Rebelión de los inquilinos en las cabañas de Lázaro Báez en Tolhuin
El empresario detenido en Buenos Aires por causas de corrupción

Rebelión de los inquilinos en las cabañas de Lázaro Báez en Tolhuin

El administrador del complejo está siendo investigado por una presunta estafa contra el propio Báez. Desde entonces se acumularon deudas por servicios impagos y la empresa Camuzzi interrumpió el suministro de gas. Los inquilinos pidieron una reunión con algún representante de Badial SA, la firma del empresario dueña del lugar. Y se presentó un abogado de Río Grande, Fernando Lapadula, que además es defensor del administrador de las cabañas en la causa penal donde lo investigan por defraudar a Badial.
18/06/2018
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os inquilinos de las cabañas del empresario Lázaro Báez en el municipio de Tolhuin se rebelaron en las últimas jornadas contra el corte de servicios en las instalaciones del complejo, y exigieron una reunión con un representante directo del santacruceño que sigue detenido por causas de corrupción.
El problema deriva de la investigación judicial que lleva adelante la Justicia de Río Grande contra el cuidador de las cabañas ubicadas en el camino que comunica el pueblo con el Lago Fagnano, antes atribuidas al ex gobernador fueguino Carlos Manfredotti.
A instancias del juez Federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, el juez de instrucción riograndense Daniel Césari Hernández inició una causa contra Rubén Siles, de 44 años, por una presunta defraudación contra el propio Báez.
El cuidador está acusado de haberse quedado unilateralmente con la administración del complejo, lo que incluye el cobro de alquileres y el pago de sueldos y servicios.
Desde entonces, comenzaron a acumularse “deudas impagas por los servicios de luz, agua y gas”, hasta que finalmente “la empresa Camuzzi directamente cortó la prestación de gas en varias de las cabañas”, contó a EDFM una fuente ligada al caso.
La situación hizo eclosión y los inquilinos comenzaron a organizarse y exigieron un encuentro con un representante directo de Badial SA, la constructora de Báez que figura como titular de la propiedad.
Quien se presentó como cara visible de la empresa fue el abogado de Río Grande Fernando Lapadula, que en declaraciones a Radio Fueguina explicó su versión de lo sucedido.
“El problema que se suscitó es por falta de gas a raíz de una cuestión administrativa con la empresa Camuzzi. Mientras se solucionaba el inconveniente, Badial trasladó a los inquilinos a otras cabañas donde se pagaba por día, pensando que esto iba a demorar cuatro o cinco días, y resulta que el tema se extendió un mes, entonces el costo ya no se podía afrontar”, contó el letrado.
También detalló que la situación con Camuzzi estaba por solucionarse y que hasta se evaluó adquirir equipamiento de calefacción eléctrica y que el costo sea descontado de los alquileres.
Un dato llamativo es que Lapadula reconoció que no solo fue contratado por Badial SA para intervenir en este asunto, sino que además asesora legalmente a Siles en la causa donde está acusado de estafar a Badial.
“A mí me contrató Badial hace unos meses como abogado en la provincia para hacer un desalojo. Como cualquier abogado evalué si lo podía hacer, le pasé mis honorarios, y comencé una acción de desalojo de una vivienda. Posteriormente surgió este tema (de las cabañas)”, relató al periodista Oscar D´agostino.
Luego, al referirse a la causa contra Siles, sostuvo que “se va a solucionar y aclarar en breve. Ocurre que cuando se hizo el allanamiento de las cabañas (en octubre del año pasado) en uno de los interrogatorios de rigor, a él le preguntaron y contestó que las cabañas estaban alquiladas y que cobraba los alquileres. Sin dar demasiadas explicaciones porque ni sabía las repercusiones que eso iba a tener. Pasó que el juez de Buenos Aires interpretó esa frase como que se estaba quedando con los alquileres y por eso mandó un oficio denunciando una posible estafa en perjuicio de Badial SA o de su titular Lázaro Báez”.
Según Lapadula, “yo hablé con los apoderados de Badial y confirmé que Siles tiene un contrato de mandado por el cual administra la propiedad, cobra los alquileres, que son 22 mil pesos mensuales, usa parte de ese dinero para el mantenimiento del lugar y el resto lo deposita en una cuenta de Badial”.
“Nos presentamos en el expediente. Siles está a derecho y cuando junte toda la documentación se va a presentar con la rendición de cuentas y con el contrato de mandato donde figuran las instrucciones de la empresa acerca de cómo administrar el complejo. Con ello se aclarará todo y no tengo la menor duda de que se va a archivar la causa”, dijo quien ahora defiende al acusado de estafar a la empresa y a su vez representa a la empresa en el diferendo con los inquilinos.
El letrado recordó que el complejo de cabañas se adquirió y remodeló con fines turísticos, pero ante la detención de Báez, y los embargos sobre sus bienes, se decidió alquilarlo por mes para que las construcciones no fueran usurpadas y poder mantener el predio.

De Zárate a Siles

En la causa contra Siles, el juez Césari Hernández ordenó el mes pasado una constatación del complejo en la que efectivos policiales identificaron a los inquilinos y verificó si estas personas contaban con algún contrato de alquiler u otros instrumentos que acreditaran el derecho a habitar las cabañas. También se tomaron vistas fotográficas y se confeccionó un croquis del lugar.
Siles, empleado municipal de Tolhuin, quedó inmerso en un accionar sospechoso cuando el juez Casanello dispuso un allanamiento sobre las cabañas en octubre de 2017.
En ese entonces, cuando una comitiva de la Policía Federal se presentó en el complejo, el cuidador explicó que el lugar había sido administrado hasta 2015 por Alfredo Benjamín Zárate, individualizado como el testaferro de Lázaro Báez en la provincia, y que Zárate lo había contratado para realizar “remodelaciones y tareas de mantenimiento”.
También dijo que como el hombre de confianza de Báez dejó de ir a Tolhuin y quedó adeudándole dinero por su trabajo, resolvió convertirse en el administrador de la propiedad.

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