ste día, los obreros de la Barraca Amberense de Río Gallegos comunican “al capataz Julio Thevenon que no iban a continuar su trabajo si no se despedía al segundo capataz Ubaldo Pérez, que castigaba corporalmente a los peoncitos menores de edad” (Osvaldo Bayer. La Patagonia Rebelde)
Al tomar conocimiento del conflicto en esa barraca, la Federación Obrera de Río Gallegos dispuso organizar un paro general, tres días después. Los dirigentes “fueron tres asturianos: “Antonio Mayo Priege, de 36 años, carpintero, casado; José Mayo Priege, de 35 años, peón, casado, tres hijos; y Valeriano Fernández”, de quien se desconocen datos de filiación y ocupación.
Esta exigencia de los hermanos Mayo y de Fernández no fue aceptada por la patronal argumentando la mantención del principio de autoridad de la jerarquía empresaria.
Los trabajadores reaccionaron solidariamente y se sumaron a la paralización de las actividades en la Barraca Amberense. Medio centenar de estibadores se concentró en la playa, cruzándose de brazos, exigiendo el fin del maltrato a los menores de edad, “dirigidos por Antonio Fernández, Francisco Sande y José Lagos”.
De inmediato, los empresarios llamaron a la intervención policíal. Se presentó un grupo de uniformados para “resguardar el orden”, disolvió la manifestación y metió “entre rejas al cabecilla más calenturiento de todos, José Mayo”, quien fue incomunicado y procesado en aplicación de la denominada “Ley Social”, acusado de predicar ideas “disolventes” y “antiargentinas”.
Finalmente, el “fiscal Menoud –cuyo nombre debe quedar para la historia de la justicia patagónica- ordenó su sobreseimiento y liberación “por no haber usado la violencia”, pero Mayo perdió su empleo (op.cit.).
La intervención policial hizo fracasar uno de los primeros intentos huelguísticos de la Patagonia, pero más adelante las huelgas se multiplicaron y el clima de violencia se agudizó notablemente.
El trabajo infantil era muy común en la época, al no existir una ley que lo prohibiera o que estableciera límites, con una reglamentación protectora de niños y adolescentes que trabajaban. El propio frigorífico Swift de Río Gallegos tenía entre su personal a menores de edad. El castigo corporal también era algo habitual por parte de encargados y capataces que no tenían tolerancia ante distracciones y faltas cometidas por los jóvenes.
