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l representante de los abogados de Río Grande en el Consejo de la Magistratura de la provincia, Miguel Ángel Castro, ya analiza la posible acusación que daría inicio a un jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, investigado por su polémico dictamen en una causa por abuso de menores donde fue condenado un empresario.
Castro, quien cumple el rol de fiscal acusador del Consejo, debe dictaminar si hay mérito o no para llevar a Arias a un enjuiciamiento público, luego de que el organismo resolvió por mayoría de votos (cuatro contra dos) el pasado 16 de julio, correrle vista de las actuaciones.
Los consejeros establecieron como fecha de la próxima sesión del cuerpo el próximo martes 7 de agosto a las 14, con lo que es posible que en el orden del día de ese encuentro se incluya la resolución del tema.
Según la ley 525 de jury de enjuiciamiento, “el fiscal acusador deberá formular la acusación por escrito, acompañar la prueba documental, y ofrecer los demás medios de prueba en el plazo de veinte días, contados a partir de la notificación formal de la decisión del Consejo” de correrle traslado.
Dependiendo de cuándo haya ocurrido esa notificación, y de cómo se contabilicen los días del plazo legal (teniendo en cuenta que en el medio estuvo la feria judicial de invierno) el abogado riogradense todavía tendría tiempo más allá de la próxima sesión para dar a conocer un pronunciamiento.
Lo cierto es que desde el momento de la acusación, y una vez notificada de ella el acusado, el proceso de jury comienza en términos formales, e incluso el funcionario involucrado contará con otros veinte días para realizar su descargo por escrito, “acompañando la prueba documental y ofreciendo la restante de que intente valerse”, señala normativa vigente.
Superadas las instancias de recusación de alguno de los consejeros, se establecerá la fecha de inicio del jury que tendrá carácter oral y público, agrega la ley 525.
Una circunstancia a tener en cuenta es qué sucederá con el fiscal Arias mientras se desarrolle el juicio. La norma menciona que una vez notificado de la acusación, el Consejo tendrá la facultad (es decir que no está obligado) de reunirse para tratar la posible suspensión provisoria del funcionario hasta tanto culmine la investigación. Por el momento, Arias sigue ejerciendo como fiscal en Ushuaia sin ningún tipo de limitación o condicionamiento.
Arias comenzó a ser investigado “de oficio” por el órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces, a partir de que se hizo pública su solicitud de “omisión de debate” (o sea que el juicio oral no se hiciera) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión para el empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, finalmente enjuiciado de todos modos y sentenciado a 8 años de cárcel, por el abuso sexual y estupro del que resultaron víctimas dos menores de edad.
Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weiss “no tenía completos los estudios secundarios” y que era “único sostén de familia”.
Ambas circunstancias fueron cuestionadas por las partes querellantes en la causa, ya que el empresario maneja concesionarias de autos y una distribuidora de alimentos (por lo que su nivel de instrucción no parece un impedimento) y además no es cierto que sea único sostén de familia ya que en su entorno hay parientes directos que se desenvuelven como profesionales, según argumentaron las querellas.

Dos posiciones

La presidenta del Consejo de la Magistratura (y jueza del Superior Tribunal) María del Carmen Battaini, suscribió un informe preliminar sobre el desenvolvimiento de Arias, en el que hizo notar que si bien no había tenido en cuenta normativas nacionales e internacionales específicas, el desempeño fiscal se había ajustado a las normas procesales, y que, en todo caso, su opinión había sido enderezada por el propio proceso, ya que al oponerse las partes querellantes, el juicio al empresario finalmente se hizo.
Battaini y el fiscal de Estado, Virginio Martínez de Sucre, impulsaron la remisión de las actuaciones al Superior Tribunal para la posible aplicación de sanciones administrativas, pero la mayoría del cuerpo se inclinó por la remisión del caso al fiscal y con ello, por la eventual realización de un jury que podría concluir con la destitución del funcionario.
Es que según la ley 525, “en la audiencia pública el Consejo dará lectura a la requisitoria del fiscal acusador y a la defensa del acusado, examinará la prueba ya agregada, producirá la restante ofrecida por las partes, examinará al acusado, testigos y peritos, y escuchará los alegatos”. Y por último, “el Consejo “resolverá absolver al funcionario o magistrado, destituirlo o remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en caso de entender que el magistrado o funcionario hubiere incurrido en una falta administrativa”.