i el representante de los abogados de Río Grande en el Consejo de la Magistratura, Miguel Ángel Castro, formula la acusación que votó el organismo en su última sesión, el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias se convertirá en el primer integrante de ese Ministerio Público en ser sometido a un jury de enjuiciamiento en la historia de la provincia.
Es que desde la sanción de la Constitución de Tierra del Fuego en 1991, y la puesta en marcha del Poder Judicial provincial el 3 de octubre de 1994, solo se realizaron dos procesos de destitución de magistrados, y ambos correspondieron a jueces de primera instancia: el juez del Juzgado de Familia y Minoridad de Río Grande, José Raúl Velazco, y el juez Electoral y de Registro de la provincia, Horacio Maffei.
En los dos casos, los jurys finalizaron con la destitución de los involucrados: Velazco el 30 de mayo de 1996, y Maffei el 13 de octubre de 2010, 14 años después.
De esta forma, el jury a Arias sería el tercero de la historia (8 años después del último realizado) y el primero contra un funcionario que no es juez.
El fiscal de la capital fueguina está acusado de haber suscripto un polémico dictamen en el que requirió la “omisión de debate” (es decir, que no se realizara el juicio oral y público) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión, al empresario de Ushuaia Héctor Darío “el gringo” Weiss, investigado y luego condenado a 8 años de cárcel por el abuso sexual de dos menores de edad.
El caso Arias generó una polémica nacional por el tenor de los argumentos que utilizó en su solicitud, como por ejemplo haber considerado atenuantes que Weiss no tenía estudios secundarios completos y era único sostén de familia.
Si bien el pedido fiscal quedó desechado (por la oposición manifestada por las partes querellantes) el accionar del funcionario judicial fue cuestionado por los legisladores y miembros del Consejo de la Magistratura Pablo Blanco (UCR-Cambiemos) y Federico Bilotta (Frente para la Victoria) quienes llevaron el tema al recinto.
A raíz de ello, el cuerpo votó en la sesión del organismo del pasado lunes 15 de julio por cuatro votos contra dos, girar las actuaciones al fiscal acusador para que comience el jury.
El caso Velazco
El primer jury de la historia provincial, realizado contra el entonces juez Velazco, involucró temas funcionales pero también una cuestión más personal.
En la acusación promovida el 15 de febrero de 1996, aparecían, primero, dos cuestionamientos a su desempeño funcional: el primero, haber “destruido un acta donde constaba la denuncia efectuada por el hermano de una menor (de edad) respecto de cierta inconducta de un defensor público, y no haber formulado la denuncia penal correspondiente". Y el segundo: “haber ordenado la falsificación de la firma de la secretaria del Juzgado en dos actuaciones". Según la denuncia, el juez le ordenó a la oficial primero del juzgado que se deje constancia del pase archivo de una causa (que estaba pendiente todavía) y que para ello se falsificara la firma de la secretaria, quien no estaba en el lugar por “cuestiones familiares”.
Además, la acusación incluye no haber remitido a la Justicia penal, una denuncia donde se informaba la presunta comisión de hechos ilícitos, y haber demorado un mes y seis días en declarar su incompetencia en el caso.
La denuncia abarcaba una supuesta maniobra con el cobro por el estacionamiento de vehículos en el Aeropuerto de Río Grande, cuyos importes debían ser girados por normativa vigente al Centro de Rehabilitación municipal para personas discapacitadas. La cuestión personal era que la directora de ese centro era la esposa del propio magistrado.
“El titular del Juzgado de Familia y Minoridad, luego de recibir dicha denuncia, haciendo caso omiso a que en el hecho existía un interés directo de su señora esposa, quien se desempeñaba como Directora del Centro de Rehabilitación Municipal, y aprovechando la circunstancia antes apuntada -eventual perjuicio a incapaces- inició ilegalmente una investigación (causa 665/95) colectando elementos de pruebas, con el objeto de detectar el movimiento y destino de esos fondos, cuando su deber era el de dar intervención al Juzgado de Instrucción competente sin dilaciones”, puede leerse en la acusación del jury.
Pese a su destitución, Velazco siguió ejerciendo como abogado de casos de familia en la ciudad de Río Grande, donde actualmente sigue viviendo, confiaron a este medio periodistas riograndenses.
El caso Maffei
Por su parte Maffei fue destituido en 2010 por los cargos de “inhabilidad moral sobreviniente” y “mala conducta”, a raíz de la investigación que lo vinculó con la ocupación irregular de un predio fiscal en la zona de Almanza. Es decir que el jury no involucró su desempeño funcional.
“La inhabilidad moral sobreviniente es en función de la imputación, que consiste en haber ocupado irregularmente un predio fiscal y haberla sostenido hasta la fecha, lo que resulta incompatible con su función en la magistratura. Y esto fue agravado porque pretendía obtener un rédito económico con la comercialización que esperaba hacer en ese predio”, declaró entonces el fiscal acusador del proceso, que fue el ex ministro de Gobierno Guillermo Aramburu.
La sentencia del jury fue suscripta por el Fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre, los abogados Carlos Andino y Clemente Vidal Oliver, los legisladores Ricardo Furlan y Mónica Urquiza y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume.
El primero en fundamentar su voto en la sentencia del jury que se inició por la denuncia del dirigente Adrián De Antueno, fue Martínez de Sucre.
El Fiscal de Estado opinó que Maffei “ha dado palmaria muestra de una conducta indecorosa, absolutamente reprochable, que no sirve como ejemplo siquiera para sus empleados”, y consideró que su conducta genera “desconfianza y el descrédito de la sociedad, que provocan un grave daño en la imagen del Poder Judicial de la Provincia”.
“Ha quedado claramente demostrada la mala conducta y falta de aptitud moral para cumplir la tarea encomendada, todo lo cual justifica una medida de la importancia que representa el disponer la destitución de un magistrado”, agrega el voto de Martínez de Sucre.
Por su parte el legislador Furlan evaluó que el juez “no ha observado con fidelidad, los principios y pautas éticas de probidad, rectitud y buena fe, lo que en definitiva hace que haya perdido su integridad moral y de espíritu para seguir llevando a cabo la elevada función que a los magistrados les encomiendan las disposiciones legales y constitucionales vigentes”.
“Ha tenido conocimiento, participación y beneficios personales de la ocupación irregular de un inmueble del Estado, en forma simultánea a la labor de los más diversos actores sociales tendiente a desterrar de nuestra idiosincrasia, la ilegal conducta de “usurpar”, expresó Furlan.
En tanto, para la legisladora Urquiza “el juez Maffei incursionó ilegítimamente en conductas disvaliosas con su investidura que han puesto en riesgo la credibilidad en la Justicia (…) Señalo ello, por cuanto no podrá obviarse que la ocupación irregular de tierras del Estado y su provecho, amen de ser ilegal, es materia de una alta sensibilidad social en nuestra Provincia que ha requerido en más de una oportunidad la intervención del propio Poder Judicial y de los demás poderes del Estado en pos de alcanzar una solución a tan particular y emblemática realidad”. Y agrega: “Lo antes manifestado, me indica establecer como máxima social, que si la ocupación y/o el uso y goce de tierras públicas de modo irregular de parte de cualquier anónimo ciudadano lo descalifica a este de por si frente a aquellos que se someten a las requisitorias legales y administrativas que impone el propio Estado (ya sea provincial o municipal) mas aun - se produce dicha descalificación - si quien comete dicha conducta es un juez quien además lo realiza, con fines especulativos y sin necesidad alguna”.
Más categórico aún, el juez Sagastume dijo que “se trata, en definitiva, de una falta gravísima en la conducta ejemplar que debe mantener un funcionario, en este caso, el Juez de Primera Instancia Electoral y de Registro”.
Maffei, en cambio, declaró que su destitución fue “una vergüenza” y la atribuyó a “una venganza”, a la vez que sospechó que en su lugar querían poner a “algún amigo del poder”.
“No hay nada que justifique toda la parafernalia de ese proceso que se llevó adelante que no tuvo nada de republicano ni de jurídico. Ha sido una venganza hacia mi persona seguramente por algunas decisiones que alguna vez he tomado y algunos intereses que pudieron verse afectados”, atacó el ex magistrado.
Maffei continúa viviendo actualmente en la provincia de Córdoba.
