l Consejo de la Magistratura de la provincia anunció ayer que solo recibió información parcial por parte del Ministerio Público sobre el expediente judicial donde se cuestiona el desenvolvimiento del fiscal Nicolás Arias, apartado de un caso de abuso sexual luego de solicitar para el imputado una condena mínima excarcelable con argumentos catalogados de “polémicos”.
Arias requirió la “omisión del debate” y tres años de prisión para el empresario Héctor Darío Weiss, quien luego de que ese pedido fuera desestimado, recibió una condena de ocho años de cárcel por el abuso de dos niñas de 8 y 14 años.
El fiscal había justificado el pedido en que Weiss “no tiene el secundario completo” y es “único sostén de familia”.
A raíz de ello, el Consejo de la Magistratura intervino de oficio, y en la sesión del pasado 16 de mayo dispuso que se solicitara una copia íntegra de la causa y una serie de información al titular del Ministerio Público, Oscar Fappiano.
Ya en aquella sesión, Fappiano había remitido copia de una actuación sumaria pero los consejeros habían evaluado que la información resultaba insuficiente.
Entonces requirieron más datos, como por ejemplo cuántas veces se solicitó la figura de “omisión de debate” en casos de abuso sexual durante los últimos 10 años, y en cuántos se utilizó como atenuante la falta de estudios secundarios.
El Consejo volvió a sesionar ayer a la mañana y trató en cuarto término la situación del fiscal Arias. Allí fue cuando la presidenta del organismo y jueza del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, informó que (otra vez) “se recibió parcialmente la documental solicitada al titular del Ministerio Público”.
Los consejeros decidieron aguardar a la próxima sesión del organismo, el próximo miércoles 13 de junio, aunque agregaron a la solicitud al fiscal Fappiano, un nuevo requerimiento propuesto por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.
En concreto, se le pidió al titular Ministerio Público que informe “si cuenta con instrucciones generales o protocolos de actuación que deban aplicar los miembros de ese ministerio en delitos de esa naturaleza” (abuso sexual sobre menores).
Otros temas
La sesión de ayer del Consejo duró apenas treinta minutos y contó con la presencia de cuatro de los siete miembros del organismo. Estuvieron Battaini, Martínez de Sucre, el legislador Pablo Blanco y el ministro jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz. En tanto no asistieron los abogados Oscar Suárez y Miguel Ángel Castro, y el legislador Federico Bilota.
Los consejeros participantes prestaron el acuerdo para la designación de Manuela Palacios Murphy para el cargo de secretaria del Juzgado de Ejecución de Ushuaia.
Además, se habilitó el feriado provincial del próximo viernes 1 de junio como fecha límite para los interesados en participar del concurso para el cargo de juez en lo Civil y Comercial de Ushuaia, juez de Ejecución de Río Grande y juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande.
En el concurso para juez de instrucción de Ushuaia se subsanó un error y se inscribió entre los concursantes a Javier Osvaldo Abraham Barría Velásquez, mientras que en el llamado para elegir dos jueces para los Juzgados de Familia y Minoridad de Río Grande, se admitieron a 16 postulantes.
La lista es la siguiente: “Bozzi, Pablo Hernán; Gasalla, Sebastián Pablo; González Cárcamo, Fernando Damián; Fripp María Alejandra; Barría Velásquez, Javier Osvaldo Abraham; Taboada, Natalia Susana; Jure, Diego Rafael; Allocati, Julia Beatriz; Zambrano, Omar Alberto; Perlo, Elsa Gladis; Montero, Marina Paola; Sánchez Santos, Ana Laura; Castillo, María Cristina; Fodor, Sandra; Coetzee Astiz, Adriana Alicia y Montiquín Jordá, María Monserrat”.
Sobre esta nómina se resolvió la confección y posterior publicación de los edictos con los datos de los candidatos, y la realización de los exámenes psicofísicos.
La presidenta Battaini también informó en la víspera que se postergará el tratamiento de la denuncia presentada por la empresa Lenga Patagonia contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano. Ello porque el Consejo solicitó copia de las actuaciones a los juzgados de Primera Instancia y éstos informaron que los expedientes se encuentran radicados en la Cámara de Apelaciones de la provincia.
