a Fiscalía Federal de Ushuaia dictaminó ayer a favor de la presentación realizada por una trabajadora gastronómica de Ushuaia que cuestiona la aplicación, y pretende la declaración de inconstitucionalidad, del decreto del Gobierno nacional que recorta las asignaciones familiares en la región patagónica.
El dictamen suscripto por el fiscal Juan Soria consideró que el recurso de amparo presentado por Mariana Marianucci, avalado por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA), y por el propio Ejecutivo provincial, resulta “admisible”, a la vez que se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto, y por el dictado de la medida cautelar requerida también por la empleada.
Al analizar la admisibilidad del amparo, Soria valoró que “se verifica conforme al dictado del decreto cuestionado (Nº702/18) un menoscabo de la escala salarial y, por consiguiente se afecta la seguridad social de las personas que habitan esta zona con la disminución de sus ingresos sin un tratamiento y análisis legislativo que tome en cuenta un estado de emergencia en la materia”.
En esa línea, el fiscal agregó que el decreto se basa en la “adopción de un criterio uniforme” que soslaya la contemplación de los coeficientes zonales de una ley vigente (la Nº24714).
Es por eso que el dictamen admite una “contradicción con una norma de jerarquía superior”, y postula que “el orden jerárquico normativo de controla mediante el remedio que es la declaración de inconstitucionalidad”.
“La aplicación del decreto cuestionado con los parámetros establecidos traerá aparejado un deterioro de los derechos existentes en materia de la seguridad social, por lo que considero que la acción de amparo impetrada es admisible”, aseguró Soria en su pronunciamiento.
A su vez, al expedirse sobre la procedencia de la medida cautelar, el fiscal Federal mencionó que la quita dispuesta por el decreto del Gobierno Nacional “implica una disminución del salario que tiene carácter alimentario”, por lo que ingresa en el abanico de los sectores “socialmente vulnerables.
“Y dada la inminencia de la aplicación del decreto impugnado (el 1 de septiembre del corriente año) se verifica el peligro en la demora”, con lo que “corresponde acceder también a la medida cautelar”, sostuvo.
Al principio de su dictamen, Soria se pronunció por la competencia del Juzgado Federal de Ushuaia para intervenir en el caso, “en razón de la materia y por tratarse de puntos regidos por dos leyes de la Nación”. También por tratarse de un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional y porque la demandante tiene domicilio en la ciudad.
De este modo, la Fiscalía contestó el traslado que le realizó el Juzgado Federal el mismo día de la presentación del amparo.
Con ello, el juez Federico Calvete cuenta con una herramienta más para resolver el recurso y deberá decidir los pasos a seguir.
Para un solo caso
El abogado Marcelo Álvarez, patrocinante legal de Marianucci en el expediente, le explicó ayer a EDFM que el juez puede solicitar un descargo a la parte demandada, en este caso el Estado Nacional, antes de resolver el recurso de amparo, lo que podría demorar unos días la causa porque la notificación debería cursarse en Buenos Aires.
Sin embargo, Álvarez también reconoció que el magistrado podría decidir sin ese descargo el pedido de medida cautelar, al entender que se pone en juego la conculcación de un derecho por la aplicación inminente del decreto a partir de septiembre.
En cualquier caso, el juez está facultado para dictar la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada.
“En relación al alcance del fallo, siempre involucrará solamente a la persona que demanda. Esto ha ocurrido en situaciones anteriores como el corralito bancario. Cada damnificado tendría que hacer su propia demanda, aunque es cierto que una serie de medidas similares podrían derivar en que el Gobierno revea el decreto o lo derogue”, detalló el abogado de la empleada demandante.
Derechos vulnerados
La presentación de Marianucci fue realizada el martes ante el Juzgado Federal y en la demanda se menciona también al hijo de la mujer, destinatario final de la asignación familiar que el decreto nacional recorta.
La demandante fue acompañada por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón y por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino.
En los fundamentos de la acción, se argumenta que el decreto “iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia”.
La demanda indica que “el decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real. Un decreto que fue la vía elegida para consumar una violación de nuestros derechos”.
“Sentí vulnerados los derechos de mi hijo y no quise quedarme sin hacer nada”, expresó la mujer en el momento de la presentación.
