l Juzgado Federal con competencia electoral de Tierra del Fuego no registra denuncias de aportes privados truchos para las campañas políticas de 2015 y 2017, como se investiga penalmente a nivel nacional, aunque varias de las fuerzas políticas que participaron de esas elecciones realizaron presentaciones incompletas o todavía hoy no tienen aprobadas las rendiciones de financiamiento estipuladas por ley, según corroboró ayer EDFM de fuentes oficiales.
Por ejemplo, la alianza Cambiemos entre la UCR y el PRO, que gobierna el país y que concentra la mayoría de los aportes truchos detectados a nivel país (sobre todo en la provincia de Buenos Aires) informó haber previsto $80 mil de “contribuciones y donaciones privadas” para las elecciones del 22 de octubre de 2017 en Tierra del Fuego, donde se eligieron dos diputados nacionales.
Sin embargo, esa fuerza no presentó todavía el informe final con el listado de aportantes ante la secretaría electoral y fue sancionada por ello, con la “suspensión cautelar de todos los aportes públicos” al partido (o en este caso alianza), precisaron las fuentes consultadas.
En relación a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) realizadas el 13 de agosto de ese mismo año, Cambiemos presentó la rendición pero “fuera de término” y allí figura que no recibió fondos privados para la campaña electoral.
Por su parte, en los comicios nacionales del 25 de octubre de 2015, en los que en Tierra del Fuego se eligieron diputados nacionales y miembros del Parlasur (además de votarse para elegir presidente y vice) Cambiemos tampoco presentó el informe de financiamiento de campaña según puede corroborarse en el sitio web de la secretaría electoral.
A su vez, el frente Tierra de Unión que aglutinó a cinco partidos políticos detrás de la figura de la actual gobernadora Rosana Bertone (el Partido Justicialista, Encuentro Popular, Partido Intransigente, Frente HACER por el Progreso Social y Frente Ambiente y Desarrollo) informó “contribuciones y donaciones privadas” por $25.903 en la campaña de octubre de 2017.
La rendición final aparece como “desaprobada” en la página web electoral, y la fuerza fue multada por ello.
En cuanto a las PASO de 2017, Tierra de Unión declaró aportes privados por $555 mil.
La presentación realizada “fuerza de término” ante las autoridades incluye 111 aportantes de $5000 cada uno, entre los que figuran la propia gobernadora Bertone y varios funcionarios de la actual gestión gubernamental.
En las elecciones nacionales de 2015, el Frente para la Victoria (por entonces constituido por siete partidos) declaró “contribuciones privadas” por $158.700 a través de ocho aportantes en la elección de diputados, de los que siete aportaron $20 mil y uno $18.700.
Mientras tanto, para la elección de miembros del Parlasur (realizada en la misma fecha) el FpV declaró aportes privados por $140 mil a través de siete aportantes de $20 mil cada uno.
En los comicios del año pasado (de diputados nacionales) también participó el Frente Ciudadano y Social constituido por cinco partidos políticos, entre ellos el Partido Humanista, el Partido de la Victoria, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Forja (que responde al intendente Gustavo Melella y el Partido Social Patagónico (cuya máxima referente es la ex gobernadora Fabiana Ríos.
Esa alianza que terminó catapultando a Martín Pérez como diputado nacional (ganó los comicios) declaró no haber recibido aportes privados para la campaña, ya que su presupuesto de $227.983 se compuso de aportes públicos y de aportes y transferencias de otros órganos o distritos.
De todos modos, la rendición figura como “desaprobada” en el sitio web electoral, lo que también dio lugar a sanciones, mientras que en las PASO de ese mismo año, no aparece ningún informe de financiamiento de campaña del Frente Cívico y Social.
Las sanciones
En cuanto a las sanciones a los partidos por este tipo de incumplimientos, la ley 26.215 establece que “Noventa días después de finalizada la elección, el tesorero y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes. Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de las alianzas electorales, debiendo poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria”.
A su vez, el artículo 67 de la misma norma fija que aquellas fuerzas que incumplan podrán ser multadas con el equivalente al 0,2%, por cada día de demora “del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente”, mientras que “transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior”.
