a causa federal contra nueve petroleras británicas y estadounidenses por la presunta exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas, iniciada en abril 2015 por el propio gobierno argentino, se encuentra “paralizada” y “sin ninguna actuación relevante”, confirmaron ayer fuentes judiciales a EDFM.
El caso que se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande y que motivó en su momento la presencia del ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Carlos Gonella, tuvo como última novedad un pedido de la Cancillería argentina a la Justicia para modificar los exhortos internacionales que deben cursarse para concretar una serie de embargos dispuestos meses después de la denuncia original.
“Desde entonces pasaron varios meses más y el expediente sigue sin moverse. En términos generales no se mueve desde la asunción del actual gobierno nacional que lleva adelante una política exterior opuesta al anterior”, confiaron las fuentes consultadas por este medio.
En parte, la demora en el trámite de la causa se explica por la acefalía del Juzgado Federal riograndense, lo que obliga al titular del Juzgado Federal de Ushuaia, Federico Calvete, a hacerse cargo de ambas dependencias.
Sin embargo, las fuentes reafirmaron que ello “no alcanza” para justificar “tamaña inacción” que “se apoya también en la falta de presentaciones del denunciante, es decir, el propio gobierno nacional”.
Esta ausencia de avances en la investigación también hay que leerla en contexto: la compañía británica Rockhopper Exploration PLC, una de las denunciadas, anunció ayer que este año tendrá condiciones para asegurar el financiamiento que le permitirá pasar a fase de desarrollo en el yacimiento off shore Sea Lion, en la cuenca petrolífera situada en el océano Atlántico Sur, al norte de las Islas Malvinas.
El ejecutivo de Rockhopper explicó durante la reunión general anual de la compañía en Londres, que "está cerca de completarse" la selección de los contratistas principales para el proyecto, y la finalización de las cartas de intención para sustentar los acuerdos contractuales y la provisión de fondos de proveedores por US$ 400 millones.
Una por una
Justamente el objeto de la denuncia, de 25 páginas de extensión, era evitar que ese tipo de operaciones se llevaran a cabo, basado en que las petroleras desarrollan “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico (…) sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
Ese accionar contraviene “los derechos soberanos y exclusivos de exploración y explotación de la República Argentina sobre su plataforma continental, al mismo tiempo que producen una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”, sostenía la presentación realizada por el ex ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional, Héctor Timerman, y por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y que por razones de jurisdicción debe tramitarse en el juzgado fueguino.
La causa menciona como empresas “involucradas directas” a Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc).
También se precisó el nombre de otras cuatro sociedades que “en forma directa o indirecta” habrían efectuado aportes para consumar la maniobra que se denuncia: Pretoleum Geo-Services (PGS) que habría provisto sus buques PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer” para realizar “tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos”.
También se denunció a la compañía Desire Petroleum p.l.c que habría “suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL” y a Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, “el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales”.
En última instancia, la denuncia individualizó a la firma Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, “con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino”.
La imputación contra las petroleras no se limitó a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sino que también incluyó posibles acciones de contaminación del ambiente, y hasta la posible comisión de contrabando por “importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país”.
El escrito judicial agregó un detalle pormenorizado de las actividades que habrían llevado a cabo cada una de las empresas en torno a la zona de Malvinas, y también de la forma en que se habrían vinculado entre sí a través de contratos y subcontratos de servicios.
Después de la denuncia, los fiscales pidieron una “batería” de medidas probatorias tendientes a individualizar y luego indagar a los responsables de las petroleras cuestionadas, y también le solicitaron a la Justicia que mediante el dictado de medidas cautelares haga cesar los efectos del delito, impidiendo que las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas se sigan llevando a cabo.
Meses más tarde, la ex jueza Federal Lilian Herráez ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de las firmas, y dispuso el secuestro de buques y bienes de las petroleras.
Luego sobrevino el pedido de la Cancillería para modificar los exhortos y desde entonces la causa se paralizó.
