la Justicia cuando se conformó el Poder Judicial provincial en 1994, y que ya no se encuentra en funciones.
Las mismas fuentes precisaron que a esa lista hay que sumarle “otros funcionarios” de menor jerarquía, tanto en Ushuaia como en Río Grande.
Según explicaron, el detonante de varios de los alejamientos es el contenido de la ley provincial 1210, sancionada el 15 de diciembre pasado, que obligó a quienes tenían los trámites de jubilación iniciados a presentar la renuncia al cargo, condicionada al otorgamiento del beneficio, después de los 60 días de la entrada en vigencia de la norma, lo que ocurrió hace 48 horas. En caso de no hacerlo, el trámite previsional se consideraba “desestimado” y al volver a iniciarlo ya se daba por vigente el nuevo régimen previsional que resulta más desfavorable para los estatales.

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