La pareja de Arana también fue empleada de ATE y toma protagonismo en la investigación
Causa por el escándalo de las viviendas futuras

La pareja de Arana también fue empleada de ATE y toma protagonismo en la investigación

Miguel Arana es uno de los dos directivos del gremio estatal denunciados por la presunta venta de viviendas sociales construidas por el IPV, a personas ajenas al sindicato. Ayer se confirmó que su pareja, Gisela Escobar, también trabajó en ATE. La mujer es la misma que tiene una firma dedicada al alquiler de maquinaria vial cuyos equipos fueron secuestrados por orden de la Justicia, y que podría ser investigada por lavado de dinero.
06/07/2018
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a pareja de Miguel Arana, el directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) involucrado en el escándalo de las viviendas futuras, también fue empleada del sindicato estatal, y su nombre comienza a tener un papel preponderante en la investigación que lleva adelante la Justicia.
El dato de que Gisela Edith Escobar trabajó en ATE mientras Arana, a su vez, presidía la comisión de viviendas del gremio, fue confirmado ayer por el propio abogado de la entidad sindical en el caso, Jorge Pintos.
“Hubo un período en que la mujer de Arana estaba como empleada administrativa en el gremio. Por lo tanto, eso le permitía a Arana enviar notas al sindicato informando de algo, y él mismo informaba como notificándose de la información”, explicó el letrado en declaraciones a Radio Nacional, revelando de esta manera que la mujer podría haber cumplido un rol en la maniobra supuestamente ilícita que se investiga.
“Le aconsejé a personal del gremio que hiciera hincapié en esta circunstancia (el desenvolvimiento de Escobar como empleada) por si la Justicia no está al tanto de esto”, agregó Pintos.
Hasta el momento la Justicia investiga la operatoria por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.
El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.
Sin embargo, se sospecha que directivos del gremio se “reservaron” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.
Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.
El caso se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, señalando como supuestos responsables del fraude a dos directivos del gremio, (Arana y Daniel Belbey) que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.
Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin, debieron hospitalizarlo, estuvo en coma varios días y hace poco fue dado de alta.
En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

De empleada a empresaria

Cuando el caso de las viviendas futuras comenzó a ser investigado, la figura de Gisela Escobar empezó de a poco a tomar preponderancia por una serie de factores.
En relación a su trabajo en ATE (confirmado en la víspera por el abogado Pintos) registros oficiales a los que accedió este medio revelan que la pareja de Arana se desempeñó en el gremio, en relación de dependencia, entre agosto de 2015 y marzo de 2017.
Además, la mujer de 36 años está inscripta como trabajadora “autónoma” desde marzo de 2017 (es decir, desde que no trabaja para ATE) en la categoría “transporte y almacenamiento”, rubro que tiene como actividad secundaria al “alquiler de maquinaria y equipos”.
De hecho, una firma de nombre “GIMI” de “Gisela Edith Escobar” figura como proveedora de distintos organismos públicos, entre ellos el Municipio de Ushuaia. GIMI podría ser el acrónimo de “Gisela” y “Miguel” Arana.
El juez de instrucción Javier de Gamas Soler, que investiga el escándalo de las viviendas futuras, ya secuestró las máquinas atribuidas a esta firma y su entorno. Se trata de “un camión marca Ford, modelo Cargo con caja volcadora, un cuatriciclo de 50 cc, un cuatriciclo Suzuki, un automotor marca Toyota, modelo Corolla, tres retro excavadoras marca Jhon Deere modelo 310 SJ 4X4, una retro excavadora marca Liugong modelo CLG766, una retro excavadora marca Liulong modelo CLG765 y una retro excavadora 310 SJ)”.
Los equipos, que fueron luego cedidos al Gobierno de la provincia en calidad de “depositario judicial”, tienen un alto valor económico que la investigación intenta relacionar con la operatoria de las viviendas.
En ese con texto, tal como anticipó el propio Pintos, el fiscal podría ampliar el requerimiento de instrucción y pedir que se investigue un presunto “lavado de dinero”, ya que la titular de GIMI no podría explicar el origen de los recursos con que adquirió las máquinas.
De todos modos, fuentes judiciales señalaron EDFM que hasta el momento esa posibilidad no fue impulsada por la Fiscalía, si bien no se descarta que ello ocurra en los próximos días.
Con todo, el rol de Escobar en los hechos sometidos a análisis judicial comienza a ser cada vez más preponderante.
Por otra parte, como también viene informando este medio, la Justicia avanza sobre la participación de una inmobiliaria que habría ofrecido las “viviendas futuras” a algunos de sus clientes, y cuyo rol específico en la maniobra todavía no está definido.
Asimismo, los investigadores no creen que la cadena de responsabilidades se cierre únicamente en los dos directivos de ATE denunciados, y tal vez ello explique por qué el juez todavía no aceptó al gremio como parte querellante en el caso.

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